Ingeniero Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital (CGD) adscrito al Consejo de Ministros. Foto: Estudios Revolución.
Un año y medio después de su lanzamiento, la plataforma que aspira a rediseñar la relación entre el ciudadano y el Estado cubano enfrenta una pregunta que su propio coordinador general no elude: ¿cuánto puede acelerar un cambio que depende, sobre todo, de que las instituciones dejen de pensar en papel?
El 10 de julio de 2025, la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 125, que creó el Centro de Gobierno Digital (CGD) adscrito al Consejo de Ministros. Ese mismo día, nació Soberanía (www.soberania.gob.cu), la plataforma llamada a convertirse en la ventanilla única de trámites y servicios del Estado cubano.
Catorce meses más tarde, la propia plataforma reconoce que apenas ha resuelto una fracción de lo que se propuso, mientras la demanda ciudadana crece a un ritmo que sus gestores admiten no poder seguir del todo.
“El principal desafío de la plataforma no es hoy un desafío tecnológico”, comenta el ingeniero Wilfredo González Vidal, director general del CGD y coordinador general de Soberanía. “Aquí hay un desafío cultural, un desafío estructural, un desafío organizacional”.
Tres principios, una promesa
Soberanía demuestra que la demanda ciudadana termina forzando a la institución pública cubana a digitalizarse, más que al revés. Foto: Cortesía del entrevistado.
Soberanía se apoya en tres principios que González Vidal enumera con precisión. El primero: procesos centrados en el ciudadano, para que resuelva sus necesidades “de la manera más sencilla posible”. El segundo: que se muevan los datos y no las personas, de forma que una persona no tenga que volver a entregar información que el Estado ya posee. El tercero: transparencia y proactividad, para que la plataforma no solo informe, sino que anticipe.
El viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, había ubicado esa filosofía en un marco más amplio durante la Mesa Redonda del 8 de abril de 2026: mientras el gobierno electrónico se limitaba a trasladar procesos existentes a internet –explicó–, el gobierno digital busca rediseñarlos, rediseñar también las normas que los sostienen y, sobre todo, generar un cambio cultural.
El director del CGD ilustra ese salto con un ejemplo cotidiano: cuando en Soberanía se escriben los 11 dígitos del carné de identidad, la plataforma “canta” automáticamente la fecha de nacimiento y el sexo de la persona, sin que nadie tenga que volver a preguntarlo. Parece un detalle menor. Para él, es la prueba de que un trámite bien diseñado no debería obligar al ciudadano a repetir lo que el Estado ya sabe de él.
Los números, a prueba
En diciembre de 2025, Soberanía describía alrededor de 294 trámites y servicios, de los que solo 15 podían completarse en línea. Ocho meses después, a finales de agosto de 2026, la cifra de servicios digitalizados había subido a 18. Tres trámites nuevos en ocho meses, sobre un catálogo de más de 300 identificados.
¿Por qué es tan lento el proceso, si tecnológicamente pudiera ser muy rápido, cuando los datos viajan a la velocidad de la luz? González Vidal no rehúye la pregunta cuando se le plantea directamente; su respuesta no apela a excusas técnicas, sino a algo más difícil de resolver con una actualización de software: “Nosotros quisiéramos ir a otra velocidad, a otro ritmo. Pero nos hemos dado cuenta, sobre todo en este primer año, de que el principal desafío no es tecnológico”.
Resulta comparable, y revelador, el contraste entre dos curvas. Mientras los servicios completamente digitalizados avanzan a un ritmo que González Vidal mismo describe como insuficiente, las identidades digitales certificadas —el paso que habilita a una persona para usar la plataforma— se multiplicaron por más de cuatro entre abril y agosto de 2026: de unas 10 000 a 43 000. La demanda ciudadana, en otras palabras, corre más rápido que la oferta de trámites que puede satisfacerla.
Cuando un trámite se digitaliza, la gente lo usa
Los datos de uso real respaldan esta lectura. Desde que se habilitó, el 26 de mayo de 2026, la solicitud en línea del pasaporte corriente para mayores de 18 años acumula más de 28 000 solicitudes. La nota que anunció el servicio se mantiene, meses después, entre las más leídas de Cubadebate a diario. El Registro del Estado Civil, por su parte, reporta casi 40 000 gestiones cursadas en la plataforma.
González Vidal reconoce sin rodeos la lección que deja ese contraste. “Nosotros vivimos con esta filosofía: cuando usted pone un servicio para ser usado por la población, porque la población lo necesita, despega mucho más”. Y añade una frase que resume el fenómeno con realismo: la demanda ciudadana terminó “forzando a la institución pública” a digitalizarse, más que al revés.
Pero el propio ejemplo del pasaporte expone también el límite del sistema. Al comparar el flujo de solicitudes de pasaporte con el de licencias de conducción, González Vidal admite que este segundo trámite apenas mueve un 20% de las solicitudes por vía digital, aun cuando la conectividad no es el obstáculo: “Si ellos pueden solicitar un pasaporte, también pueden solicitar una licencia de conducción”. La diferencia, sugiere, no está en la tecnología, sino en cuánto empuja cada organismo su propio servicio.
La certificación, el primer cuello de botella
Antes de poder usar cualquier trámite, el ciudadano debe certificar su identidad digital mediante la aplicación MiIdentidad: una foto de fe de vida, una foto del carné de identidad por ambos lados y una validación que combina inteligencia artificial con revisión humana final. El proceso –reconoce González Vidal– “tiene determinado rigor”, demora hasta 72 horas y a veces más en momentos de pico de solicitudes.
La brecha entre quienes inician ese proceso y quienes lo completan es uno de los datos más honestos que arroja la entrevista. Del total de personas que han iniciado el registro, solo 48 940 tienen hoy su identidad digital certificada. “¿Por qué se registran más de 100 000 personas y solo 48 000...?”, pregunta el propio González Vidal sin terminar la frase. Su respuesta: “Es complejo hacerlo. Cuando ya tienes que ir a un tercer paso, la gente deja de hacer las cosas”.
El equipo ya identificó, al menos, una causa concreta de abandono. Al principio, el sistema rechazaba hasta un 30% de las solicitudes de identidad digital, porque comparaba la foto nueva con una imagen de carné desactualizada por años. Alguien en el equipo propuso comparar también contra la foto del pasaporte, cuando existía, y el rechazo bajó al 15%. No fue un ajuste previsto desde el diseño inicial, sino, en palabras de González Vidal, algo que surgió “monitoreando el servicio, viendo los rechazos”.
El reto cultural
González Vidal resume en una anécdota el “desafío cultural” del que habla. Durante una visita a la Dirección de Vivienda de un municipio, una funcionaria muy amable le explicó que, cuando atiende a un ciudadano, arma un expediente con sus documentos impresos. “Si alguien me trae el certificado de nacimiento digital, ¿cómo hago?”, preguntó.
González Vidal cuenta la escena sin dramatismo, pero con una conclusión clara: la resistencia no es, casi nunca, mala fe. Es que nadie ha rediseñado el procedimiento físico para que un documento digital tenga un lugar dentro de él. “Esto conduce a organizarte de otra manera. Implica cambios culturales. Hay que formar a la gente”.
El propio coordinador de Soberanía reconoce que la comunicación institucional no ha estado a la altura del reto: “Desde el punto de vista de comunicación, nosotros no hemos hecho todo lo que deberíamos. Creo que hemos sido un poco discretos con este asunto”.
Ese vacío de comunicación tiene consecuencias muy concretas. González Vidal relata que, en más de una ocasión, un ciudadano ha llegado a una oficina a recoger un trámite solicitado por Soberanía y el funcionario que lo atiende ha respondido: “¿Soberanía? ¿Y qué es soberanía?”. “Eso es muy malo”, admite. “Se supone que el Gobierno tiene que lograr informar todo eso”.
Un equipo pequeño para una misión gigante
Detrás de la plataforma que aspira a conectar a toda la administración pública cubana con más de nueve millones de ciudadanos trabaja, en realidad, un equipo sorprendentemente pequeño. No operan desde un “edificio inteligente”, sino desde oficinas tradicionales. Aun así, su coordinador no luce angustiado: confía en que las condiciones mejorarán en el corto plazo.
El optimismo de Wilfredo González Vidal se sostiene en el apoyo de empresas especializadas —como Datys, referente en el desarrollo de aplicaciones informáticas— y en los organismos que deben aportar la información y los servicios que demanda la ciudadanía.
Desde la mirada del usuario, el Centro de Gobierno Digital necesitaría más autonomía de desarrollo, un equipo propio más numeroso, la posibilidad de contratar a terceros y procesos más ágiles en el trabajo con sus socios tecnológicos.
Pero basta escuchar a Wilfredo para entender que, incluso con los recursos más modernos, Soberanía no puede sustituir a las instituciones que disponen de la información y cuentan con la autoridad para ejecutar los servicios con eficiencia.
La calidad, la rapidez y la efectividad del sistema dependen menos de la plataforma en sí que de su capacidad para articular a todo el aparato estatal. Soberanía solo funcionará en la medida en que logre convertirse en un verdadero ente concentrador.
¿Se mueven los datos o los ciudadanos?
Uno de los límites más concretos que reconoce González Vidal está relacionado con los trámites que un ciudadano necesita para trámites en el exterior. Cuando un documento digital debe surtir efecto fuera de Cuba, la plataforma “se queda a medias”, dice. El ciudadano tiene que reiniciar el proceso en un bufete especializado, legalizar el documento y tramitar el apostillado por la vía tradicional. “Soberanía nació para resolver un problema ciudadano, y lo haremos”, afirma y adelanta que ya trabaja con el Ministerio de Justicia para resolver esa brecha.
Los certificados del Registro del Estado Civil concentran, según el coordinador de Soberanía, la mayor parte de las quejas que recibe el centro. Solo entre un 38 y un 40% de las solicitudes de documentos registrales halla una versión ya digitalizada del documento; el resto recibe un mensaje explicando que la solicitud “aún no se encuentra digitalizada” y remitiendo al ciudadano a la oficina del Registro Civil más cercana. Es, según González Vidal, la aplicación consciente de un principio de trabajo: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Prefieren lanzar el servicio con lo que ya está digitalizado antes que esperar a que el ciento por ciento del Registro Civil complete su transformación digital, un proceso más lento y sujeto a las limitaciones energéticas y de conectividad del país.
Ese mismo principio explica por qué lectores de Cubadebate han comentado que en algunas oficinas de trámites les han dicho que “Soberanía no es de confianza” o que hay certificaciones que tardan semanas, provincias donde el sistema no reconoce una solicitud ya pagada, documentos digitales que una oficina administrativa se niega a aceptar en ventanilla pese a llevar firma digital válida.
González Vidal lo atribuye, en parte, a una resistencia institucional más profunda: la desconfianza de algunos funcionarios ante un sistema que reduce su margen de intermediación; incluso, cuando ese margen alimentaba prácticas de corrupción o gestión informal.
El ciudadano no debe convertirse en mensajero entre instituciones del Estado. Si una entidad necesita verificar un dato que ya posee otra institución, el objetivo debería ser que ―con las autorizaciones y garantías correspondientes― viajen los datos y no las personas. Este principio ha sido planteado como una de las ventajas de la transformación digital y la interoperabilidad institucional. La verdadera revolución de Soberanía no estará, por tanto, en digitalizar formularios, sino en eliminar pasos innecesarios.
Una arquitectura pensada para crecer, no para resistir
La plataforma Soberanía necesita incorporar nuevas funcionalidades y apoyarse en tecnologías de desarrollo modernas que garanticen un acceso masivo, ágil y equitativo para todos los cubanos, sin importar dónde residan. Ese crecimiento, sin embargo, debe avanzar siempre en paralelo con el fortalecimiento de la ciberseguridad, un componente inseparable del propio proceso de transformación digital.
Es un desafío que se suma, y no sustituye, al cultural. González Vidal lo confirma sin rodeos cuando se le pregunta si el reto es solo cultural y organizacional. “No –responde–. De hecho, siempre va a ser un reto tecnológico también”.
¿La plataforma Soberanía está obligando al ciudadano a aprender cómo funciona el Estado, o está logrando que el Estado se adapte a las necesidades del ciudadano? Hoy, buena parte de la navegación de Soberanía sigue organizada por instituciones, no por las situaciones de vida que motivan a un ciudadano a entrar en ella. Nadie busca por “Ministerio de Justicia”, sino por “perdí mi carné” o “voy a viajar”. Avanzar hacia una arquitectura organizada por necesidades, y no por organigramas, podría ser uno de los saltos más importantes pendientes.
González Vidal ya tiene en mente ejemplos concretos de proactividad que apuntan en esa dirección: cuando un espacio digital detecte que a una familia acaba de nacerle un hijo, podría sugerir automáticamente el círculo infantil más cercano a su domicilio. Es una idea que todavía no existe, pero que, en sus palabras, “convertiría a Soberanía en algo mucho más atractivo” que un simple directorio de trámites.
Otro terreno pendiente es el de la transparencia sobre el propio desempeño del sistema. Hoy, Soberanía informa al ciudadano sobre el estado de sus trámites individuales, pero no publica indicadores agregados —tiempos promedio de respuesta, tasas de abandono, incidencias técnicas— que permitirían a cualquier persona, y no solo al equipo del Centro, entender en qué punto está realmente el proyecto. Un tablero público de ese tipo convertiría la transparencia en parte del producto, no solo en un principio declarado.
Preguntado directamente por lo que él mismo llamaría el estado del proyecto, González Vidal no emplea eufemismos: “Este es el inicio. Aquí se están colocando los cimientos de un proyecto que va con esa gradualidad”. Cuando se le repite que ese ritmo debería agilizarse, no lo niega: “Tiene que ser acelerado”, admite, aunque insiste en que la velocidad no depende solo del Centro de Gobierno Digital, sino de que cada organismo involucrado —Justicia, Interior, Trabajo y Seguridad Social, Educación Superior, entre otros— logre lo que él llama “una interpretación adecuada” de lo que significa trabajar bajo esta nueva lógica.
A quienes han visto frustradas sus expectativas con la plataforma, González Vidal les dice: “Agradecemos siempre las opiniones de la población, y les diría que son legítimas”. Añade que cada queja recibida funciona, para su equipo, como “un motor impulsor”, la evidencia de un problema que, de otra forma, ni siquiera sabrían que existe entre las oficinas que responden por los servicios habilitados en Soberanía, y que se distribuyen por todo el país.
Soberanía nació con una aspiración legítima y necesaria: que los datos se muevan y no los ciudadanos, que un trámite deje de significar una cola, un papel y una oficina lejana. Los números de este primer año y medio evidencian una plataforma que ya demostró que hay demanda, que la gente confía cuando el servicio funciona, y que la tecnología, por sí sola, no basta para transformar una cultura administrativa construida durante décadas sobre el papel, el sello y la firma manuscrita.
El coordinador general de Soberanía lo resume mejor que cualquier análisis externo: el reto no es tecnológico. Es que el Estado entero aprenda, con la misma velocidad con la que se mueven los datos, a confiar en ellos.
