Dado que la Constitución puertorriqueña de 1952 no prevé el llamado a elecciones en casos como el actual el mandatario renunciado deberá designar, antes del 2 de agosto, a su sucesor. Una renovada presión popular podría hacer saltar por el aire la normativa colonial y forzar la instalación de un gobierno de transición pero parece muy poco probable que tal cosa pueda ocurrir.