Entrega, de sol a sol. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba incorporan un conjunto de medidas dirigidas a favorecer la recuperación de la agricultura, incrementar la producción de alimentos y crear mejores condiciones para quienes trabajan y desarrollan proyectos en el campo.
Durante la emisión de la Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, explicó los principales elementos de este proceso, su traducción en normas jurídicas y los mecanismos concebidos para facilitar el acceso a la tierra, fortalecer las cooperativas, ampliar las posibilidades de comercialización y garantizar insumos y financiamiento.
El ministro señaló que el eje temático relacionado con la recuperación agrícola mantiene vínculos con al menos 162 transformaciones, debido a que la agricultura tiene relaciones prácticamente con todos los procesos económicos que se implementan en el país.
La producción agropecuaria, afirmó, necesita recuperarse y transformarse para incrementar sus resultados. Para ello, ya se cuenta con un conjunto de normas jurídicas que permiten avanzar de las decisiones adoptadas a su implementación concreta.
Explicó que estas normas fueron trabajadas durante varios años y con participación cercana de los productores, buscando información y criterios que permitieran alcanzar mayor claridad y seguridad jurídica.
El proceso integra varios componentes que, según el ministro, deben funcionar de manera articulada: la gestión y el uso de la tierra, los productores y el capital humano, las cooperativas, la comercialización, el mercado de insumos y el financiamiento.
La gestión y el uso de la tierra constituyen uno de los puntos centrales de las transformaciones. Pérez Brito reconoció que una parte importante de este recurso se encuentra actualmente ociosa o deficientemente explotada.
Entre las dificultades que inciden en esta situación mencionó el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético, la migración del campo hacia las ciudades y el envejecimiento de la población rural.
Frente a este escenario, las nuevas normas buscan facilitar la incorporación de más personas naturales y jurídicas a la producción agropecuaria y crear condiciones para que la tierra pueda aprovecharse con mayor eficiencia.
En este sentido, ocupa un lugar fundamental la Ley 185, Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y su reglamento, el Decreto 175. El ministro explicó que se trata de una norma integral que actualiza y flexibiliza disposiciones anteriores y establece un marco destinado a ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir y producir en el campo.
La legislación contempla el otorgamiento gratuito del derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas, ampliando las posibilidades de acceso a la tierra.
¿Quiénes pueden acceder a la tierra?
El campesinado cubano. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Uno de los cambios señalados es la ampliación de los actores que pueden solicitar tierras para desarrollar proyectos productivos.
Entre ellos figuran los campesinos y usufructuarios, sus familias vinculadas a la producción agropecuaria, forestal, tabacalera y acuícola; las cooperativas; las empresas estatales; los proyectos de desarrollo local; las pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas; los polos productivos agropecuarios y forestales; las modalidades de inversión extranjera y otras personas naturales o jurídicas relacionadas con la producción de alimentos.
El ministro destacó que también se contemplan posibilidades para el autoconsumo de empresas estatales y para cubanos residentes en el exterior que cumplan las condiciones establecidas.
La ampliación de las áreas no queda limitada a una superficie determinada cuando el proyecto requiera mayor extensión, según explicó, sino que puede crecer en correspondencia con la propuesta productiva.
La propiedad estatal de la tierra se mantiene. El ministro precisó que aproximadamente el 80 % de las tierras son propiedad estatal socialista, mientras que las empresas estatales que las administran pueden otorgar derechos de usufructo para que sean explotadas por otros actores.
También las cooperativas pueden entregar tierras sin perder su patrimonio, bajo las condiciones previstas en la legislación.
“La tierra es propiedad de nuestro pueblo. Por tanto tenemos que lograr producir”, puntualizó.
Menos trabas y mayor rapidez en los trámites
Campesino cubano. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Uno de los objetivos señalados es reducir la burocracia asociada a la entrega y puesta en explotación de las tierras.
La normativa establece que puede concederse una administración provisional en menos de diez días, mediante una resolución del director de una empresa, aprobada por su consejo de dirección, o del presidente de una cooperativa, con la aprobación de su asamblea.
Esto permite que el productor pueda comenzar a trabajar mientras continúa la realización de otros trámites relacionados con permisos, certificaciones e inscripción del derecho de usufructo.
El ministro insistió en que el propósito es que los productores no tengan que invertir largos períodos de tiempo en gestiones administrativas antes de comenzar a producir.
Según informó, aunque la norma había sido publicada recientemente, ya se habían recibido solicitudes sobre más de 15 000 hectáreas de tierra, correspondientes a más de 13 mipymes y otros actores.
Además de esperar las solicitudes, el Ministerio busca identificar en los territorios a personas y proyectos con capacidades para producir y acompañarlos en la preparación de sus propuestas.
Cooperativas con mayor autonomía
El campesinado cubano. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
El fortalecimiento de las cooperativas constituye otro componente esencial de la transformación. El ministro recordó que más del 80 % de las tierras agrícolas son gestionadas por personas naturales vinculadas a cooperativas, por lo que su funcionamiento resulta determinante para incrementar la producción.
Las nuevas normas buscan colocar a las cooperativas en condiciones de mayor igualdad con otros actores económicos y otorgarles mayor autonomía y flexibilidad para gestionar sus actividades.
El objetivo es que puedan establecer vínculos con otros productores y actores económicos, facilitar la producción y participar en nuevas formas de comercialización.
Las transformaciones introducen una mayor orientación hacia el mercado en la comercialización de productos agropecuarios. El ministro explicó que se busca avanzar hacia acuerdos entre compradores y vendedores y superar esquemas basados exclusivamente en precios topados.
Esto no significa abandonar el encargo social del sistema. Los destinos prioritarios continúan siendo la alimentación de la población, los niños, los hospitales y otros programas y balances establecidos en los territorios.
La nueva lógica pretende, al mismo tiempo, que el productor pueda recuperar la inversión realizada y contar con recursos para continuar desarrollando su actividad.
En este contexto, se busca evitar situaciones de monopolio en la compra y ampliar las posibilidades para que los productores comercialicen sus productos con diferentes actores.
Las cooperativas, por ejemplo, podrán establecer vínculos para vender directamente a la industria, el turismo, los mercados u otros destinos. También se contemplan contratos para productos como lácteos, cárnicos y excedentes destinados a otros actores que elaboren alimentos.
El acceso a insumos constituye otro de los elementos centrales de la transformación. Se han diseñado incentivos para que diferentes actores económicos puedan comercializar insumos y equipos agropecuarios tanto en divisas como en pesos, incluidos los combustibles.
El propósito es dinamizar la actividad agrícola y facilitar el acceso de los productores a los recursos que necesitan.
El ministro vinculó esta política con la necesidad de incrementar la producción y la eficiencia, pues los precios pueden reducirse en la medida en que aumenten los volúmenes producidos y mejore la eficiencia.
A esto se suma un nuevo marco financiero. El ministro explicó que el conjunto de medidas está respaldado por 20 normas y un acuerdo: una ley, siete decretos-leyes, siete decretos, cinco resoluciones y un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros relacionado con la banca de fomento y la banca de desarrollo.
El objetivo es proporcionar seguridad jurídica para la inversión y hacer más atractivo el campo para nuevos productores, incluyendo personas jóvenes y quienes busquen desarrollar allí sus proyectos de vida.
La legislación incorpora también la agricultura por contrato, una modalidad que permite establecer vínculos entre productores que disponen de tierras pero carecen de determinados recursos y otros actores capaces de aportar financiamiento o insumos.
De esta manera, un productor puede asociarse con otro campesino, una persona natural o jurídica privada o un actor de inversión extranjera establecido en el país para poner en producción una finca que enfrenta dificultades.
El mecanismo permite que quien aporta los recursos pueda posteriormente participar como comprador, siempre respetando los destinos prioritarios establecidos en los balances municipales.
En este esquema, el ministro destacó la importancia de que el productor tenga garantizado un retorno que le permita recuperar lo invertido y continuar desarrollando su actividad.
La flexibilización de las relaciones comerciales también abre nuevas posibilidades para las cooperativas, entre ellas la exportación, una opción que anteriormente no tenían en las mismas condiciones.
Al mismo tiempo, se pretende evitar que exista un único comprador para la producción. El ministro señaló que esto puede contribuir a reducir situaciones en las que productores enfrentaban dificultades para cobrar por sus productos.
Las nuevas relaciones comerciales buscan que tanto los actores estatales como los privados puedan recuperar lo invertido y continuar destinando recursos al desarrollo de sus actividades.
El proceso no se concentra únicamente en grandes extensiones o polos productivos. El ministro insistió en la importancia de la pequeña y mediana agricultura, los negocios familiares y la agricultura familiar.
También destacó la necesidad de desarrollar alternativas agroecológicas y técnicas más amigables con el medio ambiente, especialmente ante las restricciones existentes para acceder a determinados insumos.
La producción puede complementarse con actividades como el agroturismo y el ecoturismo, siempre que se mantenga la producción agrícola como actividad principal.
La norma permite además que determinados proyectos puedan ampliar su área cuando sea necesario y contempla posibilidades de desarrollar actividades complementarias vinculadas a la tierra.
En sentido general, el conjunto de medidas pretende crear un marco más flexible y seguro para que nuevos actores se incorporen a la producción y para aprovechar mejor las tierras que permanecen ociosas o deficientemente explotadas.
La estrategia articula tierra, cooperativas, mercados, comercialización, insumos y financiamiento, con el objetivo de que las transformaciones económicas y sociales puedan traducirse en resultados concretos en el campo.
El ministro reconoció que el contexto sigue siendo complejo. La agricultura enfrenta dificultades asociadas a la disponibilidad de insumos y combustibles, a la reducción de la fuerza de trabajo y a condiciones climáticas cambiantes. Sin embargo, defendió que el nuevo marco jurídico puede abrir oportunidades para enfrentar esas limitaciones mediante una mayor participación de productores y actores económicos.
La tarea que queda por delante es llevar las normas a la práctica, reducir las trabas y conseguir que las nuevas posibilidades de acceso a la tierra, producción, comercialización y financiamiento se traduzcan en más alimentos para la población y una mayor capacidad productiva en los territorios.