Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra -el más rico del país-, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta -antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional- sobre el "estatuto autonómico" de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena -mayoritaria en esa nación- durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de "gobiernos afines" en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.