Cubadebate

La experiencia histórica indica que ningún país es capaz de desarrollarse si no cuenta con un flujo de recursos financieros externos.

En el caso de Cuba la economía logró crecer a un ritmo medio anual de alrededor de un 3% en los últimos 55 años, en un contexto donde se pudo contar con el apoyo financiero de los antiguos países socialistas europeos hasta 1989, al tiempo que se lograba enfrentar la crisis del Período especial en los años 90 y el negativo impacto del bloqueo económico de Estados Unidos que le ha costado 121 000 millones de dólares al país hasta el 2014.

Sin embargo, a pesar de los ritmos de crecimiento obtenidos, el país no alcanzó a realizar los cambios estructurales indispensables para reducir su nivel de dependencia externa y sostener –al mismo tiempo- el avance social acumulado en todos estos años.

Los obstáculos que impidieron esos cambios pocas veces se han valorado adecuadamente, especialmente en lo referido a la enorme deuda social que tuvo que enfrentar la Revolución al triunfar en 1959 y la necesidad de satisfacer necesidades inaplazables de las que dependía el apoyo político a las transformaciones revolucionarias; el significativo volumen de recursos que los cambios en la estructura económica del país demandaba para romper el elevado nivel de dependencia de Estados Unidos y de la economía externa en general[1]; así como el impacto del bloqueo y las agresiones norteamericanos sobre todos los aspectos de la vida en nuestro país.[2]

En este sentido vale la pena subrayar que las obligaciones asumidas a lo largo de estos años fueron honradas en la medida en que el país contó con los recursos indispensables para ello. Ejemplo de eso fue el proceso para renegociar el pago de la deuda en moneda libremente convertible acordado con el Club de París en 1982, que permitió cubrir el servicio de la misma hasta el verano de 1986, cuando la política de ajuste que se quiso imponer por los acreedores a las autoridades cubanas, llevó a una ruptura de los acuerdos alcanzados. De otro lado, el pago de la deuda que -con posterioridad a la desaparición de la URSS comenzó a reclamar en 1992 el gobierno ruso-, fue valorada por Cuba a partir del principio de obligaciones mutuas, tomando en cuenta los daños y perjuicios provocados por la virtual ruptura de vínculos económicos que se produjo con posterioridad a 1991 entre los dos países.[3]

De forma general puede resumirse que el país a inicios de los años 90 debía enfrentar una deuda de unos 17 039 millones de dólares reclamados por Rusia[4] y 6 165 millones de dólares demandados por los acreedores del Club de París, en total 23 204 millones, que representaban el 118% del PIB de 1990.

No obstante, aun en medio del Período especial, se trató de llegar –infructuosamente- a acuerdos con los acreedores para renegociar estos pagos, a lo que debe añadirse que Cuba se vio imposibilitada de hacer frente a todos los adeudos –salvo créditos comerciales de corto plazo- durante varios años, lo que provocó el cierre casi total de nuevos créditos hasta aproximadamente 1996.[5]

A pesar de las dificultades, durante los años 90 se mantuvo la posición del Gobierno cubano para buscar alternativas de solución al pago de la deuda externa, alcanzándose algunos acuerdos parciales con China y también con algunos acreedores privados de otros países.

Ya a partir del año 2000 la situación comenzaría a modificarse. Al respecto se señala “En mayo de 2000, Cuba firmó un acuerdo bilateral para renegociar el pago de deuda pendiente con Alemania por 115 millones de dólares en deuda de corto, mediano y largo plazo. En ese mismo año se reestructuró la deuda comercial con China, que se estima en alrededor de 6 000 millones de dólares, y se firmó otro acuerdo con Japón en el que se condonaron 130 000 millones de yenes (alrededor de 1 400 millones de dólares) pendientes con los acreedores comerciales japoneses desde la década de 1980 y el resto se acordó su pago en 20 años.”[6] En estos procesos de renegociación se avanzó notablemente en los siguientes 4 años, y al cierre del 2004 se logró reducir la deuda activa[7] al 14,1% del PIB y la deuda total al 33,6%.[8]

Sin embargo, la situación financiera externa del país se complicó notablemente a partir de la crisis energética que se enfrentó durante el segundo semestre del 2004 como consecuencia del colapso de una parte significativa del sistema de generación eléctrica, que llevó en pocos meses a disponer de solo el 38% de la capacidad instalada, creándose el peligro de una paralización de la actividad económica y social de la nación. Esta situación obligó a la compra acelerada de equipos de generación descentralizada de electricidad para cubrir los déficit, operación que –por su volumen financiero y complejidad técnica- tardaría varios años en  completarse.[9]

En relación a la política dirigida a lograr un uso más eficiente de los recursos financieros externos, ya desde marzo de 2003 comenzaron a adoptarse medidas para alcanzar un mayor control en el uso de la divisa por parte de las empresas estatales, proceso que se aceleró durante el segundo semestre de 2004 hasta llegar a una centralización de todos los cobros y pagos en MLC, medida instrumentada a través de la Resolución Nº 92 del BCC de fecha 29 de diciembre de 2004. Esta medida emergente se derivó de la elevada erogación en divisas que el país debió afrontar a partir de la crisis en la generación eléctrica.

Por otra parte, un alivio significativo a la falta de liquidez en divisas convertibles se obtuvo a partir de la decisión tomada en diciembre de 2004 por el presidente venezolano Hugo Chávez, de valorar como bienes transables la colaboración en la esfera de los servicios sociales que venía brindando Cuba a partir de 1999. A partir de ese momento Cuba comenzó a compensar con la exportación de servicios la factura petrolera venezolana y obtuvo –adicionalmente- recursos líquidos en moneda convertible, lo que implicó que la balanza comercial mantuviera a partir de entonces un saldo positivo y representó un notable alivio a los déficit de la balanza de pago para poder enfrentar el pago de una deuda externa que se estimaba en unos 13 761 millones de dólares en el 2004.

Esas condiciones relativamente más favorables fueron impactadas negativamente por la crisis económica internacional en el año 2008 cuando se dio simultáneamente un aumento en el precio de alimentos y de los combustibles, lo que provocó que el déficit de cuenta corriente se elevara a 2 309 millones de pesos y la deuda externa total estimada alcanzara los 19 100 millones, lo que representó el 25,4% del PIB de ese año. Adicionalmente, el país sufrió también el efecto destructor de 3 huracanes, que causaron pérdidas cercanas a los 10 000 millones de dólares.

La volatibilidad de la economía internacional, unida a la vulnerable situación financiera del país, llevó a replantearse la política económica vigente entonces y a la necesidad de trabajar para alcanzar la sustentabilidad del proceso de reproducción de la economía cubana con recursos propios en el mediano plazo.

De este modo, los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI Congreso del PCC en el 2011 destacaron entre sus objetivos básicos la necesidad de enfrentar “Soluciones a corto plazo, encaminadas a eliminar el déficit de la balanza de pagos, que potencien la generación de ingresos externos y la sustitución de importaciones…” en tanto que se orientó específicamente reordenar la deuda externa e implementar una política para la obtención de nuevos créditos y para el control del nivel de endeudamiento máximo posible para el país.[10]

La atención priorizada al tema del financiamiento externo en las actuales circunstancias, se ha convertido en un elemento central de la estrategia económica dirigida a crear las condiciones para un desarrollo sustentable a corto plazo. Esto se evidencia si tomamos en cuenta que se requiere elevar el nivel de nuestras inversiones –que han representado en los últimos años solo alrededor del 10% del PIB- hasta más el 20% mediante la promoción de la inversión extranjera directa (IED), ante la insuficiencia de recursos propios para ello. Este proceso se ha acelerado a partir de la creación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) (2013), la promulgación de una nueva Ley de Inversión Extranjera (2014) y la emisión de la Cartera de Oportunidad de Proyectos para la Inversión Extranjera (2014 y 2015).

Sin embargo, el impulso que requiere la IED –que se ha afirmado debe alcanzar un nivel entre 2 000 y 2 500 millones de dólares anualmente a mediano plazo- no avanzaría si el país no enfrenta los pagos vencidos de la deuda externa,[11] proceso indispensable para crear el clima de confianza que demandan los negocios con el capital extranjero.

Este proceso se ha desarrollado favorablemente mediante una adecuada renegociación de la deuda y el pago puntual de su servicio.

En efecto, pasando rápidamente revista a lo ocurrido, en 2013-2014 se acordó la cancelación del 90% de la deuda con la antigua URSS, que según cifras rusas, alcanzaba los 35 000 millones de dólares, pactándose el pago restante a 10 años en condiciones favorables; también en 2014 se renegoció  la deuda con México por 487 millones de dólares, que se canceló en un 70% con facilidades para su pago durante más de 10 años; en diciembre de 2015 se renegoció la deuda con el Club de París por 11 100 millones de dólares, la que se condonó en un 70%, con un pago restante durante 18 años en cuotas gradualmente crecientes. Finalmente, este año el gobierno francés anunció la cancelación de 3 700 millones de euros de intereses moratorios acumulados por la deuda cubana y se inicia un proceso similar con el gobierno de España.

El impacto favorable de lo sucedido a partir del 2013 en nuestras relaciones financieras externas difícilmente puede ser exagerado. Así, en 2014 viajó a Cuba una delegación de hombres de negocio mexicanos que identificaron 50 posibles proyectos de inversión en Cuba, de los cuales ya se comienzan a registrar varios en la ZEDM; en el verano de 2015 una delegación de inversionistas españoles visitó nuestro país y se anunció de que dispondrían de 40 millones de euros para estudiar el mercado cubano, donde se valoraba una inversión de unos 400 millones de euros adicionales. Por último, el gobierno ruso otorgó el pasado año un crédito por 1 200 millones de dólares para la rehabilitación de centrales termoeléctricas y otros objetivos priorizados y se anuncia la creación de un fondo de inversiones para continuar ampliando los negocios con Cuba.

También vale la pena apuntar que la agencia calificadora de riesgos Moody’s, mejoró –por primera vez- la calificación de riesgo crediticio de Cuba de estable a positiva en diciembre de 2015.

La transformación que se observa en la valoración financiera internacional de nuestro país ha venido ocurriendo a pesar de la desfavorable perspectiva del precio de algunas de nuestras principales exportaciones y de la coyuntura recesiva de los principales socios comerciales de Cuba. Ello se debe al positivo impacto del proceso de normalización gradual de las relaciones entre Cuba y EEUU, especialmente sobre terceros países, pero sobre todo a la consecuente política desarrollada por el gobierno cubano en el manejo apropiado de nuestras finanzas internacionales en los últimos cinco años.

Esto se corresponde con la estrategia trazada en los Lineamientos y ha supuesto también un gran esfuerzo, tomando en cuenta que se estima que el país ha desembolsado 19 206 millones de dólares en los últimos 4 años por concepto de servicio de la deuda, sin que esto represente un endeudamiento creciente, ya que la deuda externa estimada se ha mantenido en una proporción en torno al 30% del PIB, en un marco calculado que puede llegar a entre el 40 y el 45% para asegurar su pago futuro según el gobierno cubano.[12]

El avance que se va logrando para reducir el déficit de la balanza de pagos y la obtención de nuevos créditos, debe ser conocida mejor, ya que traza una ruta de recuperación económica viable, que permite apuntar a tasas de crecimiento superiores al 4%, aun cuando estos avances no tengan una repercusión inmediata en el consumo de la población, pero se crean las premisas indispensables para poner en práctica políticas que permitan su elevación más rápidamente a partir de los recursos que puedan disponerse para ello.

Febrero 13, 2016.