El 4 de julio entraron en vigor un grupo de normas jurídicas sobre el desarrollo de la Industria de Programas y Aplicaciones Informáticas, el establecimiento de la Seguridad de las Tecnologías de la Informatización y la Comunicación, y la Defensa del Ciberespacio Nacional. Esta última, establece la obligatoriedad para las personas jurídicas del uso del antivirus nacional.