Las empresas son AshBritt, con sede en Florida, y DRC Group, de Alabama.
Ashbritt despertó la polémica debido a un contrato gubernamental de 900 millones de dólares obtenido luego del huracán Katrina. Los detractores afirman que Ashbritt resultó favorecida sobre otros contratistas locales, en parte por las donaciones que realizó a influyentes grupos de presión política.
(Con información de Democracy Now!)