El proyecto normativo no se orienta hacia una sustitución de responsabilidades, sino hacia su distribución más amplia. El Estado mantiene facultades de apoyo, financiamiento y rehabilitación, mientras que los propietarios asumen deberes más claros respecto a la conservación cotidiana de los inmuebles. La coexistencia de ambos elementos es uno de los rasgos más distintivos de la propuesta legislativa.