La mujer, Ana Margarita Martínez, obtuvo una sentencia favorable en 2001 cuando denunció que fue engañada por su marido, supuesto agente cubano infiltrado en grupos de extrema derecha de Miami, quien la abandonó para regresar a la Isla.
En el intento de cobrar la indemnización, sus abogados trataron de cobrar las tarifas que ocho compañías de vuelos chárter pagan a las compañías cubanas de turismo por el permiso de aterrizar en la isla.
Los charteadores de vuelos a Cuba pagan a Cuba un cobro rutinario por el derecho de aterrizaje en los aeropuertos de la isla. Martínez pretende que se lo paguen a ella, y no a Cuba. Si logra embargar ese dinero, es posible que se suspendan los vuelos. Algo que entorpecería enormemente la flexibilización de las reglas para que los cubano-estadounidenses visiten a sus familiares en Cuba.
Dar permiso a los ciudadanos norteamericanos nacidos en Cuba a que visitaran a su país de origen es el único gesto favorable en relación con la isla que hizo el Presidente Obama desde que asumió la presidencia en enero del año pasado. Si los vuelos se suspenden hasta que el litigio se resuelva, los viajes tendría que hacerse a través de terceros países y aumentaría el costo y la molestia para los viajeros.
Las compañías recurrieron a un tribunal federal y el miércoles por la noche el Departamento de Justicia presentó un escrito favorable a éstas. El juez federal Federico Moreno, quien aún no ha fallado en el caso, había solicitado la posición del gobierno.
La presentación del gobierno sostiene que Martínez no tiene derecho legal a cobrar esas tarifas y que las compañías de vuelo son cruciales para el objetivo estadounidense de facilitar los viajes de las familias, mejorar el flujo de información a través del estrecho de la Florida y promover el intercambio religioso, artístico y deportivo entre otros eventos.
"Los vuelos directos son vitales para mantener contactos que corresponden a los intereses nacionales", dijo en una declaración jurada el coordinador del Departamento de Estado para asuntos cubanos, Ricardo Zúñiga.
"Una perturbación del servicio aéreo charter autorizado perjudicaría gravemente la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba", agregó.
En un hecho insólito para la jurisprudencia internacional, Martínez ha cobrado unos 200 000 dólares de fondos cubanos congelados en Estados Unidos y reclama además la suma total de 27 millones.
(Con información de AP/ Cubadebate)