El cumplimiento de las normativas aprobadas para el Sistema Empresarial Estatal cubano fue uno de los focos de atención de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno que tuvo lugar el pasado año en unas 370 entidades de diversos sectores. Al presentar los resultados del ejercicio de fiscalización en La Habana, se informó que se reportaron daños económicos con el valor aproximado de 142 millones de pesos y 111 millones en moneda libremente convertible.
Según trascendió, en la capital se aprecian insuficiencias en el uso efectivo de la documentación, vulnerabilidades en los sistemas automatizados y dificultades en la contratación.
De acuerdo a Yansi María Bravo O´Farrill, contralora jefa en La Habana, se detectó un presunto hecho delictivo en la Empresa Provincial Constructora de la Administración Local, al identificarse faltantes de productos agrícolas.
Otras de las entidades con mayores señalamientos en su gestión económica fueron los grupos empresariales Agrícola y Ganadero, Gran Caribe S.A. y Cubanacán S.A., e irregularidades en los niveles de inventario de las empresas Genética Porcina, Correos Habana del Este y la Unidad Empresarial de Base Complejo 5ta.
- Se incumplen los indicadores directivos y límites
- Persisten dificultades en cuanto a la flexibilización del objeto social
- No se cumple totalmente la capacitación de los cuadros
- Pagos indebidos de empresas a trabajadores por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal
- Deficiencias en la descentralización
- Falta de integralidad de gestión económica
- Debilidades en el funcionamiento de los órganos colegiados de dirección
- Falta de estudio de las normas
De acuerdo con la funcionaria, igualmente se perciben violaciones asociadas al control, uso y destino del combustible, los procesos de contratación económica, cuentas por cobrar y pagar a privados, falta efectiva de la rendición de cuentas, debilidades éticas, lo que demuestra falta de integralidad en los sistemas de control interno.
En este sentido, Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, informó que 77 entidades de la capital van a recibir el 50 por ciento menos de combustible a partir de febrero de este año, hasta que resuelvan el problema del uso racional del valioso recurso.
Además ya se han recibido en la Contraloría Provincial las propuestas de medidas disciplinarias para los implicados en los hechos detectados.