Un volumen considerable de proyectos de ley tramita por Diputados y el Senado brasileños con un objetivo claro: imponer severas restricciones, a través de duras puniciones, a las manifestaciones populares. A la vez, ampliar el concepto de terrorismo, para que se extienda mucho más allá de lo previsto por la legislación actual, que viene de los tiempos de la frustrada presidencia de Dilma Rousseff.