Imagen creada con inteligencia artificial usando ChatGPT.
El sol caía a plomo sobre Santiago de las Vegas aquella mañana en que salí en busca de aceite. No imaginaba que esa sencilla gestión doméstica se convertiría en un recorrido revelador por los vericuetos de un sistema comercial que ha perdido toda referencia. Cada paso sobre el asfalto ardiente, cada negocio visitado, cada mirada esquiva y cada respuesta ambigua iban trazando un mapa de contradicciones que ilustra con nitidez el desconcierto de nuestra realidad económica.
Los vendedores informales han tejido su propio archipiélago en las aceras habaneras: un entramado paralelo que se extiende desde los portales hasta los pasillos más insospechados. Con la certeza de quien se mueve en un territorio sin regulación, imponen sus normas con la soltura de quienes han descubierto la impunidad.
El “¿aceptas transferencia?” ha dejado de ser una cortesía entre comerciante y cliente para convertirse en una condición ineludible, un peaje moderno que hay que pagar para acceder a lo más básico, como si el acto de comprar se hubiera transformado en una concesión.
Estos nuevos comerciantes operan bajo una lógica que desafía los principios elementales de la economía. Mientras el Estado concentra esfuerzos en fiscalizar al pequeño comercio formal, el comercio informal prospera sin restricciones, protegido por redes invisibles de complicidad y silencio.
Sus puestos funcionan como dominios autónomos en pleno siglo XXI, espacios donde la única ley es la conveniencia individual, donde los precios fluctúan al ritmo del dólar informal, y donde el valor del cambio se determina según reglas no escritas que operan en los márgenes del sistema.
El panorama que ofrecen estos enclaves comerciales sería casi pintoresco si no fuera por lo que encierra: en sus mesas improvisadas y cajas recicladas se condensa toda una cultura de supervivencia: vender lo que no se tiene, cobrar lo que no se reporta, evadir lo que no se acata. Son el reflejo más evidente de una distorsión mayor: la naturalización del desorden como dinámica, la aceptación tácita de que cada quien se las arregla como puede, mientras las instituciones se enfocan en sancionar a quienes, por seguir las reglas, resultan más fáciles de supervisar.
En este escenario paradójico, donde lo informal se expande y lo formal se estanca entre trámites, el ciudadano común queda atrapado en una contradicción: debe ajustarse a las condiciones impuestas por quienes operan al margen, y solo puede acceder a bienes básicos en efectivo, justo cuando cada día resulta más difícil encontrar un cajero automático disponible.
La paradoja de las inspecciones
Los funcionarios llegan con sus listados, dispuestos a inspeccionar al único que no puede escapar: el comerciante legal. Miden milímetros en los precios, revisan fechas de vencimiento con lupa, exigen facturas que deben estar en orden.
Mientras tanto, a escasos metros, los vendedores informales montan su circo particular. Sin licencias, sin controles de precios, sin facturas. Los mismos inspectores pasan frente a ellos como si fueran invisibles. Esa es la paradoja perfecta: se fiscaliza al que sigue las reglas y paga impuestos, mientras se mira hacia otro lado cuando las reglas son ignoradas por completo.
Resulta difícil entender por qué se gasta recursos en controlar a quienes ya están controlados, mientras se deja libres a quienes operan sin ningún freno. Como si en un hospital los médicos solo revisaran a los sanos, dejando que los enfermos se las arreglen solos. El mensaje es claro: cumplir con la ley es un lujo que muy pocos pueden permitirse.
Este sistema de fiscalización al revés ha creado una cultura del cumplimiento invertido, donde ser formal es un castigo y operar en la ilegalidad resulta premiado.
Los inspectores, atrapados en sus propias redes burocráticas, cumplen cuotas de multas que deben justificar sus salarios, pero que en nada contribuyen a ordenar el comercio minorista. Mientras tanto, los grandes infractores –esos que acumulan productos de primera necesidad para venderlos a precios exorbitantes, esos que manejan redes completas de distribución ilegal– operan con total impunidad, protegidos por la incapacidad del control.
El resultado es un paisaje comercial distópico donde la ley se aplica no al que más daño hace al tejido económico, sino al que más fácil resulta de fiscalizar. Dentro de esa lógica distorsionada, no es extraño que negocios formales opten por cerrar sus persianas definitivamente o unirse al ejército de los informales, completando así el círculo vicioso que termina por afectar aún más nuestros bolsillos.
El verdadero producto escaso en este mercado distorsionado no es el aceite, ni el pollo, ni los medicamentos. Es algo mucho más valioso y cada vez más raro: la certeza de que las reglas son iguales para todos y la confianza en que el esfuerzo será recompensado.
Mientras esto no ocurra, seguiremos recorriendo calles bajo el sol inclemente, saltando de negocio en negocio, sometiéndonos a caprichos ajenos para conseguir lo básico. Y lo peor: seguiremos normalizando esta situación, hasta que el absurdo nos parezca tan natural como el calor del verano cubano.
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