Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Foto: Getty Images.
Celebrado durante años por la lucha contra la corrupción política, el juez brasileño Sérgio Moro empieza a estar cada vez más en los focos públicos por las críticas que lo acusan de haber actuado con motivaciones políticas en su tribunal.
Moro, conocido por mandar a la cárcel al popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), les dio hoy argumentos a sus detractores al aceptar una invitación del ultraderechista Jair Bolsonaro para ser su ministro de Justicia a partir del 1 de enero de 2019.
"La perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado me llevaron a tomar esa decisión", se justificó el juez.
Moro, magistrado de primera instancia en un tribunal de provincias en Curitiba, en el sur de Brasil, era casi desconocido hasta hace unos años. Su nombre saltó a la fama cuando mandó a detener en 2016 a Lula para llevarlo a declarar de forma forzosa ante un tribunal.
En los próximos dos años, el juez se convirtió en el gran antagonista del ex jefe de Estado (2003-2010), considerado como el artífice del despegue económico de Brasil en la década pasada y elogiado por haber sacado a millones de personas de la pobreza.
En abril de este año, Moro desmontó finalmente el mito del ícono de la izquierda brasileña al ordenar su ingreso en prisión por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El juez condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel a mediados de 2017, tras declararlo culpable de haber aceptado la reforma de un apartamento para favorecer a la constructora OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. Un tribunal de apelación subió en enero de este año la pena a 12 años.
Moro comandaba hasta ahora las principales investigaciones de la megacausa "Lava Jato" ("Lavado de autos"). La operación, dada a conocer en 2014, ha puesto en jaque a gran parte de las viejas élites políticas de la mayor economía de América Latina.
Lula y Moro encarnan dos realidades distintas del gigante sudamericano y sus figuras representan, en cierta forma, las dos visiones políticas opuestas que se enfrentaron en la reciente elección presidencial.
Mientras Moro proviene de la clase media del sureño estado de Paraná, una de las zonas más ricas de Brasil, Lula nació como hijo de campesinos en la empobrecida región noreste de Brasil.
El jurista de 46 años y de voz pausada es usualmente reacio a los focos públicos, a diferencia del carismático Lula, un ex líder sindical de 72 años que fue obrero metalúrgico en Sao Paulo antes de empezar su meteórica carrera política en los 80.
Popular sobre todo entre círculos conservadores, el juez tiene fama de implacable y de no tener miedo a sentar a los poderosos en el banquillo de los acusados. Moro, sin embargo, es también objeto de crecientes críticas tanto en Brasil como a nivel internacional.
En marzo de 2016, los abogados de Lula acusaron al juez de "abuso de autoridad" por haber ordenado la conducción forzosa de Lula para declarar ante un tribunal, sin enviarle una citación previa.
Varios juristas criticaron en los últimos meses además la dureza de la sentencia de Moro contra Lula, así como la supuesta debilidad de las pruebas presentadas contra el ex presidente.
En la reciente campaña electoral, Moro generó también críticas por publicar material sobre los casos de corrupción del PT, mantenido bajo secreto judicial durante más de un año, justo días antes de los comicios.
El candidato del PT, Fernando Haddad, perdió finalmente el pasado domingo en la segunda vuelta electoral frente a Bolsonaro.
Lula acusa desde hace tiempo a Moro de ser un "inquisidor" que representa los intereses de las élites que quieren evitar un regreso de la izquierda al poder. "Moro muestra su parcialidad en 'Lava Jato' al aceptar un cargo en el Gobierno de Bolsonaro", señaló hoy el PT.
Con el comienzo oficial de su carrera política, Moro tendrá que afrontar desde hoy más reproches por sus anteriores decisiones judiciales. El futuro ministro de Justicia ya anunció que dejará los tribunales después de 22 años.
(Con información de Dpa)