Entre el 2014 y el 2016, cuando salieron del sector estatal 300 400 personas. Foto: Vicente Brito/ Escambray (Archivo).
Desde años atrás las encuestas sobre la situación económica de la población en Cuba siempre han destacado varios temas prioritariamente. Se trata de los ingresos monetarios, la alimentación, la vivienda y el transporte. La satisfacción de las necesidades vinculadas a estos elementos ha estado asociada en buena medida –directa o indirectamente- a la disponibilidad de recursos financieros externos.
De tal modo, el elemento prioritario para lograr la cobertura de las necesidades productivas y de consumo siempre ha supuesto poder disponer de los recursos financieros indispensables para ese objetivo. Es por ello que en la revisión a fondo de la política económica emprendida a partir del VI Congreso del PCC se destacó la necesidad de “Soluciones a corto plazo, encaminadas a eliminar el déficit de la balanza de pagos, que potencien la generación de ingresos externos y la sustitución de importaciones y, a su vez, den respuesta a los problemas de mayor impacto inmediato en la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, y creen las necesarias condiciones infraestructurales y productivas que permitan el tránsito a una etapa superior del desarrollo.”[1]
Esta indicación puso de manifiesto la necesidad de eliminar aquellos elementos estructurales que han impedido lograr un desarrollo sostenible de la sociedad, priorizando los factores que permitan –en primer término- la disponibilidad del financiamiento externo indispensable para ello. Esto –a su vez- ha conllevado el pago de adeudos atrasados[2] para recibir nuevos créditos e inversión extranjera directa; a reducir gastos no imprescindibles y a ahorrar todo tipo de recursos a corto plazo, lo cual ha impuesto un costo a las transformaciones económicas a emprender, que –en la medida en que no se alcanzó el crecimiento previsto y empeoraron las condiciones externas en que se ha movido nuestra economía- ha impactado negativamente en la mayor satisfacción de las necesidades de la población.
Esta situación se evidenció con fuerza en algunos desequilibrios visibles al cierre del 2016, que fueron dados a conocer en la Asamblea Nacional de julio pasado.
Un primer problema continúa presente en el empleo y la retribución de los trabajadores que laboran en el Estado. Al respecto se informó la reducción del aporte de la fuerza de trabajo de mayor calificación entre el 2014 y el 2016, cuando salieron del sector estatal 300 400 personas, incluyendo la fluctuación del personal científico. También se señaló que en la empresa BioCubaFarma se había movido el 40% del personal de mayor calificación en ese período.[3]
Al respecto se señaló por el CITMA -en relación al personal científico- que resulta “…insuficiente el reconocimiento, tanto en su aspecto moral como material y la incidencia de que el salario no constituya una fuente motivadora.”[4] Esta tema –que es estratégico para el país- se ha valorado en diversas ocasiones, pero aún no tiene una solución viable, pues en muchos casos, se sigue interpretando la retribución tanto del personal científico como del educacional, como un gasto y no como una inversión que debe ser cubierta mayormente por el presupuesto estatal, ya que en su determinación no puede valorarse del mismo modo en que se fija el salario del sector empresarial. La política salarial adoptada en el sector de la salud en fecha no lejana debe ser el camino a transitar, contando, además, que los gastos del presupuesto pueden compensarse de diferentes formas.
Otras medidas que fueron propuestas en el debate de la ANPP, referidas al campo de la ciencia, incluyeron –entre otros- los siguientes aspectos:
- Retomar la asignación priorizada de egresados de la educación superior para las entidades de ciencia, tecnología e innovación (ECTI).
- Asignar al Fondo para la Ciencia y la Innovación (FONCI) un capital inicial de 20 millones en MLC.
- Destinar en los convenios intergubernamentales una fracción del monto acordado para el fortalecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación.
- Instrumentar el pago por antigüedad al personal de las ECTI.
- Homogenizar el salario básico de los investigadores.
En el ámbito general de las retribuciones, se alcanzó un salario medio de 740 pesos mensuales en el 2016 y en el caso del sector empresarial se llegó a 824 pesos. No obstante, según fuentes sindicales, la distribución de esa media aún no es igual para todos, ya que un 60% de los trabajadores cobraban una suma por debajo del promedio nacional, alrededor de un 38% cobraba entre 824 y 2 000 pesos y solo un 1,7% superaba esta última cifra.[5] Por otra parte, aun quedan por resolver pagos sin respaldo productivo en el que incurrieron 99 empresas el pasado año por un monto de 72,6 millones de pesos, mientras en el primer semestre recién concluido, fueron 61 empresas por 13,9 millones.
En el primer semestre del 2017 el salario medio total del país descendió un 1,2%, arrojando una cifra equivalente a 731 pesos. Al cierre del año se espera que esa cifra se recupere hasta alcanzar 747 pesos, para un 1% de crecimiento en el 2017.
En este análisis también debe considerarse que la liquidez monetaria en manos de la población en relación al PIB se estima llegó en el 2016 al 55,8%, cifra que resalta la tendencia a la elevación de este indicador en los últimos 5 años, tomando en cuenta que en el 2011 la proporción era del 39,3%. Sin embargo, debe señalarse que en la misma medida en que en la liquidez actual no está diferenciado el capital del trabajo de los trabajadores por cuenta propia –el cual debe haber crecido significativamente en los últimos años-, no es posible suponer que toda esa masa de dinero este presionando el mercado minorista en estos momentos.
Adicionalmente en la masa monetaria en pesos cubanos incide también –mediante el cambio a través de CADECA- la liquidez en pesos convertibles, la que a su vez es influida por la cantidad de remesas en moneda convertible que ingresa al país y por los pagos en CUC de los sistemas de estimulación vigentes en entidades estatales. No menos importante es la proporción de dinero líquido que se inyecta en la circulación a través del presupuesto estatal, que en el 2017 presenta un déficit del 12% en relación al PIB como parte de la política monetaria expansiva dirigida a enfrentar los efectos de la contracción económica sufrida en el 2016, medida que –ciertamente- no es posible repetir en el tiempo.
En este contexto, un elemento de singular importancia para evitar presiones inflacionarias mayores consiste en el incremento de la circulación mercantil. Al respecto se informó en la Asamblea Nacional que la misma se sobrecumplió en moneda nacional en relación al plan un 14,3% en el semestre y debe cerrar el año con un 13,9% por encima de lo previsto. En relación a las ventas en pesos convertibles, las cifras fueron un 4,3 y un 9,5% respectivamente.
En relación a la alimentación, los estimados de insumo calórico de la población para el período 2014/2016 de la FAO ubicaban el mismo en 3 533 kilocalorías diarias, una cifra que supera en 3,3% la de diez años atrás. Los resultados de la producción agropecuaria mostraron un resultado discretamente positivo en el primer semestre. No obstante, será necesario importar 1 661 millones de dólares en alimentos en el año, cifra prácticamente similar a la del año anterior. Finalmente cabe apuntar que los precios de los productos agrícolas que se venden sin subsidios en el mercado interno se resisten a la baja.[6]
Por otra parte, los precios elevados se compensan en parte en el 2017 mediante un subsidio presupuestario de 3 740 millones de pesos para los productos que se entregan por la libreta de abastecimientos y se cubren gastos sociales por 36 554 millones que abarcan los costos de los servicios de salud, educación, seguridad y asistencia social, así como las tarifas subsidiadas de la electricidad, gas, agua, teléfonos y transporte público.
En relación a este último aspecto, se reportó un incremento en la transportación de pasajeros, sobrecumpliendo el plan en un 7,4%, pero sobre la base de los porteadores privados, cuyas tarifas no se han podido regular en la misma medida en que no ha aumentado la oferta de transporte público necesaria. En este sentido, se trabaja en el impulso a variantes que incluyen esquemas de transportación gestionados por el Estado para transportistas privados con cierto nivel de aseguramiento en combustible, piezas de repuesto y tarifas reguladas, que deberán probarse en la práctica durante los próximos meses.
Otro elemento de notable importancia informado en la ANPP, fue la situación de la vivienda.[7]
El déficit habitacional alcanza en estos momentos más de 883 000 viviendas –de ellas 206 000 en la capital-, lo que representa un 47,1% más que lo registrado a inicios de los años 2000, cuando el mismo era de 600 000 unidades. No obstante, debe tomarse en cuenta que solo entre el 2005 y el 2016, fueron afectadas 1 197 283 viviendas por los huracanes que azotaron el país –alrededor del 30,8% del fondo habitacional registrado por el Censo del 2012-, de las cuales 147 580 fueron destruidas totalmente, un 12,3%.[8]
Por otro lado, a partir de las limitaciones de la capacidad constructiva del país –tanto en recursos materiales, como en fuerza de trabajo- el promedio anual de viviendas terminadas, que entre el 2000 y el 2009 fue de 42 091, pasó en los últimos 7 años a 27 761, un 34% menos y en el presente año el plan cubre solamente 22 723 viviendas. En este sentido, si bien la política de créditos y subsidios a la construcción por esfuerzo propio de la población puesta en práctica en el 2012 ha permitido la terminación de 50 351 viviendas –el 52,3% del total-, el resultado es insuficiente.
Al respecto debe tomarse en cuenta que la carencia de viviendas tiene una incidencia que va desde la estabilidad laboral, pasando por la tasa de divorcios, la tasa de natalidad y la tasa migratoria, por lo que influye en el futuro desarrollo del país en múltiples aspectos.
V
Durante el primer semestre de 2017 se obtuvo un crecimiento modesto, pero importante ya que demuestra la validez de las medidas adoptadas para rebasar la recesión del pasado año y crear mejores condiciones para el plan del 2018.
Sin embargo, tal y como planteó el ministro de Economía y Planificación en la Asamblea Nacional “Debemos ser conscientes de que el conjunto de problemas acumulados no podrá resolverse en toda su magnitud en el corto plazo y que su solución depende de que trabajemos con mas integralidad, donde prevalezca la organización, el rigor y la disciplina.” (Cabrisas, 2017).
Tomando en cuenta la situación que se enfrentará precisamente en el corto plazo, -donde resulta evidente que todo proceso de cambios presenta costos que es inevitable asumir- es conveniente revisar un conjunto de medidas que pueden ayudar a resolver los problemas que se enfrentan con una mayor efectividad.
Entre ellas cabría señalar las siguientes.
--La introducción de los mecanismos de mercado puede contribuir a elevar la eficiencia, especialmente en la gestión empresarial, pero también tiene costos que deben compensarse por el Estado tomando en cuenta sus negativos impactos sociales, incluyendo el incremento en la desigualdad de ingresos –especialmente a partir de los que no provienen del trabajo-; la extensión de prácticas mercantiles a todos los espacios de la convivencia social; la especulación y las prácticas monopólicas; así como la acumulación de riquezas a un nivel incompatible con los objetivos del socialismo.
--La retribución al trabajo juega un papel determinante en el impulso a la productividad del trabajo y la eficiencia de la gestión económica en general. Si bien el pago de acuerdo a los resultados se justifica completamente en la esfera empresarial –donde ya comienzan a observarse importantes resultados- este no puede ser el mecanismo de retribución que se aplique en actividades presupuestadas de importancia capital como la educación y la ciencia. Es preciso –por tanto- ponderar lo que representa la erosión de la fuerza laboral más calificada del país –que no es posible reponer a corto plazo- frente a las limitaciones del incremento gradual de su retribución por la vía presupuestada, máxime tomando en consideración que existen mecanismos que permiten compensar el déficit presupuestario mediante la deuda pública y la elevación de los ingresos fiscales a través gravámenes específicos, entre otras alternativas.
--Es posible elevar la capacidad de acumulación del país mediante fondos de inversiones conjuntos que se creen utilizando las remesas y el capital del Estado con ese fin. Existen experiencias internacionales que avalan esta posibilidad, cuyas potencialidades no son pocas si tomamos en cuenta que se estima que los envíos de dinero a Cuba se sitúan en torno a 3 000 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente un 50% se emplean como capital del trabajo del sector no estatal.
--Resulta indispensable elevar la presencia de la inversión extranjera para acelerar el desarrollo de la economía. Si bien no es posible obviar el obstáculo que representa la presencia del bloqueo económico de Estados Unidos –ahora reforzado por la Administración Trump-, es posible tramitar con mayor agilidad los proyectos dirigidos a invertir en Cuba; valorar adecuadamente en las negociaciones con los socios foráneos lo que representa el factor riesgo y su valor financiero en los acuerdos a lograr; no tomar en cuenta solamente grandes proyectos que implican el desembolso de fuertes sumas de dinero a la hora de abrirse a negocios y tomar en cuenta emprendimientos de mediano e incluso pequeño porte, pero de importancia por su impacto en los potenciales inversores, así como reforzar la capacidad de ejecución de las inversiones del país para también apoyar así la inversión extranjera.
--Finalmente, para estabilizar los ritmos de crecimiento que se demandan, resulta indispensable asegurar los recursos energéticos que el país requiere para su normal funcionamiento, tomando para ello los créditos que resulten necesarios en las mejores condiciones posibles.
A pesar de la adversa coyuntura que se ha debido enfrentar durante el pasado año y lo que va del presente, las medidas fundamentales que se han venido adoptando demuestran que existen condiciones para que la economía cubana remonte las dificultades y garantice la creación de condiciones para un desarrollo sostenible en los próximos años.
Notas:
[1] Ver Lineamientos (2011, p. 10).
[2] Solamente en el primer semestre del año se pagaron 2 306 millones de dólares por servicio de la deuda. Ver Cabrisas (2017).
[3] Ver Doimeadios (2017).
[4] Ver Granma (2017, p. 2).
[5] Ver Trabajadores (2017, p.4)
[6] Estos precios se estima crecieron entre el 33 y el 39% de 2006 a 2015. Ver Anaya y García (2016, p. 18)
[7] Ver Tamayo (2017)
[8] Ver ONEI (2017, p. 46)