La gestión de la política social y económica de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) de un país sigue procedimientos cada vez más especializados. A la altura de nuestro siglo, donde el acceso a la inmensa mayoría de la información que ha generado la humanidad tiene que ser ubicuo, se precisa que todo lo que sea producto del conocimiento y que contribuya al bienestar de las personas llegue a realizarse, a aplicarse, con la mayor celeridad. Eso se traduce en la mayor riqueza, si medimos así ese bienestar.
Muchos gestores de las CTI en nuestra Patria utilizan el término “cerrar el ciclo” cuando se refieren a una investigación que se logra llevar a la práctica. Y además se suelen preciar, muchas veces con toda justicia, que ese “cierre de ciclo” se efectuó en la misma entidad donde se generó el conocimiento. Afirman con orgullo: “¡Aquí trabajamos a ciclo cerrado!”.
Releyendo un clásico cubano, el primer tomo de los “Elementos de Física” de Manuel F. Gran[1], encontramos una imagen con la que el autor introduce el concepto termodinámico de ciclo: “Cuando un conjunto de transformaciones del sistema es tal que el estado final es idéntico al inicial, se dice que el sistema ha cumplido un ciclo de transformaciones”. Más tarde aclara: “Algunos dicen ciclo cerrado en vez de ciclo.” El concepto de sistemas que realizan movimientos o cambian periódicamente es abarcador en la Física. Con ellos también se explica una parte de la realidad tan importante como las ondas electromagnéticas y acústicas. En un ciclo físico se llega siempre al mismo sitio o situación de la que se partió. Solo cambia el tiempo.
El orgullo de un gestor científico de completar la aplicación de su ciencia no puede ser opacado por la consideración escolástica de una definición de las ciencias naturales. Sin embargo, la incorrección física en el uso del término si puede ayudarnos para razonar algo mucho más útil en términos de política científica: la aplicación de un conocimiento científico por la misma institución que lo produjo es una loable excepción pero no debería ser regla ejemplar.
El éxito reciente de países inmensos como China y Japón, que no progresaron mientras fueron cerradamente autárquicos, solo se ha alcanzado abriendo sus CTI al intercambio internacional, eslabonando sus esfuerzos especializados con los de diferentes entidades y países. Ese eslabonamiento puede comenzar en una mesa de diseño en Alemania, pasar por innumerables mesas de diseño y fábricas en China y terminar vendiéndose en una tienda de Nueva York. Ellos guardan también celosamente, con toda seguridad, que todo aquello que sea sensible a su soberanía nacional reciba una atención y cuidado especial.
En el caso de nuestra Patria, la meritoria acción de una universidad o centro de investigaciones de aplicar por si mismo el resultado de sus investigaciones es digno de reconocimiento y elogio. Sin embargo, generalmente es también una clara indicación de que la gestión nacional de las CTI se muestra ineficaz. Tenemos un ejemplo exitoso en el caso de la primera vacuna sintética comercial del mundo, producida y aplicada en Cuba a inicios de este siglo. Una correcta indicación y supervisión gubernamental logró que un resultado científico pedido a y obtenido por la Universidad de La Habana con algún apoyo internacional[2], fuera convertido en una vacuna aplicada a nuestros niños gracias al eslabonamiento de los esfuerzos de muchas instituciones de diferentes organismos. Ninguna de ellas podía por si misma producir la aplicación final, pero la cooperación gestionada centralmente si lo logró.
Lamentablemente esta no es la generalidad y esa gestión nacional fidelista de eslabonamiento de esfuerzos suele estar ausente. Muchos entes productivos y de servicios tienen necesidades imperiosas de aplicaciones de las CTI y ocurre que no se dirigen a contratar a uno de nuestros centros científico – tecnológicos para resolverlo. De hecho, esos procedimientos no están bien establecidos en las relaciones económicas internas de nuestro país. Aquí las universidades y centros de investigaciones son generalmente “unidades presupuestadas” que responden a normas y restricciones económicas heredadas de patrones fracasados. No pueden actualmente gestionar los recursos monetarios que ingresan por pago de alguna acción comercial realizada. Cualquiera de nuestras “unidades presupuestadas” sería en cualquier país una “organización no lucrativa” que puede hacer de todo con el dinero menos usar la plusvalía para llenar los bolsillos de alguien.
En muchos casos, las necesidades de CTI de nuestras empresas y otras entidades se van a buscar y contratan fuera del país y al estilo “llave en mano”. Los costos con que pagamos así a los que hacen ciencia y tecnología en el extranjero suelen ser muy caros, para beneficio de ellos y en detrimento nuestro. Si se le contrata a una empresa extranjera el desarrollo de nuestro sistema de ferrocarriles, por ejemplo, no solo les compraremos “los hierros” que quizás no podamos producir aquí aún, sino también todo el saber de diseñar y poner en práctica tal sistema. Ese saber muchas veces está en los libros y las revistas especializadas a nuestro acceso por nuestros ingenieros y especialistas. Paguemos a los nuestros al menos una fracción razonable de lo que cobrarían los extranjeros y veremos cómo regresan del sector privado al estatal para servir a toda la sociedad en lugar se ser camareros en una “paladar” o choferes de “almendrón”.
El paradigma de gestión de la ciencia y la tecnología de un estado socialista próspero y sostenible debería ser el eslabonamiento de esfuerzos especializados y sincronizados, que provengan de donde deban provenir, para lograr la mayor riqueza y potenciar nuestra sabiduría. Tenemos ejemplos de que “si se puede”.