EDITORIAL publicado el 16 de septiembre de 2007
Traducido por Yaili Valdés Balbín y revisado por Mabel Rivas, del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión
Después de los crueles ataques del 11 de septiembre era evidente que el país tenía que analizar con mucho cuidado cómo alcanzar el equilibrio correcto entre la seguridad nacional y las libertades civiles. Lamentablemente, en vez de garantizar ese cuidado y equilibrio, el gobierno de Bush se lanzó de inmediato en una ofensiva para obtener atribuciones extraordinarias, en buena parte innecesarias. Con la ayuda de un Congreso dócil el gobierno intentó impedir, en repetidas ocasiones, incluso a los tribunales, que se investigaran sus intromisiones en los derechos de la población.
Sin embargo, recientemente, un juez del distrito federal de Nueva York declaró inconstitucional un resultado tristemente célebre del enfoque del equipo de Bush: la dependencia excesiva del Buró Federal de Investigaciones en solicitudes oficiosas de información, denominadas cartas de seguridad nacional, para obtener registros privados de compañías telefónicas e Internet, bancos y otros negocios, sin autorización judicial previa.
La decisión del juez Victor Marrero revocó las revisiones del año 2006 de la Ley Patriótica que ampliaban las facultades del buró para utilizar las cartas de seguridad nacional, así como la ley de 1986 que autorizó por primera vez el uso de esas cartas. Las disposiciones recientes no solo forzaban a las compañías a entregar los registros de sus clientes, sin previa autorización judicial, sino que también se les prohibía revelar lo que habían hecho, incluso a los clientes pertinentes. La autoridad de los tribunales para revisar las impugnaciones a la regla de la mordaza, era muy limitada.
El juez Marrero se sintió verdaderamente ofendido por el intento de limitar tanto la autoridad de los tribunales y de silenciar a los destinatarios de las cartas de seguridad nacional sin una previa revisión judicial bien fundada. El juez declaró que la medida violaba tanto la Primera Enmienda como el principio de la división de poderes y afirmó que la deferencia que la ley exigía que los tribunales otorgaran a la rama ejecutiva, podría equivaler a "violentar los valores constitucionales".
Esta no fue la primera vez que los tribunales trataron de restringir esta nueva atribución. El juez Marrero desestimó una versión anterior de la ley en el año 2004, y un juez federal de Connecticut hizo lo mismo en 2005. Pero el Congreso, que aún estaba bajo el dominio republicano, respondió con cambios que solo crearon más resquicios constitucionales.
Debido a la falta de supervisión, el número de cartas de vigilancia ha proliferado y, por consiguiente, las violaciones. Según un informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado el pasado mes de marzo, entre los años 2003 y 2005 el FBI emitió la asombrosa cifra de 143 000 solicitudes utilizando las cartas, con frecuencia en violación de las propias normas del buró y, algunas veces en contravención de la ley. Tres días después del fallo del juez Marrero, Eric Lichtblau publicó en The Times que el FBI utilizaba las cartas secretas para obtener información no solo de personas o entidades que consideraba que debían ser investigadas, sino también de otras que tuvieran algún contacto con ellas.
Algunos legisladores de ambos partidos han expresado su desaprobación ante el uso indebido por parte del FBI de las cartas de seguridad nacional. Así y todo, no han trabajado con constancia para subsanar la ley que creó este caos. El fallo del juez Marrero deberá rectificar el daño.
El texto original puede encontrarse en:http://www.nytimes.com/2007/09/16/opinion/16sun3.html
Ver además
New York Times: Esta llamada puede monitorearse...
http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=5954