Activadas por la agenda política de la contrarrevolución, las manifestaciones fueron parte de una operación política y de inteligencia que incluyó llamados de odio y a cometer linchamientos y asesinatos, pero fueron precedidas por un planificado trabajo de socavamiento simbólico, que buscó erosionar las bases de los vínculos barriales y comunitarios, el sentido común y la moral y el entendimiento colectivos, bombardeados desde los medios masivos de transmisión de datos e imágenes.