Cuentas por cobrar y por pagar, una cadena que no se acaba de romper

La situación con las cadenas de impagos, un asunto “arrastrado” durante años y con un marcado daño a la economía, centró el debate de los diputados de las comisiones de Asuntos Económicos y Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reunida como antesala al cuarto periodo ordinario de sesiones en su IX Legislatura.

En presencia del titular del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, los legisladores de ambos grupos discutieron los resultados de fiscalizaciones realizadas en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios, en el cual si bien han disminuido los saldos vencidos, tanto por cobrar como por pagar, continúan siendo elevados, expresión de la complejidad del problema.

De acuerdo con el informe leído por María del Carmen Concepción, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios, al cierre de septiembre las cuentas y efectos por cobrar en ese sector ascendían a dos mil 284 millones de pesos, cifra que incluye las cuentas en litigio y en proceso judicial. De ellas están vencidas mil 81 millones, el 47% del total, inferior respecto al 2018 en 247 millones de pesos.

“Las cuentas en trámites judiciales son elevadas, conociéndose que la reclamación ante los tribunales no siempre está antecedida por una eficiente gestión de cobro y el uso de mecanismos económicos financieros”.

Entre las entidades que presentan la situación más desfavorable destacan las empresas mayoristas de productos alimenticios de Santiago de Cuba e Isla de la Juventud, y las minoristas en Artemisa, La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Granma.

En las empresas mayoristas y minoristas, las únicas provincias que no tienen cuentas por cobrar y pagar vencidas son Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.

Uno de los efectos más dañinos es que las cadenas de impagos en el sector empresarial se extienden hasta los productores, a los que se les adeudan más de 50 millones de pesos.

Los controles efectuados por los diputados arrojaron que persisten incumplimientos de atribuciones y obligaciones de los cuadros y directivos con el seguimiento a esta tarea, a la par que se manifiestan indisciplinas y falta de control de los jefes principales al proceso de conciliación y a la no renegociación oportuna entre clientes y proveedores.

“En la mayoría de los lugares, aunque identifican los riesgos que impactan en la disciplina de cobros y pagos, las medidas son imprecisas o no aparecen en el plan de prevención. El elevado número de delitos, por falta de control, ha impactado en la descapitalización de varias empresas”, sintetiza el informe.

La diputada Gladys Bejerano Portela se cuestionó que lo dicho en este debate “son cosas que hemos repetido muchas veces y no se acaban de resolver en las unidades, los establecimientos y hasta en las OSDE (Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial)”.

“No se trata de repartirnos las culpas, pero tenemos que ser autocríticos”, opinó la Contralora General de la República, quien hizo alusión a resultados de 65 inspecciones efectuadas durante la más reciente Comprobación Nacional al Control Interno, sobre las cadenas de impagos en el sector del comercio y la gastronomía.

Denunció que el monto de los dineros perdidos o robados son millonarios, mientras que se pudieron apreciar hechos delictivos y de corrupción, incluso, cadenas delictivas organizadas y estructuradas. “Por eso cada día es más grave el asunto”.

“Está el que inventa el modo de operar, el que se beneficia y el que no quiere ver nada. Nos están robando el dinero. Cuando el país está haciendo un esfuerzo enorme para producir la alimentación de la población, muchas veces los productos no llegan y se desvían para negocios”, opinó Bejerano Portela.

Entre los problemas recurrentes, destacó la ausencia de un análisis sistemático de la ventas. Además, no se integran los procesos, “muchas veces se hacen los análisis de manera general, sin conciliar los ingresos con la circulación mercantil”.

La Contralora General manifestó la importancia de apelar a la ética y valores humanos de los trabajadores y directivos.

Similar criterio expresó Beatriz Jhonson Urrutia, diputada por Santiago de Cuba, quien consideró vital el papel de las áreas de recursos humanos en la selección de los trabajadores y su capacitación.

Marcia Reinoso Torres, diputada por el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, también coincidió en que la cadena de impagos es un problema que lastra el desarrollo de la economía, “un asunto envejecido, que no recibe el peso que lleva en todos los consejos de dirección”. Las inspecciones, dijo, evidencian la poca utilización de los contratos para dar solución a las dificultades.

Otra debilidad fue expuesta por Marisel Guzmán, de San Miguel del Padrón, La Habana. Para ella, al igual que señalaron otros legisladores, el grave problema radica en la falta de completamiento de las plantillas en las áreas económicas y en el insuficiente control contable financiero. En ocasiones se desconocen hasta las edades de las cuentas por cobrar o pagar, acotó.

Al tema de la fuerza laboral del personal técnico, José Castañeda Martínez, de La Lisa, La Habana, añadió la existencia de cuadros poco motivados que no le dan trazabilidad a este indicador, lo cual propicia el delito y la aparición de inventarios ociosos o de lento movimiento, afectándose los ingresos y el pago de los productores o proveedores.

También hay falta de exigencia en la gestión de venta, criticó el legislador, al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de incrementar de forma integral la capacitación a los cuadros.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que existe desconocimiento en los directivos municipales, quienes precisan ser habilitados para trabajar en el sector. “No se pueden poner personas sin conocimientos”. Dijo que el sistema de comercio minorista tiene 20 mil funcionarios y cuadros, y “hay que exigirle a cada uno de ellos para que cumpla lo que tienen que hacer”.

A juicio del diputado Pedro Víctor Simón, también se precisa mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de contabilidad y finanzas. “Muchas veces llevan las cuentas a lápiz y papel”.

El informe hace énfasis en que el proceso de instalación de terminales de puntos de venta (TPV) es lento, y que tras su entrada en funcionamiento la efectividad es baja, dos incidencias a resolver con prontitud, pues estos equipos son imprescindibles para minimizar el uso del efectivo en la comercialización.

Hasta la fecha se han instalado 325 TPV, el 77% en las tiendas de venta de materiales para la construcción. Sin embargo, se reportan equipos fuera de uso. Al tiempo que hay resistencia en determinadas empresas a usar las tarjetas mayoristas para las compras de productos del mercado paralelo, no obstante, se comprobaron ligeros avances gracias a las exigencias del MINCIN.

Al respecto, Irma Martínez, ministra presidente del Banco Central de Cuba, comentó sobre la existencia de una estrategia para disminuir la circulación de efectivo, tanto en las personas naturales como en el sector jurídico. “Aunque no se ha avanzado todo lo que esperábamos, es justo resaltar el trabajo del MINCIN”.

Reconoció que en determinados organismos hay algunos TPV que no se usan durante meses. Cuba cuenta con 12 mil 564 TPV, nueve mil ubicados fundamentalmente en comercios y hoteles, precisó. 

La legisladora Milady Sánchez, de Ranchuelo, habló positivamente de la experiencia de Villa Clara. Si bien esta provincia no está exenta de problemas, exhibe una mejor situación. Sus 18 empresas han sido capacitadas, a la par que se trabaja para acortar los plazos de los pagos e incrementar las terminales de puntos de venta.

El presidente de la Asamblea Nacional concluyó que las cadenas de impagos afectan a todos y, por tanto, debe ser una tarea del pueblo. “Hay problemas que no se pueden enfrentar con lentitud, ni se pueden seguir acumulando. Hay que arrancarle todos los días un pedacito”.