Editorial del Boston Globe, publicado el 21 de abril de 2007
Traducido por: Mabel Rivas González del Equipo de traductores de Cubadebate y Rebelión
LA ADMINISTRACIÓN BUSH, que se deleita en su enfoque sin ningún tipo de restricciones para combatir el terrorismo, está tratando con extraordinaria gentileza a un presunto terrorista. Luis Posada Carriles trabajó para la CIA en los años sesenta y setenta, contrabandeó armas para los Contras respaldados por los Estados Unidos en la América Central en los años ochenta, y tiene muchos seguidores entre los exiliados cubanos. Empero, así y todo, se le acusa de haber sido el autor intelectual del asesinato de 73 pasajeros y miembros de la tripulación de un avión de Cubana de Aviación en 1976. Es preciso que rinda cuentas por ese hecho ante la justicia.
El Gobierno de Cuba también quisiera tener a Posada en sus manos, pero como dice un cartel en La Habana ("Cuba lo declara culpable"), no podría esperar un juicio imparcial. El avión salió de Caracas rumbo a La Habana, de modo que Venezuela es la sede lógica. Los dos hombres que colocaron la bomba a bordo fueron enjuiciados allí en el decenio de 1970 y han cumplido sus condenas. Venezuela ha solicitado la extradición, y debe concederse esa solicitud.
Sin embargo, Posada acaba de ser excarcelado bajo fianza por una violación de inmigración, y en estos momentos se encuentra entre amigos y familiares en Miami. La administración está tratando este caso con delicadeza, tal vez debido a la conexión con la CIA. ¿Quién sabe los pactos sucios que Posada podría revelar? Y la administración no se lleva bien con el régimen cada vez más autoritario del Presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Así y todo, que se haga justicia por la muerte de 73 personas debía pesar más que cualquier preocupación acerca de viejas revelaciones de la CIA o que aceptar una solicitud de Chávez. En todo caso, la administración ha tenido que habérselas con gobiernos más represivos en su lucha contra el terrorismo.
La política también está desempeñando un papel. El tratamiento indulgente a Posada aplaca a los elementos más extremistas de la comunidad de exiliados, baluarte del poder republicano en la Florida. Hace 17 años, el Presidente Bush padre, aprobó la excarcelación de Orlando Bosch, presunto conspirador junto con Posada, quien también había huido de Venezuela hacia los Estados Unidos. Esa administración había sido presionada por los Republicanos de la Florida -- incluido Jeb Bush, hijo y hermano de presidentes, quien se convirtió en Gobernador del estado con un fuerte apoyo de los cubanoamericanos.
Desde que fue puesto en libertad Bosch ha vivido tranquilamente en la Florida. Se sospecha que Posada estuvo involucrado en los ataques dinamiteros contra centros turísticos en Cuba en el decenio de 1990 y en un intento de asesinar a Castro en un salón lleno de estudiantes panameños en el año 2000. Ahora con sus 79 años es menos activo, pero con ese pasado cualquiera que no tuviera sus conexiones con el exilio cubano sería un objetivo primordial para el aparato de los Estados Unidos contra el terrorismo.
Venezuela es el lugar más lógico para que Posada sea enjuiciado. En su defecto, los Estados Unidos deberían acatar la convención internacional de 1971 en virtud de la cual toda nación que se niegue a extraditar a un sospecho de ataque contra una aeronave tiene la obligación de enjuiciar a esa persona en su territorio. Ya sea en los Estados Unidos o en Venezuela, Posada debe ser sometido a una audiencia imparcial y exhaustiva sobre las acusaciones de asesinato, y no por las nimiedades de un delito migratorio.
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