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El estado del proceso de negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos

Apenas año y medio después de haberse anunciando la decisión de iniciar un proceso encaminado a normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, conviene hacer un balance del mismo, toda vez que muchas veces la percepción de las personas transita desde el criterio de que todo está resuelto, hasta los que afirman que casi nada se ha avanzado, y la respuesta no parece estar en estos extremos.

A veces sorprende la rápida evolución que han tenido las negociaciones en ciertos asuntos. Se restablecieron relaciones diplomáticas, se han concretado acuerdos en diez áreas de interés común y se negocia con buenos augurios en decenas más, lo que demuestra la existencia de una complementariedad determinada por la condición de vecinos y otras exigencias internacionales.

Uno de los elementos más llamativos, pasado por alto por muchos analistas, han sido las premisas políticas y la organización bajo las cuales se ha conducido este proceso. Ambas partes han reconocido que se negocia en condiciones de igualdad y respeto mutuo, lo cual es particularmente importante para Cuba, y ha sido creada una comisión bilateral que orienta y controla las negociaciones.

Por demás, en ellas han intervenido una gran variedad de instituciones estatales, las cuales establecen sus relaciones específicas, lo que facilita la comunicación a escala instrumental y el diálogo entre los funcionarios especializados, un antídoto contra los estorbos que generalmente crea la burocracia a otros niveles.

Presentes también en las negociaciones, hay temas que reflejan las disputas existentes, cuya solución es mucho más compleja, debido a que definen la naturaleza de las relaciones posibles.

Algunas son de carácter sistémico y tienen que ver con diferencias antagónicas que difícilmente encontrarán solución en el futuro predecible. No obstante, existen otros que pudieran resolverse, si existe la voluntad de las partes y coyunturas que faciliten los acuerdos.

En este caso está el tema de las exigencias de compensaciones mutuas. Este asunto tiene antecedentes en muchas partes del mundo y generalmente se han encontrado fórmulas para satisfacer los reclamos de los contendientes. En el caso de Cuba y Estados Unidos, llegado el momento oportuno, no hay razones para pensar que esto no sea posible.

La mayor parte de los analistas consideran que los días del bloqueo están contados, aunque nadie puede asegurar cuándo y cómo tendrá lugar su eliminación. Incluso ambas partes coinciden en la necesidad de finalizar con esta política y lo que se discute es el alcance de las medidas ejecutivas que pudiera tomar el gobierno de Obama para restarle eficacia y facilitar el avance del proceso, a pesar de los obstáculos que representa.

De cualquier manera, incluso aunque estas medidas ejecutivas se extiendan y algunas enmiendas congresionales puedan disminuir su valor práctico, mientras exista esta política, amparada por las leyes que la regulan, resultará imposible hablar de una relación normal entre dos naciones soberanas.

El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su negativa a discutir el cierre de la Base Naval instalada en el territorio cubano de Guantánamo e incluso han aparecido propuestas de enmiendas en el Congreso que pretenden blindar esta posición, complicando aún más el asunto.

Ni siquiera el discurso político norteamericano hace énfasis en el tratado bilateral a perpetuidad que la ampara hace más de un siglo, debido a su falta de legitimidad política y legal de cara al orden internacional y las violaciones de que ha sido objeto. El argumento entonces se reduce al “interés nacional” de Estados Unidos, una posición que ni siquiera tiene fundamento en las necesidades de su defensa, toda vez que en diferentes momentos los militares norteamericanos han dicho que se trata de una base obsoleta para tales fines.

En cualquier caso, todo indica que continuará siendo un tema de fricción entre los dos países, aunque históricamente Cuba ha evitado que constituya una excusa para agudizar las tensiones y en estos momentos existe un clima de convivencia, que incluye contactos regulares entre los militares de ambas partes.

Los llamados “programas para la promoción de la democracia”, forman parte de la política exterior estadounidense y constituyen motivo de contradicción con muchos países, dado que, cuando no son el resultado de acuerdos bilaterales, resultan violatorios de las soberanías nacionales.

En el caso de Cuba han tenido el objetivo declarado de estimular y financiar a la oposición externa e interna y en ellos se invierten no menos de veinte millones de dólares anuales, con el paradójico resultado de que en muchas ocasiones sirven para financiar a los grupos que se oponen a la política de Obama hacia Cuba, con muy escasa capacidad de convocatoria interna.

Difícilmente Estados Unidos renuncie a una práctica que considera le viene dada por derecho hegemónico en el mundo y forma parte de sus objetivos estratégicos hacia Cuba. No obstante, de continuar el proceso hacia la normalización de las relaciones, pudiera tornarse menos específica y agresiva, más respetuosa, al menos desde el punto de vista formal, de la soberanía cubana, con lo cual no se resuelve el problema, pero se amplían los rangos de negociación respecto a este asunto.

El problema migratorio tiene tal importancia para ambos países, que durante muchos años fue el único tema de negociación entre las partes. En la actualidad, las conversaciones bilaterales se desarrollan de manera normal y existe un alto nivel de cumplimiento de los acuerdos firmados en 1994, por lo que al parecer, hasta ahora, ambos países están satisfechos con lo pactado.

El problema principal es la aplicación de la interpretación pie seco/pie mojado para la aceptación de inmigrantes ilegales que pisan suelo norteamericano. Tal política se aplica solo a los migrantes cubanos, responde a una decisión ejecutiva que no tiene fuerza legal e implica más problemas para Estados Unidos que para Cuba, toda vez que muchas de las estas personas abandonan legalmente el país. Es de esperar que entonces que más temprano que tarde se suspenda esta práctica, aunque ello, por sí solo, no eliminaría el problema de la migración ilegal y se requeriría de otro tipo de negociaciones para enfrentarlo.

Vinculado con esto está la aplicación de la Ley de Ajuste de 1966, la cual ha devenido la sombrilla política que justifica la excepcionalidad con que son tratados los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.

En realidad, mirado en términos estrictamente legales, la Ley de Ajuste no constituye un problema “migratorio” para Cuba, ya que no fue diseñada para aceptar el ingreso de los inmigrantes, sino para resolver su estatus legal, una vez establecidos en Estados Unidos.

Por otro lado, sus consecuencias han sido tan contradictorias, que ahora es la extrema derecha cubanoamericana la que plantea su revisión, toda vez que favorece la inserción política de los nuevos inmigrantes, la mayoría de los cuales hoy votan en su contra.

Lo justo sería que, más que abolirla o mantener su exclusividad respecto a los cubanos, la Ley de Ajuste se aplicara a todos los inmigrantes legales en Estados Unidos, dado que ha demostrado ser más humanitaria y efectiva para facilitar el asentamiento de estas personas, en condiciones que benefician a toda la sociedad norteamericana.

Sin embargo, quizás sería mucho pedir dentro del clima xenófobo que hoy impera respecto al problema migratorio en ese país y otras partes del mundo, por lo que el futuro más probable es que se eliminen los privilegios que actualmente disfrutan los cubanos y tengan que pasar por las vicisitudes que caracterizan el tratamiento a la mayoría del resto, sin importar cuál sea el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

De cara al futuro, será muy difícil para cualquiera que resulte electo presidente de Estados Unidos desconocer lo que se ha avanzado en el campo de las relaciones con Cuba, los beneficios concretos que ha reportado a ambos países y la existencia de un consenso bastante extendido a favor de la continuidad de este proceso, aunque tampoco podemos asegurar su irreversibilidad, debido a la infinidad de variables que pueden incidir en su destino.

En verdad, vivimos en un mundo donde prevalece la incertidumbre, y esa es otra característica del llamado “proceso hacia la normalización de relaciones” entre Cuba y Estados Unidos.

(Tomado de Progreso Semanal)