Solo mencionar el tema levanta una ola de reacciones diversas. Para unos, el femicidio subsiste al margen de la sociedad cubana y prácticamente no tiene presencia en el país; para otros, significa un problema invisibilizado tanto por las familias como por las instituciones en la Isla. En ambos casos aparecen razones y contraargumentos, pero una verdad queda clara: el asunto no puede, ni debería, pasar desapercibido.
¿Están suficientemente protegidas las mujeres cubanas contra la violencia de género? ¿Cuando realizan una denuncia en las instituciones policiales, también enfrentan rezagos de machismo? ¿Debería existir en Cuba una ley integral contra la violencia de género? El debate ocupa a juristas, psicólogos, académicos y activistas. Y todos saben que la transversalidad en los análisis y en la búsqueda de soluciones representan el camino a seguir.
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Regina
Solo siete meses vivió Regina con su asesino. A pesar de las discusiones propias de cualquier pareja, ella nunca imaginó que él pudiera llegar a la violencia física. Lo supo demasiado tarde, solo unos pocos minutos antes de perder la vida. Quizás ni siquiera tuvo tiempo para procesar la idea.
Estaba de pie en la cocina cuando recibió el puñetazo en el rostro. Cayó al suelo y ya tenía sangre en la nariz y en el labio. Intentó levantarse, pero el esposo la volteó, se apoyó en su abdomen y con las manos comenzó a apretarle el cuello. Sintió presión, miedo, dolor. Ella luchó, pero poco a poco su respiración fue más lenta, sus brazos perdieron fuerza y sus ojos se apagaron. Quedó inerte en el suelo. Ya estaba muerta.
Solo entonces el esposo la soltó, se puso de pie y recogió todo el dinero que tenían juntos. Llamó a un amigo y lo invitó a irse de viaje. Cuando ambos pasaron por la casa a buscar un poco de ropa, el otro hombre vio a Regina en el piso de la cocina, pero ni siquiera se preocupó por ella. No habló, no preguntó. Si aun le hubiera quedado algo de vida, él la acababa de matar con su silencio.
Ambos hombres dieron media vuelta y esa misma noche llegaron a la provincia vecina. Se iban de fiesta, pero el asesino de pronto desapareció. El amigo, cansado de esperarlo, volvió a la ciudad casi a la misma hora en que el hijo de Regina encontraba el cuerpo de su madre. Durante la semana siguiente el esposo gastó todo el dinero en fiestas, durmió en hostales, comió en restaurantes. Solo cuando ya no le quedó nada se entregó a la policía.
Los caminos de la violencia de género
Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia machista comprende todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.
Sin embargo, advierten los especialistas, entender este fenómeno pasa por analizar el contexto en el que se desarrolla y las condiciones que permiten su invisibilización hasta que es prácticamente irreversible. No en vano la socióloga y profesora de la Universidad de La Habana Clotilde Proveyer señala que no se trata de cualquier acto de violencia contra la mujer.
“Es la violencia del patriarcado, sexista, que está condicionada por las relaciones de poder machistas existentes y que se ejerce sobre el género femenino o lo que representa este. No es la agresión de un hombre en particular, no es un acto aislado, sino parte de un sistema de dominación que pone a lo masculino en el centro del poder, del saber y del quehacer”, ha explicado a Cubadebate.
Sus manifestaciones van desde la violencia más sutil, como puede ser un silencio, un desconocimiento, una desvalorización, hasta la muerte. Y generalmente se comportan como un ciclo que va en ascenso sobre la víctima.
“Como la cultura patriarcal está tan naturalizada, muchas veces los primeros síntomas de violencia no se identifican como tal ni por las víctimas ni por la sociedad”, comenta la también coordinadora del equipo asesor del grupo nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la atención a esta problemática social.
Lo que empieza con posesividad, control y celos provoca aislamiento y pérdida de la autonomía, en el camino hacia las fases más cruentas del ciclo. En la etapa de tensión, las agresiones se instauran de forma más o menos intensa y entonces, generalmente, las mujeres comienzan a reaccionar.
“Pueden terminar con la relación y esto generar más violencia, pueden buscar ayudar o extremar su sometimiento para evitar otros actos de violencia. Después, viene una fase de luna de miel en la que generalmente el hombre pide disculpas y promete que no volverá a suceder… hasta la siguiente vuelta más agresiva”, relata la especialista.
Las características de este ciclo obligan a visibilizar el conflicto como un problema social y generar estrategias de respuesta colectivas, que permitan interrumpirlo antes de alcanzar las agresiones físicas y el femicidio. Al fin y al cabo, en un escenario marcado por la tradición machista de que “entre marido y mujer nadie se debe meter”, la vulnerabilidad de las mujeres se incrementa.
Para Proveyer, la comprensión contextualizada de lo que realmente implica este fenómeno impacta en las estrategias para hacerle frente. No es problema exclusivo de quien la sufre, abarca a toda la sociedad.
Si tenemos en cuenta además que, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género (ENIG-2016), sólo el 3,7% de las mujeres que habían sido víctimas de violencia solicitaron algún tipo de ayuda, resulta aún más importante establecer mecanismos efectivos de acompañamiento para las víctimas.
Según este estudio, el primer lugar a donde van las mujeres víctimas de violencia es a la policía, relata a Cubadebate Osmayda Hernández Beleño, Miembro del Secretariado Nacional de la FMC. Desde su perspectiva, es importante preguntarnos cuál será el camino de violencia vivido por una mujer cuando se decide a denunciar en la policía, porque generalmente no lo hacen tras el primer grito o golpe.
El segundo sitio es la Fiscalía y el tercero, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia. Pero queda mucho por hacer para que las mujeres conozcan y accedan a todos los servicios disponibles para ayudarlas y que la justicia sea realmente efectiva, indica.
Cuando la Federación recibe este tipo de casos, lo mismo en las Casas de Orientación que a través de cartas o redes sociales, profundiza en ellos y los deriva a los organismos competentes.
“Por ejemplo, cuando hay una vulneración de derechos, contactamos a la fiscalía. Otras veces, cuando hay niños involucrados, nos comunicamos con el órgano de menores. Siempre se contacta a la víctima y se le acompaña en el proceso. Aquí no se trata de responder por responder, sino acompañar a nuestras mujeres”, explica la funcionaria de la FMC.
En ese sentido, un desafío urgente tiene que ver con la preparación en torno a temas de género del personal que recibe a las víctimas en algunas de estas instituciones. “A veces atendemos compañeras que nos dicen que en la unidad de policía no las dejaron poner la denuncia o que las retiraron”, relata Yamila González Ferrer, coordinadora del proyecto “Justicia en clave de género” de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).
Hernández Beleño también reconoce esta realidad: “La violencia está naturalizada en las personas, invisibilizada. Por tanto, en muchos lugares de los territorios puede ocurrir que llegue una mujer a hacer una denuncia o pedir orientación, esta se abra, exponga su vida privada y no reciba ahí la atención adecuada. Todavía existe el mito de que entre marido y mujer nadie se debe meter, o que a la mujer le gusta que la maltraten”.
Varios comentarios recibidos tras la publicación de la primera parte de este reportaje confirman la gravedad de este asunto por resolver. La usuaria Bell relató cómo, tras ser violentada por su exnovio, contactó con la policía y no recibió una respuesta coherente.
“Llamé inmediatamente al 106 donde me dijeron que esperara a una técnica que me iba a ver para levantar la denuncia… nunca llegó. En su lugar, lo hicieron 3 patrulleros hombres, me llevaron ante más policías hombres a levantar alguna constancia de mi lesión en el hospital, y luego me dejaron frente al oficial de guardia de la estación, otro hombre, que junto a dos hombres más, me explicaron el por qué no podían hacer nada al respecto. (...) Nunca vi a una mujer, nunca me sentaron y me permitieron contar toda mi historia, y además me especificaron que ese era el marido que yo elegí”, relata.
En realidad, indica González Ferrer, la policía no puede rechazar ninguna denuncia. Es derecho de cada víctima realizarla y tener el comprobante de que se recibió. “La policía no determina si ha ocurrido un delito o cuál es. Usted está narrando hechos, está haciendo una denuncia por esos hechos y él tiene el deber de recepcionar todas esas cuestiones”.
No obstante, aún quedan funcionarios que no tienen la preparación necesaria y poseen prejuicios en torno a este tipo de casos. “A lo mejor es una mujer que ha ido dos veces previas para después arreglarse con el esposo, y se le juzga por ello. Pero si ella va diez veces, diez veces hay que atenderla”, comenta.
Al fin y al cabo, es importante entender que la violencia machista en una relación de parejas alterna etapas de agresiones con fases de luna de miel, como parte de un ciclo que se vuelve cada vez más peligroso.
“No tienen el conocimiento, no están capacitados en los temas de violencia ni entienden el funcionamiento del ciclo de violencia en el ámbito familiar, donde las personas involucradas también poseen vínculos de afecto”, señala la jurista.
Sin embargo, el marco jurídico está diseñado para brindar una buena atención a este tipo de casos. El reto continúa siendo la preparación del personal que lo pone en práctica.
Respecto a las confusiones en estos temas, Arlin Pérez Duarte, profesora de la Universidad de La Habana y especialista en temas penales, afirma que una mujer puede realizar denuncias por violencia de género aunque no tenga marcas o cicatrices.
“El Código Penal tiene figuras que fácilmente encuadran cualquier comportamiento que sea agresivo psicológicamente. El más común es el delito de lesiones, que se define como aquel que cause lesiones corporales o dañe gravemente la salud. La afectación psicológica también daña gravemente la salud por lo que, aunque la mujer no lleve ninguna marca física, puede exponer su denuncia basada en el daño psicológico ocasionado. Lógicamente, eso llevará en el cauce procesal elementos que permitan demostrarlo”, argumenta.
Está también el delito de amenaza, la coacción, el receso arbitrario de derechos… Son conductas que la ley describe basados básicamente en agresiones psicológicas y que pueden dar respuestas a las formas menos “visibles” de la violencia de género.
Por tanto, ni se minimiza ni se deja de castigar. Hay sentencias que han razonado este tipo de casos con elementos contundentes, refiriendo historias de vida de mujeres víctimas donde la violencia se manifiesta en uñas comidas, manchas en la piel, pérdida de cabello y otras manifestaciones psicológicas.
No obstante, reconoce, la efectividad del proceso está condicionado por el conocimiento del operador sobre estas manifestaciones de violencia. “De ahí la necesidad de proyectos de género, de capacitación, para que la gente conozca textualmente lo que dice la ley”, insiste.
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María Luisa
María Luisa corrió mucho, demasiado lejos como para ver qué sucedía a sus espaldas. Jamás lo imaginó. ¿Cómo creer que el padre atacaría a su hijo? ¿La venganza puede más que el amor?
Llevaba ocho años separada de aquel hombre. Cuando terminaron la relación dividieron la casa, pero ella continuó encargándose de la comida y la ropa de su ex esposo. Lo hizo durante tantos años que aun lo creía su obligación. Así fue hasta que él comenzó a agredirla. Entonces María Luisa no quiso atenderlo más. “No me lo repitas —le dijo la peor mañana de su vida— ya no te lavo ni te cocino. No soy tu mujer”.
María Luisa lo vio ir hacia ella amenazándola de muerte. Entonces corrió. Mientras lo hacía alertó a su hijo de 12 años. “Cuidado —le gritó mientras pasaba por su cuarto—, tu padre me quiere matar”. La mujer salió a la calle y buscó refugio, pero su ex esposo no la siguió. En cambio, puso un cuchillo en el cuello de su hijo y mientras sostenía la cabeza le hizo un corte de diez centímetros en la tráquea.
Una vecina rompió la puerta, se le enfrentó y le impidió asesinarlo. Él soltó al pequeño y otra vez fue en busca de su ex esposa, pero no la encontró. Entonces regresó y vio en la calle a la vecina con su hijo en los brazos. Lo lanzó al suelo y esta vez hundió el cuchillo en el cuerpo del niño. La puñalada daño el hígado y puso en riesgo la vida del menor. El ex marido se encerró en su casa e intentó suicidarse. Todo sucedió en minutos. María Luisa aun sueña con aquella mañana en que un hombre intentó matarla y dejó de ser el padre de su hijo.
Oído atento
Las cuestiones referentes a la violencia de género tienen en la Fiscalía General de la República un lugar de especial atención. Aquí no solo se recepcionan las denuncias hechas por las mujeres, sino que se les da cauce legal, cuando proceda, a estos hechos.
Es por ello que para la atención diferenciada de estas situaciones se creó en dicha institución la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales.
Como comenta a Cubadebate Lay Trujillo González, Fiscal Jefe de dicha dirección, una vez recibidas las denuncias se orienta para su radicación en el orden penal cuando los hechos son presumiblemente constitutivos de delitos.
Para esta especialista los pasos están claros y cada minuto cuenta. Investigar las cuestiones denunciadas y las personas involucradas está en primer orden.
Luego se valoran aquellos hechos que afectan la seguridad de las víctimas; realizándose las coordinaciones con los jefes de sector de los lugares de residencia. “Es aquí cuando se realizan las advertencias oficiales que corresponden”.
Pero como advierte Trujillo González, para sus trabajadores la labor no concluye allí.
“También ofrecemos orientación legal, tanto a las víctimas como a los victimarios de sus derechos y obligaciones legales, así como, las consecuencias judiciales ante la reiteración de los actos de los segundos”.
Otra labor fundamental que asume la Fiscalía es la atención a las afectaciones que en el orden psicológico puedan quedar en las víctimas.
“Hay cicatrices que se borran fácilmente, pero otras pueden perdurar en el tiempo. Es por ello que establecemos coordinaciones con los Centros Comunitarios de Salud Mental y las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia para la atención a las afectaciones en el orden psicológico requieran de tratamiento por los especialistas”, agregó la directiva.
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Rebeca
Rebeca dejó una mancha de orina en el colchón sobre el que su esposo la ahorcó. Llevaban tres años juntos y siempre discutían por la propiedad de la casa, pero a la mañana siguiente ambos preferían olvidar. Era un círculo vicioso marcado por la violencia, el alcohol y la agresividad.
La tarde de su muerte otra vez Rebeca le dijo que se fuera de la casa y de nuevo él le respondió que aquel inmueble también era suyo. La mujer se sentó en la cama y le dio la espalda. Tantas veces habían vivido lo mismo que ya era una rutina. Sin embargo, esta vez fue diferente.
El esposo tomó un cordón que servía de llavero y la sorprendió por la espalda. Apretó fuerte, tan fuerte que las piernas de Rebeca parecían moverse solas mientras ella no dejaba de alzarlas en el aire. Entonces sintió la humedad y el calor entre sus muslos. Fue quizás la última sensación de su vida.
Cuando el esposo comprobó que estaba muerta la sentó en el suelo, recostada a la pared y con el cordón en uno de sus muslos. Parecía dormida en medio de aquel cuarto marcado por el caos. Cuando la encontraron todavía conservaba, en un rostro cada vez más frío y pálido, una mueca de dolor.
Más allá de la urgencia: ¿Ley Integral contra la Violencia de Género?
Ante la falta de preparación de algunos funcionarios de la justicia en torno a temas de género y la visibilización cada vez mayor, redes sociales mediante, de casos de violencia y asesinatos, no faltan quienes insisten en la necesidad de incluir el femicidio como figura legal en el Código Penal y elaborar una Ley Integral contra la violencia machista, que identifique con exactitud las características y circunstancias de este tipo de delitos y genere respuestas en consecuencia.
Sin embargo, advierten los especialistas, la principal urgencia no radica en cambiar leyes específicas -que también hace falta- sino en transversalizar la perspectiva de género a todo el sistema legislativo y educar a funcionarios, juristas y personal involucrado para utilizar correctamente los recursos ya existentes.
Arlin Pérez Duarte asegura que la ley cubana está diseñada para castigar los asesinatos de mujeres, aún cuando no exista un delito que directamente se refiera al femicidio. “Si lo buscas tal y como puede aparecer en otros ordenamientos, en Cuba no lo vas a encontrar. Pero sí está claramente tipificada la conducta de darle muerte a una persona, que puede ser un homicidio o un asesinato. Hablamos del delito de asesinato, establecido en el artículo 263 del Código Penal”, argumenta.
Ese artículo, añade, tiene diez o más circunstancias de cualificación para explicar las diferentes maneras de dar muerte a una persona, lo mismo mujer que hombre. En muchas de ellas aparecen circunstancias que permiten tratar las situaciones que en otros estados se conocen de manera más puntual como femicidios.
Entre ellas se encuentra la privación de libertad a las víctimas para darle muerte o el móvil de brutal perversidad. Son circunstancias que suelen caracterizar los femicidios en la práctica. “Es un delito que, por la amplitud que tiene, permite castigar lo que se considera técnicamente como femicidio con una condena altísima”, insiste la experta.
No obstante, la ausencia del término y su fundamentación tiene consecuencias que se expresan en la falta de sensibilización de ciertos operarios. Pueden producirse diversas interpretaciones y enfoques a partir de un mismo caso. Un juez o un fiscal que está formado, que tiene el conocimiento y la cultura de derecho basado en género, puede darle una mirada muy distinta a una persona que no lo tenga, comenta Pérez Duarte.
“No estoy hablando de impunidad porque las lesiones, sean de género o no, el juez las va a sancionar y el fiscal lo va a exigir. A lo mejor le faltan los espejuelos de género, pero los espejuelos de derecho los tiene. Quizás en su enfoque podría ganar en individualizar, en proteger, en razonar con una cultura de género y no lo hace. Por eso puede haber disparidad en la interpretación.
“Eso puede generar entonces que las personas sientan algún sentido de inseguridad. Porque cuando usted, a una misma conducta, le da respuestas diferentes, la persona se pregunta finalmente por dónde van las cosas”, explica.
El derecho tiene la responsabilidad de reducir al mínimo esa sensación de inseguridad y en ese camino no está de más perfeccionar la ley, sobre todo porque contribuirá también a educar. “Si la ley fuera más precisa en estas cuestiones en algunos momentos también contribuiría a ganar esa cultura de género, que hace muchísima falta en este momento”, señala Pérez Duarte.
Un debate similar se da ante la urgente necesidad o no de una Ley Integral contra la Violencia de Género en el país. Al respecto, los especialistas advierten que, si bien hace falta, hay muchos otros procesos que asegurar antes de llegar allí.
En paralelo, advierte González Ferrer, no se puede perder de vista a quienes usan esta necesidad como un argumento más para generar campañas en contra de Cuba a través de las redes sociales.
“Desde esa actividad mediática que, en definitiva tiene un matiz político, están tratando de marcar temas vinculados a las perspectivas de género y a las luchas feministas en sentido negativo. Si bien es cierto que tenemos un reto de perfeccionamiento, las cubanas no están desprotegidas”, refiere.
En ese sentido, hay que entender que la Ley Integral -una de los principales llamados en redes- no es mágica ni resolverá por sí sola las cuestiones asociadas a los femicidios.
“Si vas a cualquier Ley Integral de las que se han aprobado en América Latina, te das cuenta que el 70% son modificaciones de artículos del Código Penal, de las leyes de procedimiento de aquí y allá. ¿Por qué? Porque una única ley no resuelve todos los problemas. Por eso nosotros estamos apostando a fortalecer todo el entramado jurídico, los protocolos de atención, las normas sustantivas y las procesales”, argumenta la jurista.
Además, añade, en muchos de esos países enfrentan conflictos para concretar la aplicación de las Leyes Integrales tras su aprobación. Compañeras de Uruguay comentan los problemas de implementación que tiene el tratamiento y protección de las mujeres víctimas y hay serios problemas procesales en España, en el tratamiento de la violencia de género.
En Cuba es necesario aprovechar el proceso legislativo que actualizará y aprobará la Ley de Procedimiento Penal, el Código de Procesos, el Código Penal y el Código de las Familias, para transversalizar la perspectiva de género a todos ellos.
“Porque esa sola ley no tiene una varita mágica. Esa sola ley pudiera ser, desde mi punto de vista, la culminación de todo un proceso que incorpora cuestiones jurídicas, institucionales y otras para dar la unidad y coherencia final a todo ese entramado como una política estatal, que tiene su desarrollo a nivel gubernamental y jurídico”, asegura.
La estrategia integral diseñada no solo incluye los aspectos normativos, sino también los comunicacionales, los preventivos y los educativos, porque de eso también se trata.
“La Ley Integral será el resumen de todo un proceso legislativo sistémico. No hago nada con aprobarla y ya. Antes tengo que trabajar con todas esas personas que ahora comienzan a tener más claros los conceptos de género, violencia de género, estereotipos. Hay que seguir capacitando a las personas, también a la población”, agrega Pérez Duarte.
Desde la FMC, Osmayda Hernández coincide: “Es verdad que en Cuba no hay una ley de violencia, pero esto no significa que haya impunidad ante estos fenómenos. Aunque el femicidio aún no está en el Código Penal, no desestimamos que pueda incorporarse en el futuro.
“Hemos estado en permanente intercambio con asesores del Tribunal Supremo Popular para la actualización de las leyes, el nuevo Código de las Familias, la Ley de Procedimiento Penal y conocemos las propuestas. Hemos insistido en la necesidad de lograr una mayor transversalidad del tema género en toda la legislación nacional”.
Enfrentar la violencia, un trabajo en equipo
Una parte importante de generar estrategias de respuesta ante los femicidios pasa obligatoriamente por diseñar acciones de prevención, que impidan que las agresiones machistas lleguen a ese punto. En ese camino, ofrecer a las víctimas diversos espacios de ayuda y denuncia, con personal preparado para atenderlas y acompañarlas mientras rompen el ciclo de violencia, resulta vital.
Precisamente por ello, Cuba articula una estrategia de prevención transversal que incluye a todas las instituciones relacionadas de un modo u otro con la atención a este problema. Desde la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Osmayda Hernández Beleño apunta que el primer paso es visibilizar el asunto como un conflicto social y no como hechos aislados.
Resulta vital la labor desarrollada desde 1990 en cada municipio por las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia. Están conformadas por equipos de colaboradores de los campos jurídico, científico y educativo, que orientan a las personas que allí acuden y visitan las comunidades identificadas como complejas o vulnerables a situaciones de violencia.
En cada Casa, explica la funcionaria, hay un registro de los casos de violencia desde hace más de 10 años. Así se conocen, derivan y acompañan hasta solucionar cada situación.
“No son sólo las víctimas directas quienes acuden en busca de orientación. Amigos y familiares cercanos también buscan ayuda para estas mujeres o para los hijos menores de edad que sufren por estas situaciones. Hay que seguir sensibilizando a todos los actores para que identifiquen estos fenómenos”, relata.
Reconoce que a la organización le queda mucho por hacer, que los bloques barriales no funcionan correctamente en todos los lugares y eso supone un desafío extra. Por tanto, “las activistas reciben preparación de manera sistemática para identificar en cada comunidad familias y mujeres que vivan manifestaciones de violencia o discriminación”.
En ese camino, agrega, la FMC nunca ha trabajado sola. “Tenemos alianzas con otras instituciones claves en la prevención y atención a estos temas, como son la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo, la Unión Nacional de Juristas, el CENESEX, los ministerios de educación y salud y organizaciones como la OAR”.
Por ejemplo, en mayo de 2016, la organización firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República para articular acciones de prevención, atención y divulgación de los temas inherentes a los derechos de las mujeres y su protección legal.
“Como parte de esa alianza, se estableció el servicio de la Línea Única con la Fiscalía, que no solo es para la violencia y trabaja las 24 horas. Igualmente existe un sistema de capacitación en materia de género a operadores del derecho como fiscales, policías, carpetas de las unidades policiales, entre otros. El Cenesex ha desarrollado una labor importante en este sentido”, detalla Hernández Beleño.
En paralelo, desde la Fiscalía se ofrece atención a las actividades previstas en el Plan de Acción Nacional para el seguimiento la Conferencia de Beijing de 1997 y en el Plan de Acción Nacional para el enfrentamiento a la Trata de Personas, “que incluyen tanto lo referente a la investigación de los procesos y el tratamiento a las víctimas, como las modificaciones legislativas en función de lograr institucionalmente mayor protección a los involucrados”, explica Lay Trujillo González.
Además, ese órgano ofrece información y orientación oportuna sobre el curso de las investigaciones. “Como parte del funcionamiento del proceso penal, exige y verifica que se escuchen y atiendan las preocupaciones de las actuaciones de las víctimas, garantizando en estos intercambios la protección de la privacidad”, señala.
La protección a las víctimas de la violencia no consta en nuestra norma jurídica, pero existen todas las posibilidades para su atención, agrega.
Al respecto, Arlin Pérez Duarte explica que el derecho penal desarrolla una labor preventiva en las instituciones donde las personas acuden a buscar respuestas. “La Fiscalía, el Tribunal, los abogados, la policía... están obligados a dar explicaciones y respuestas que ayuden en ese proceso de prevención”.
Además, estimula lo que se identifica como prevención general intimidatoria, que también genera educación. “Si existe una respuesta legal, coherente, legítima, contundente, explicativa, que razone con las personas, estas comienzan a tener cultura en relación a esas manifestaciones de violencia”, explica la profesora universitaria.
Mientras, Yamila González Ferrer insiste en que la labor preventiva a realizar desde las instituciones jurídicas tiene que ver sobre todo con la educación de la población. “Muchas veces las personas conocen sus derechos en abstracto, pero cuando tienen determinado problema o situación no saben qué hacer o a quién acudir. Creo que los juristas en sentido general tenemos el reto de aportar a esa cultura jurídica”.
Por ejemplo, desde la Unión Nacional de Juristas de Cuba trabaja el proyecto “Justicia en clave de género” con diferentes coordinaciones provinciales. También se aporta en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia donde siempre hay juristas entre los colaboradores.
“Tenemos que tratar de que sean los más preparados, que tengan sensibilidad en los temas de género. No siempre tenemos lo que queremos, pero trabajamos en función de ello porque garantizar una cultura jurídica en la población también empodera a las mujeres ante este tipo de violencia”, argumenta la jurista.
En esos empeños de sensibilización y lucha contra la violencia de género, la reciente aprobación y puesta en vigor del Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres (PAM) juega un papel fundamental. En opinión de la secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué, una de sus áreas claves es la relacionada con la “autonomía física de las mujeres” y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. También identifica acciones contra “manifestaciones de violencia de género que están latentes en el ámbito familiar y el ámbito público”, dijo.
Llaman la atención la transversalidad de los enfoques de género y derecho, y el reconocimiento explícito de la persistencia de manifestaciones de violencia en la sociedad cubana, articuladas con esas relaciones desiguales de poder heredadas del machismo. O sea, posiciona los desafíos de las mujeres –incluida la violencia- como un asunto de toda la sociedad y, al hablar de políticas de igualdad de género, reconoce el valor relacional de esta propuesta teórica.
En función de ello, entre sus siete áreas de trabajo contempla el escenario legislativo que incluye el análisis del marco normativo y los sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia tiene vital importancia. La necesaria producción de estadísticas e investigaciones, el empoderamiento económico de las mujeres; el trabajo con la comunicación pública; la educación, prevención y trabajo social y el acceso a escenarios clave de toma de decisiones, entre otras, también marcan desafíos relacionados.
A partir de ahí genera un entramado de medidas a cumplir desde las diversas instituciones, que deben rendir cuentas de su cumplimiento ante la FMC y la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
“De conjunto, las distintas especialidades ofrecen seguimiento a las acciones diseñadas para la prevención y enfrentamiento a la violencia contra la mujer, y se han incluido análisis periódicos de las quejas y reclamaciones de las víctimas en cuanto a la vulneración de sus derechos”, argumenta Lay Trujillo González.
En sentido general, el PAM confirma la importancia que confiere el Estado cubano a atender la violencia de género -y el femicidio como una de sus manifestaciones- desde una perspectiva integral y social. Solo así es posible cortarle caminos a las agresiones, evitar la revictimización de las mujeres que la sufren y avanzar en la sensibilización de la población.
Se trata, en última instancia, de acompañar el perfeccionamiento legislativo necesario con acciones de educación integrales y respuestas coordinadas ante un fenómeno que, bajo ningún concepto, puede pasar inadvertido o quedar impune. Porque legitima el machismo imperante y, sobre todo, cuesta vidas.