Planta Industrial de Biogás en Martí, Matanzas. Fotos: Giraldo Martín Martín
El buen funcionamiento de una actividad empresarial socialista de cualquier escala, grande o pequeña, pública o privada, se puede medir por su eficiencia, o la relación que existe entre el esfuerzo o gasto de recursos requerido con respecto a los beneficios para todos, sean en bienes o en servicios. La eficiencia energética es un capítulo especial de esa eficiencia, así como también la responsabilidad ambiental. Ambas necesitan de prioridades especiales dentro de la eficiencia general.
Desafortunadamente, no solo con exhortaciones políticas y planificación se resuelven todos esos factores de eficiencia. La actividad empresarial es esencialmente económica y la sabiduría del orden social que deseamos debería estar en lograr lo mejor para cada ser humano y la comunidad usando las herramientas económicas que hagan falta, sin ignorarlas ni estigmatizarlas. Si se tiene una organización económica adecuada en las condiciones de un socialismo robusto todo esto se podría expresar por la relación entre el costo de las operaciones con respecto a sus beneficios expresados en dinero.
La actual situación de la economía cubana tiene en esto una debilidad fatal: no se sabe con certeza el valor real ni comparativo de producto o proceso alguno debido a que no disponemos de una moneda que cumpla los requisitos para ello. Por otra parte, a pesar de la clara política nacional a favor de un uso intensivo de las energías renovables, los planes de inversiones han favorecido esencialmente el desarrollo de acciones centralizadas y no se han dirigido igualmente a aplicaciones paralelas de iniciativas personales y de pequeñas entidades mediante diversas tecnologías muy conocidas y desarrolladas en Cuba y todo el mundo.
En cuanto a lo ambiental queda mucho por hacer para tener proyecciones abarcadoras integrales de los sistemas productivos agrícolas, que incluyan no solo las alteraciones ambientales que se producen sino también los beneficios, con un balance que minimice perjuicios. En lo social, la gran meta es satisfacer las necesidades de alimentos de la población en cantidad, calidad y diversidad.
Una gestión eficiente de la producción de alimentos en el agro debería garantizar que el agricultor pueda tener acceso a los equipos e insumos necesarios y suficientes, de todo tipo y en el momento necesario, para poder realizar la producción demandada. Esto es muy difícil de reflejar en una planificación detallada anual debido a contingencias imprevisibles, entre las que el comportamiento del clima tiene un papel determinante.
Desde el punto de vista energético, una adecuada gestión del sistema debería favorecer al máximo el desarrollo y utilización de las fuentes renovables asociadas a la propia producción. En lo tecnológico, la gestión del sistema debe favorecer al máximo la innovación en todos los aspectos y facilitar el empleo de tecnologías y sistemas de producción que garanticen grandes cantidades de alimentos saludables, inocuos, diversos y responsables con el ambiente, lo cual también garantiza el impacto social requerido.
Si analizamos lo antes expuesto nos percatamos que hay elementos claves. Entre ellos podemos mencionar a la organización y gestión de la producción, en la que se necesita hacer más eficiente la relación pública-privada y encontrar el verdadero modelo que requiere la producción agraria en Cuba. En las condiciones actuales, todo indica que un acercamiento cada vez más a lo local y sustentado con un fuerte proceso de gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación es lo más indicado, como hemos abordado en los artículos anteriores.
Planta Industrial de Biogás en Martí, Matanzas. Fotos: Giraldo Martín Martín
El segundo aspecto es la disponibilidad permanente de insumos varios y acceso a servicios vitales para la producción agropecuaria como los créditos, la maquinaria, la contratación, compra y el pago de las producciones.
El tercero y no menos importante sería el relacionado con el beneficio, procesamiento y comercialización de las producciones, donde hay que trabajar bien desde los sistemas locales hasta la interacción con las demandas nacionales y las exportaciones. Si la regulación del aparato estatal operara con la eficiencia requerida y llegara solo a donde debe llegar, estos procesos podrían gozar de una gran transparencia y diversidad de formas, adaptadas todas al mejor funcionamiento. De esa forma la sociedad podría beneficiarse mucho más de todos los procesos mediante una política tributaria consecuente evitando intrusiones administrativas en las relaciones que solo los gestores directos, públicos o privados, saben hacer bien.
Una visión sistémica obliga a repensar las estructuras y las relaciones económicas buscando lo esencial, que es una conexión cercana y lo más directa posible entre el productor y los consumidores, sean estos mayoristas o minoristas, nacionales o extranjeros. Esto implica diversidad, complementariedad, competitividad y sinergias de colaboración. La misión del productor debe ser, indiscutiblemente, producir lo más posible de aquello que proporcione los mayores beneficios, para lo que se encuentre mejor preparado y más convenga a las necesidades del país.
El papel de los consumidores mayoristas, injustamente descalificados como “intermediarios”, es la de que los productos lleguen al consumidor minorista de la forma mejor, más eficiente, más diversa y, consecuentemente, más deseable posible. Y el papel de los consumidores minoristas es el de tener en su mesa los alimentos que deseen y puedan adquirir, gracias a sus preferencias originadas en la diversidad infinita de necesidades y gustos de los seres humanos.
Esto podría quizás comenzarse a resolver con un Ministerio de Agricultura que no sea juez y parte. La función esencial de ese órgano de gobierno al igual que sus similares debería ser promover y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los productores para con toda la sociedad, y no ser parte ni intervenir en ellos. La gestión empresarial, que es esencialmente económica y con una alta responsabilidad ambiental y social, tiene un conflicto de intereses principal con la función política de velar por las mayorías en un estado socialista. Debería ser completamente ajena a un ministerio y a sus funcionarios.
Nuestra constitución permite que el gobierno se organice como resulte más conveniente. No existen “ministerios constitucionales” y eso nos alienta a ser creativos en cuanto a la estructuración del gobierno que promueva y regule la producción de alimentos, porque esta no es una tarea de uno solo de los ministerios. La ley puede ayudar, aunque muchas veces en ellas se hacen descansar más expectativas que las que se realmente pueden proporcionar. ¿Necesitamos una nueva Ley de Reforma Agraria? ¿Cuánto de lo legislado nos permite avanzar y cuánto nos ata? ¿Es la legalidad la principal responsable de los problemas o es la gestión económica y sus ataduras dogmáticas, o son ambas?
¿Podemos aventurarnos a recomendar si debe existir una u otra estructura desde una reflexión en blanco y negro como esta? Lo único que nos corresponde es justamente apelar a la preparación científica, la honestidad, la inteligencia, la experiencia, la buena voluntad y a la condición fidelista de los revolucionarios involucrados para que establezcan las estructuras, los procedimientos y las regulaciones estrictamente necesarias y ni una más. Parece ser la única forma de garantizar una integralidad que permita que hasta el último metro cuadrado de tierra produzca el máximo de valor para la alimentación de nuestro pueblo y que efectivamente llegue a él.
Baltimore y Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, 7 de julio de 2020