El anuncio referido implica un reconocimiento, por parte del mandatario estadunidense, del daño causado a las relaciones internacionales y a la imagen pública de su país por la difusión de las estructuras y prácticas de espionaje masivo desarrolladas por Washington y que han venido siendo evidenciadas por las revelaciones de Edward Snowden y Wikileaks. También exhibe la efectividad de la presión internacional ejercida por gobiernos como el de Alemania y el de Brasil y por organismos multinacionales, como la ONU, con el fin de adoptar medidas que protejan la privacidad de los mandatarios y los ciudadanos.
Con todo, las disposiciones anunciadas por Obama no se traducirán, en caso de que lleguen a concretarse, en un resarcimiento del daño provocado al conjunto de los afectados, entre los cuales, cabe recordar, no se encuentra únicamente los gobiernos aliados de Washington, sino también miles de entidades e instituciones públicas y, principalmente, millones de ciudadanos en todo el mundo. En efecto, entre las acciones dadas a conocer por el político estadunidense no se contempla la concreción del único escenario deseable: el desmantelamiento de su aparato de espionaje electrónico y la destrucción de la información que han obtenido en forma ilegal e ilegítma y que alcanza niveles de escándalo. Para ponderar esto último basta traer a cuento la información publicada la víspera por el diario británico The Guardian, según la cual la NSA recoge a diario casi 200 millones de mensajes de texto de teléfonos móviles en todo el planeta.
Por el contrario, el anuncio de que la recopilación de datos será únicamente sometida a una transición equivale a afirmar que Estados Unidos seguirá espiando a los ciudadanos y que se limitará a realizar cambios formales en cuanto al almacenamiento de esa información obtenida y el acceso a ella por parte de las autoridades. Sobra decir que dicha perspectiva no garantiza la salvaguarda del derecho de las personas a la privacidad.
Ante la exhibición de que el gobierno estadunidense ha venido violentando la legalidad internacional en forma sistemática y planeada, consumando con ello un atropello masivo a las garantías de personas en casi todo el planeta –empezando por el propio territorio de Estados Unidos–, es claro que la comunidad internacional no puede ni debe conformarse con el plan anunciado ayer por Obama, que implica un mero control de daños, en el mejor de los casos, o un ejercicio de gatopardismo, en el peor.
(Tomado de La Jornada)