La ONG israelí Breaking the Silence (BtS), integrada por exmilitares que cuestionan desde 2004 la ocupación de los territorios palestinos, se enfrenta a un proceso legal que amenaza con afectar a su supervivencia. (Fuente: Haaretz)
Guillermo TellUna muñeca de una niña palestina permanece entre los escombros de un edificio destrozado tras el ataque aéreo israelí en una calle de Gaza, el 11 de julio de 2014. Foto: AFP.
La fiscalía ha exigido ante los tribunales que la organización pacifista identifique a antiguos soldados cuyos testimonios sirvieron de base para una investigación sobre la guerra de Gaza de 2014 en la que se concluye que las Fuerzas Armadas violaron su propio código de conducta.
Testigos directos, cuyas identidades las autoridades castrenses exigen conocer, facilitaron informaciones a BtS en las que han mostrado indicios de la existencia de delitos de crímenes de guerra durante la Operación Margen Protector en Gaza, en la señalada fecha, durante 51 días de duración, en la que murieron 2,200 palestinos, dos tercios de ellos civiles, según datos de Naciones Unidas.
“Muchos de los soldados que prestan su testimonios aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino en la zona de combate”, reconocía el informe “Así luchamos en Gaza en 2014”, al que se enfrenta el gobierno ultraconservador de Benjamin Netanyahu con un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG y desproteger la confidencialidad de los ex militares, quienes temen sufrir represalias.
Pese a tales presiones, amenazas y acosos, el portavoz de BtS, Yehuda Shaul, ha reafirmado que “no van a poder eliminarnos, mientras exista la ocupación siempre habrá gente dispuesta a denunciar los abusos”
De poco sirve empeñarse en blindar al silencio si la verdad termina saliendo a flote, con el visible sufrimiento de los palestinos en Gaza, dos años después de aquella criminal operación.