El demandante alega ser titular de dos instrumentos financieros de deuda pública cubana contraída en 1984. El BNC y Cuba sostienen que, en realidad, CRF no ha sido nunca su acreedor, ni lo es en este momento. Cuba no lo reconoce como acreedor legítimo, acudió a mecanismos ilegales para presentarse como acreedor y en el proceso hubo violación de la ley.