Un total de 21 500 niños palestinos fueron asesinados en Gaza durante los últimos mil días de agresión militar israelí, según un informe divulgado por la organización humanitaria Save The Children. La ONG reveló que el desplazamiento forzado afecta a más de 800 000 menores de edad, cifra equivalente a la población total de la ciudad italiana de Nápoles.
Hoy, el 80% de la infancia en la Franja carece de una vivienda digna tras la destrucción y los daños a más de 370 000 hogares, un 77% de las unidades habitacionales. Además, al menos 7 000 infantes sobreviven sin acompañamiento de adultos o separados de sus familias en los campos de refugiados instalados en precarias condiciones.
Unos 350 niños y niñas palestinas están detenidos en centros penitenciarios militares de Israel, el único país del mundo que permite el procesamiento de menores de edad bajo la institución castrense. Las razones por las que son arrestados es el lanzamiento de piedras contra los cuerpos de seguridad sionistas y las críticas y ataques en redes sociales al Estado de Israel y a sus políticas de apartheid. Estas detenciones son cada vez más habituales y violentas, como lo son también los abusos a los niños detenidos.
Incluso a Jaled Quzmar, director del Centro Palestino para los Derechos de la Infancia, le cuesta reconocer a quienes salen de prisión meses después de ser detenidos. Su misión -en una gira europea- es la de denunciar la constante violación de los derechos de los niños palestinos por parte de Israel, sabiendo que las declaraciones de condena no son suficientes. En España, destacó el sufrimiento de la infancia palestina bajo la ocupación israelí, especialmente desde el comienzo del genocidio en Gaza.
Pese a la decisión del gobierno español de reconocimiento del Estado de Palestina, “quienes vivimos sobre el terreno no percibimos los efectos de esa decisión, porque Israel incluso intensificó sus ataques contra la población palestina tras ese reconocimiento, sin que haya habido una acción real por parte de la comunidad internacional para obligarlo a cumplir el derecho internacional”, señaló Quzmar a Público.
Paradójicamente, Israel forma parte de la comunidad internacional y es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, viola sistemáticamente esos derechos. Israel debe cumplir el derecho internacional. Y, si no lo hace, los Estados deben adoptar medidas para obligarlo a respetarlo y garantizar al pueblo palestino su derecho a seguir con vida, a vivir en libertad y a tener su propio Estado.
Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos y está violando el derecho internacional con ese apoyo. Incluso está atacando al propio sistema internacional, como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Sin embargo, todavía no se ha llegado al punto de poner fin a los crímenes que Israel está cometiendo en Palestina.
“En Palestina, cada día la gente pierde la vida a sangre fría, sin que ningún responsable sea llevado ante la Justicia. Es una vergüenza para la comunidad internacional. Equivale a dar luz verde a Israel para que continúe cometiendo crímenes contra el pueblo palestino. Hoy nos centramos en Cisjordania porque la Franja de Gaza está cerrada. Desde 2005, Israel ha mantenido a Gaza completamente aislada, controlando quién puede entrar y salir de ella”, señala Quzmar.
“Después del 7 de octubre la cosa cambió. Ya nadie podía entrar ni salir. Yo vivo en Ramala, a más de 100 kilómetros de la Franja de Gaza y, créame, puedo oír las explosiones que se producen en Gaza, y con ello las muertes y los desplazamientos forzados. No soy psicólogo, pero estoy convencido de que todos los niños que siguen vivos —y también los adultos— necesitan atención e intervención psicológica para poder salir adelante. Viven en un estado de sufrimiento constante», añadió. «Nunca han sentido que estuvieran protegidos. Nunca han confiado en que Israel fuera a detener los ataques. Es una guerra contra la población civil. Es una guerra contra los niños”.
Hoy los niños son tratados exactamente igual que un adulto. Irrumpen en la vivienda del menor en mitad de la noche y lo detienen. Aunque podrían llamarlo o citarlo para un interrogatorio, actúan de una manera que infunda terror en toda la comunidad. Sacan al niño de la cama y comienzan a hacerle preguntas cuando apenas acaba de despertarse. Ni siquiera permiten que su familia, o su madre, lo despierte. Son los propios soldados quienes lo hacen, apuntándole con un fusil, de modo que el niño entra inmediatamente en estado de shock, señala Quzmar.
“Empiezan a interrogarlo sin esperar siquiera a que responda y luego se lo llevan. Lo empujan dentro del vehículo militar. No lo sientan en un asiento, sino en el espacio entre dos bancos, con soldados a ambos lados, de manera que el niño permanece todo el trayecto prácticamente entre sus piernas. Durante el traslado al centro de interrogatorios recibe bofetadas, humillaciones y malos tratos. Israel no permite ningún contacto de los menores encarcelados con sus familias.
Quzmar describe las torturas cometidas contra menores de edad, que reciben palizas, les niegan la comida y la atención médica. Y, por supuesto, los aíslan. Antes había restricciones para las visitas de los abogados, pero desde el 7 de octubre ya no hay visitas en absoluto. No se permite ningún contacto con la familia. De hecho, no ha habido ninguna. El procedimiento para la defensa de los menores tarda, como mínimo, entre cuatro y cinco meses. Además, durante esas visitas todo está sometido a un control absoluto.
Según la propia legislación israelí, los soldados pueden vigilar la visita, pero no tienen derecho a escuchar la conversación entre el abogado y su cliente. Y sin embargo lo hacen. Todo ello se suma a la tortura y los malos tratos. Los métodos de tortura que utilizan son ilimitados. Es una política deliberada: a los soldados y a los interrogadores se les da carta blanca para hacer lo que quieran, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Muchos presos han muerto dentro de las cárceles a consecuencia de la tortura.
Quzmar señala que documentaron el caso de un menor, Walid Khaled, de 17 años, que fue detenido y, siete meses después, las autoridades israelíes anunciaron que había muerto, sin ofrecer ninguna explicación. Tras la presión ejercida por organizaciones de derechos humanos, se le practicó una autopsia, que concluyó que la causa de la muerte fue la inanición y la falta de atención médica. Meses después de su muerte, su cuerpo seguía retenido por las autoridades israelíes, que se negaban a entregarlo a la familia. Khaled ni siquiera había sido condenado. Estaba en prisión preventiva, a la espera de juicio.
Mientras el ejército mata, destruye y bombardea sobre el terreno, en las cárceles ocurre otra parte de esa misma violencia. La restricción de las visitas familiares, de los abogados, de la comida… Eso no responde a ninguna necesidad de seguridad, sino a la mentalidad del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y a las órdenes que ha dado a los funcionarios de prisiones. En cualquier momento pueden entrar en una celda y golpear a los presos hasta dejarlos ensangrentados, sin proporcionarles después ningún tipo de atención médica.
No soy capaz de reconocer a un preso al comparar una fotografía tomada antes de su encarcelamiento con otra hecha después de su liberación. Todos salen completamente transformados, señala Quzmar, director del Centro Palestino para los Derechos de la Infancia, quien señala que, según la última estadística del Servicio Penitenciario de Israel, hay unos 350 menores encarcelados. De ellos, 180 estaban retenidos bajo lo que se denomina detención administrativa (encarcelar a una persona sin presentar cargos) sino con la justificación de que “supone un riesgo para la seguridad de la zona”. Sin pruebas, sin evidencias: aparentemente las incluyen en un “expediente secreto” que no puede ser consultado por la defensa.
Quzmar señala que, por su experiencia, ese supuesto expediente secreto no existe como tal. Lo que contiene son afirmaciones sin fundamento, que bastan para convencer al juez, porque el papel del juez militar consiste simplemente en respaldar la decisión del comandante militar, no en exigir pruebas o hechos que vinculen al menor con el supuesto delito.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que todos los casos de menores sometidos a detención administrativa constituyen detenciones arbitrarias. Es decir, una detención ilegal, un crimen. Y quienes cometen esos crímenes deberían rendir cuentas ante la Justicia, no las víctimas.
(Con información de Sur y Sur)