Debate constitucional en la Lenin. Foto: Ariel Ley/ ACN.
Este jueves concluye uno de los procesos de participación ciudadana más genuinos y trascendentes de los vividos por Cuba en los últimos años. Se trata de la consulta popular del Proyecto de Constitución que inició el pasado 13 de agosto y movilizó a todo el país.
Durante este periodo, según los datos publicados hasta el 2 de noviembre en el programa televisivo Hacemos Cuba, más de siete millones de cubanos habían participado en ese empeño colectivo de construir, entre todos y con total libertad, una Carta Magna que delinea un estado de equidad y justicia social más íntegro, más contemporáneo, más revolucionario.
En barrios, centros laborales y de estudio, en misiones diplomáticas o de colaboración, se analizó, párrafo a párrafo, el contenido del proyecto, cuya versión final, como se ha insistido en todo el proceso, será fruto de la voluntad de un país, siempre dispuesto a contar «con todos», incluso con las opiniones de los cubanos residentes en el exterior, aspecto que sin dudas singulariza la consulta.
Al inicio del proceso, mucho se habló de la importancia de participar, no solo de asistir; de asumir, con responsabilidad y desprovistos de ojerizas, el privilegio de ser parte. Se habló de la valía de llegar a las reuniones con relecturas inteligentes, exhaustivas. Quizá la realidad superó todo pronóstico y, más que eso, desmintió cualquier insinuación referida a la apatía, a la desmovilización, al desánimo.
La consulta, sin aventurarnos en valoraciones concluyentes, fue también un buen ejercicio de cultura jurídica, de consolidación del rumbo democrático. No en vano, al menos hasta la fecha en que fueron informadas las estadísticas, se habían contabilizado 1 445 289 intervenciones, y de ellas, 659 527 propuestas, o sea, ahí están contenidas las modificaciones, las adiciones, las eliminaciones y las dudas.
Que cada una de ellas ha sido analizada es una certeza defendida con vehemencia por los implicados en el proceso. La propia tramitación de las propuestas, transparentada a todos a través de los medios de comunicación, así lo corroboró. Sin embargo, aspirar a que cada una tenga una expresión real en el texto definitivo, resulta un anhelo iluso, ya sea por el alcance de la Constitución o de lo propuesto.
Pero lo más importante, más allá de los reclamos individuales, está en todo aquello que pondere el bienestar general, que sintetice el sentir de la mayoría, que haga posible el consenso sobre criterios diversos, discrepantes, válidos todos, que permita la adopción de una Ley de Leyes moderna y actualizada, a partir de las profundas transformaciones experimentadas por el tejido social, económico y político de la nación.
Y si bien la consulta popular, ese acto participativo de vocación conciliadora, llega a su final, la reforma constitucional continúa. Apenas concluye una etapa.
Le corresponde ahora a la Comisión redactora, a partir de todas las propuestas recibidas, conformar un nuevo texto que será sometido otra vez a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de un debate que puede preverse enjundioso, a juzgar por lo acontecido.
Posteriormente, se librará, por el Consejo de Estado, la convocatoria a referendo para que el pueblo, con su voto directo y secreto, respalde la nueva Carta Magna, cuya proclamación marcará su vigencia como Ley Suprema de todo el ordenamiento jurídico del país.