El proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es en realidad una norma para promover la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos.
La Cámara de Senadores de Argentina aprobó en la madrugada del 7 de agosto, por 37 votos contra 33, una versión recortada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del gobierno de Javier Milei que buscaba eliminar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas y empresas extranjeras. La iniciativa volvió al recinto después de cuatro intentos fallidos de tratamiento.
La derrota -tanto en las calles como en el recinto legislativo- tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ordenó que todos los proyectos pasen por el jefe de Gabinete, Diego Santilli y congeló la agenda de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, cuyas iniciativas “van a entrar en una pausa” según confirmó el propio Santilli a empresarios.
Además, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados postergó el debate en Diputados al menos hasta septiembre. La movilización popular volvió a demostrar capacidad de veto sobre un punto sensible de la soberanía territorial.
Para conseguir la media sanción, el oficialismo debió retirar los dos capítulos centrales del proyecto de Ley; el de extranjerización de tierras y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
La derrota parlamentaria, sellada mientras las fuerzas de seguridad reprimían ferozmente a la multitudinaria movilización convocada frente al Congreso, expuso el límite social que encontró la agenda desreguladora del ministro Sturzenegger. El proyecto original proponía derogar los topes de la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que prohíbe que más del 15 por ciento del territorio quede en manos extranjeras.
Hoy, existen 13,2 millones de hectáreas rurales extranjerizadas, cerca del 5 por ciento del total. Patricia Bullrich, jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, negoció primero un tope del 25 por ciento por provincia para sumar aliados, pero no le alcanzó, ya que los gobernadores de Tucumán, Neuquén, Misiones y Salta retiraron sus votos y el capítulo cayó antes de llegar al recinto.
Pero la negativa a regalar la Soberanía sobre el territorio nacional no sólo venía de la mano de los actores políticos que participaban de las negociaciones. Días previos a la votación, una encuesta publicada por la consultora Zuban-Córdoba, había medido que el 77 por ciento de los argentinos considera que debe haber límites a la compra de tierras por extranjeros. Sin duda, la hazaña conseguida por el Seleccionado Argentino de Fútbol frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol, que culminó con el mensaje de los jugadores argentinos desplegando la bandera con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”, hizo efervecer la memoria del pueblo argentino en su reclamo por la soberanía sobre las Islas y la defensa por los recursos naturales del país.
Mientras los senadores debatían puertas adentro del Palacio Legislativo, sindicatos, movimientos sociales, partidos opositores, jubilados y jubiladas, organizaciones campesinas, ambientalistas y ciudadanos y ciudadanas argentinas auto-convocadas, protestaban en las afueras del Congreso.
La respuesta del Gobierno Nacional fue un operativo represivo brutal: más de dos mil efectivos, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.
La Comisión Provincial por la Memoria contabilizó 29 detenidos y más de 1 500 heridos, y denunció penalmente el operativo por considerarlo ilegal. Una fotorreportera terminó internada en el Hospital Argerich, en el barrio porteño de La Boca, con una fractura en la base del cráneo a causa de un disparo policial. El Ministerio de Seguridad respondió con una denuncia contra los manifestantes en la que invocó la figura de terrorismo del artículo 41 del Código Penal, el mismo recurso ensayado contra quienes protestaron por la Ley Bases en 2024.
Otro hecho de suma gravedad denunciado por el Diputado Socialista, Esteban Paulón, fue la participación, vestido de civil y apuntando (según los registros fotográficos) en línea recta a la movilización con un arma larga, de Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la Policía Federal. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, defendieron el accionar no solo de Gauna sino de todas las fuerzas de seguridad que participaron del operativo.
Lo que sobrevivió del proyecto no es menor, la media sanción instaura desalojos por juicio sumarísimo con diez días de intimación y restringe las expropiaciones estatales, con el lucro cesante topeado al 30 por ciento del daño emergente.
¿Podrá repetirla en septiembre, cuando Diputados discuta los desalojos exprés y las restricciones a las expropiaciones que sobrevivieron al recorte?
Más allá del freno impuesto por el pueblo movilizado en las calles, y las propias limitaciones en la Cámara de Senadores de La Libertad Avanza, el proyecto político y económico impulsado por el oficialismo, pretende dinamitar no solo los derechos sociales, económicos y políticos del pueblo argentino, sino también entregar el territorio y la soberanía nacional a intereses extranjeros que solo pretenden negociar con los valiosos recursos naturales que posee el país en esta nueva fase de digitalización y financiarización económica.
De la organización de los sectores postergados deberá nacer la iniciativa necesaria para poner un freno definitivo a un gobierno que pretende generar los mecanismos necesarios para que los grandes capitales internacionales extraigan todos los recursos que posee el país.