Por Carolina Rosales Zeiger, especial para Cubadebate
Durante el martes 9 de junio las centrales sindicales opositoras de Argentina, convocadas por el gremio de transportistas, realizaron el segundo paro nacional del año, el quinto en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Con una fuerte carga político–partidaria y en un contexto electoral que hace meses tiene caldeados a los medios de comunicación y la discusión pública, la medida paralizó al país dejándolo sin autobuses, trenes, subtes ni aviones por 24 horas. Entre las razones del paro se encontraban: la inseguridad, la inflación, el pedido de un aumento salarial mayor al 27% ofrecido por el gobierno (aunque las paritarias –el proceso de acuerdo entre patrones y trabajadores– aún no terminan) y, como protagonista de pancartas y titulares, la exigencia de que se elimine el impuesto a las ganancias (a los ingresos personales).
Con un fuerte apoyo de los monopolios mediáticos privados, como el Grupo Clarín, y los sectores más liberales, el paro contó con la adhesión de los gremios de transporte, camioneros y gastronómicos, entre otros. Esto provocó que un enorme porcentaje de los trabajadores del país no pudiera llegar a su trabajo (partidos de la izquierda tradicional, también adherentes, cortaron, por ejemplo, los cinco accesos a Buenos Aires) y que muchos otros vieran amenazados sus locales, recibiendo diversos amedrentamientos y agresiones.
La medida sucede al paro realizado el último 31 de marzo, de similares consignas, luego del cual el Gobierno Nacional introdujo una modificación en el impuesto a las ganancias. En tanto éste se cobraba sobre salarios a partir de los, aproximadamente, 1500 dólares mensuales, la reforma impuso una reducción a escala para quienes percibieran salarios de entre 1500 y 2500 dólares. Esto, que abarcó al 68% de los asalariados que pagan ganancias, significó un una disminución del 32% y una mejora promedio del salario que ronda entre el 5% y el 6%. En ese entonces, la respuesta inmediata de Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros y secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Azopardo, había sido: “No lo vamos a aceptar. El impuesto al trabajo es un robo a mano armada“.
A quiénes y cómo
Si bien gran parte de los sectores progresistas y de izquierda coinciden en la necesidad de reformas impositivas, tributarias y salariales –como la incorporación a la base imponible de depósitos, títulos públicos y salario de los jueces– el impuesto a las ganancias, protagonista de estas movilizaciones, afecta apenas a un 11% de la masa trabajadora total del país, y sólo a un 5% de la que conforma a los gremios que llevaron adelante la medida.
En la actualidad, las estructuras sindicales tradicionales sólo representan a una poderosa minoría de la clase trabajadora: la centralidad, dentro de las reivindicaciones –muchas de ellas justas y necesarias, pero llevadas a un plano secundario– del reclamo por el mínimo no imponible en las más altas escalas, da cuenta de ello. Por otra parte, la feminización de la fuerza laboral en Argentina sigue completamente invisibilizada dentro de una dirigencia gremial prepotentemente masculina. Lo mismo sucede en relación a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes.
“(El paro) Me parece un despropósito“, declaró el ministro de Interior y Transportes y precandidato a presidente por el kirchnerismo, Florencio Randazzo. Y siguió: “Ganan en promedio entre 25 mil y 30 mil pesos (2500 y 3000 dólares) y un poco más con el último aumento, y transportan a millones de argentinos que cobran un 20 por ciento de eso y que son los mismos que contribuyen para que los ferrocarriles funcionen“.
En estos términos se realizó esta segunda huelga nacional del año, con un fuerte trasfondo político que evidencia la lucha de poder entre diversos sectores del escenario actual, de cara al cambio de poder que se sucederá en diciembre, luego de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.