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Acerca de la democracia, la Constitución y el poder de cara al VII Congreso del PCC

El conjunto de las medidas de corte económico que están aplicándose en la sociedad cubana como resultado de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, reclaman que más temprano que tarde se introduzcan cambios en la Constitución de la República como parte del proceso de articulación de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política. Es conocido que en ello se está trabajando, aunque no hay detalles respecto a la metodología que se está siguiendo al respecto ni sobre cuáles instituciones y personas están participando.

Es un paso en extremo importante y requerido del mayor cuidado para evitar que desde la superestructura política se adopten marcos referenciales que permitan un desarrollo descontrolado de las relaciones mercantiles. De ocurrir eso terminaría afectándose el sentido socialista de la construcción social desde la propia institucionalidad.

Es un tema imposible de abarcar en el espacio de un texto breve como el que presento ahora al lector, por lo que solamente haré una aproximación a ciertas claves que considero fundamentales y sobre las que he escuchado distintos criterios como parte de los debates en curso hoy en la sociedad cubana en espacios académicos y culturales.

Sobre la democracia

Democracia en esencia es participación, participación real de la ciudadanía. Suponer que el único modo de alcanzar la democracia es a través de la existencia de partidos políticos que se disputan el poder, significa multiplicar, santificar, la representatividad política en detrimento de la participación popular real, con el peligro adicional en el caso cubano de facilitar la operatividad de los intereses  hegemónicos de los poderes nortecéntricos, en particular los que anidan en el Estado norteamericano, ya que es elemental que alrededor del pluripartidismo se agruparán intereses corporativos exclusivos y excluyentes que no tendrán vocación de articular acciones a favor de la sociedad en su conjunto, dado que si la tuvieran no se agruparían en organizaciones políticas separadas, sino que tendrían la vocación de compartir el poder con todo el pueblo sin reclamar banderías representativas específicas.

El poder económico y político de las trasnacionales y de los estados del primer mundo que las arropan y representan políticamente, no tardarían en desarrollar tácticas de influencia en todos los órdenes, en particular a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales, apoyándose en esas organizaciones que se auto-reconocerán como representantes de los intereses corporativos para los cuales habrían sido creadas.

Siempre he sostenido y sostengo que no es condición para orientar la sociedad con un rumbo socialista, y dentro de este el desarrollo de amplias prácticas democráticas para toda la ciudadanía, que exista una única organización política en la sociedad, como tampoco que tengan que existir varias…

Si la existencia de múltiples partidos fuera garantía de libertad y democracia, este mundo donde predomina el pluripartidismo sería el paraíso terrenal. Pero todos sabemos que no es así.

El capital ha vaciado y viciado los principios declarados por el liberalismo originario demostrando así que el modo de producción capitalista es incapaz de realizar los ideales fundadores proclamados de libertad, igualdad y fraternidad, algo que paradójicamente solo podrá lograr un sistema social negador radicalmente del capitalismo y del liberalismo, lo que no significa negar todos sus valores, sino darles contenido humanista, realizar y enriquecer los más nobles y desarrollar nuevos.

Es muy importante derrotar al neoliberalismo, pero no justificar con ello el liberalismo.

En efecto, hay una tendencia dentro de lo que se considera por muchos en general “izquierda” a rechazar las políticas y prácticas neoliberales, posición sin discusión unificadora, pero la idea de que podrá regresarse en este mundo a un capitalismo no neoliberal como solución a los grandes males que aquejan a la humanidad no pasa de ser una pretensión ilusoria, por más que hoy lo urgente es evitar la catástrofe neoliberal.

Las diferencias sociales, en particular las clasistas, consustanciales al sistema mercantil capitalista y al modo de vida que se desarrolla desde sus estructuras y relaciones sociales, la lógica capitalista del desarrollo desigual generan contradicciones políticas e intereses encontrados que tienen desiguales posibilidades y libertades de expresión.

Aquellas que no cuestionan el sistema tienen más amplias posibilidades y libertades, las que lo cuestionan están restringidas y eso solo mientras no amenazan los intereses fundamentales del capital, ya que cuando eso ocurre funcionan primero todos los mecanismos de la legalidad que genera para su protección el propio sistema y finalmente la represión abierta o encubierta.

Por otra parte, la sociedad capitalista obligada a crecer para existir y generadora del afán de lucro, de la competencia por la ganancia no podrá sino tender nuevamente reproducir las tendencias neoliberales.

Basta un vistazo a la realidad del mundo de hoy para reconocer eso.

Quien vivió la experiencia de lo que fue para Cuba el liberalismo dependiente y hoy aboga por el pluripartidismo en función de “lograr la plena democracia” es alguien con la memoria muy deteriorada o que nunca entendió la historia de Cuba, ni la urgencia de una verdadera revolución, ni compartió los fundamentos de la necesaria unidad nacional para alcanzar los objetivos de justicia social.

Un modo liberal de organizar las estructuras y actividad políticas del país suponiendo que con ello se alcanzará el ideal de la democracia, en condiciones como las actuales de un incremento de las relaciones mercantiles, pondría en peligro inminente al ideal socialista, al abrir paso a esos intereses corporativos y al capitalismo internacional. Los procesos políticos, especialmente los electorales, se viciarán cuando el dinero encuentre las formas para confundir y comprar voluntades y envilecer el voto ciudadano. Sería facilitar por ley, lo que en más de medio siglo el capitalismo no ha podido recuperar en Cuba por la fuerza.

Es muy importante tener presente lo expresado por el compañero Fidel el 17 de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana:

Yo decía que éramos cada vez más revolucionarios y es por algo, porque cada vez conocemos mejor al imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposible. 

Habían engañado al mundo.  Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados.  No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado: la mentira afecta el conocimiento; el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar.  Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar, porque ya te crearon reflejos:  “Esto es malo, esto es malo; el socialismo es malo, el socialismo es malo”, y todos los ignorantes y todos los pobres y todos los explotados diciendo:  “El socialismo es malo.”  “El comunismo es malo”, y todos los pobres, todos los explotados y todos los analfabetos repitiendo: “El comunismo es malo.”

“Cuba es mala, Cuba es mala”, lo dijo el imperio, lo dijo en Ginebra, lo dijo en veinte lugares, y vienen todos los explotados de este mundo, todos los analfabetos y todos los que no reciben atención médica, ni educación, ni tienen garantizado empleo, no tienen garantizado nada:  “La Revolución Cubana es mala, la Revolución Cubana es mala.”  “Oiga, que la Revolución Cubana hizo esto y esto.”  “Oiga, que no hay un analfabeto.”  “Oiga, que la mortalidad infantil es esta.”  “Oiga, que todo el mundo sabe leer y escribir.”  “Oiga, que no puede haber libertad si no hay cultura.”  “Oiga, no puede haber elección.[1]

Igualmente vale recordar lo que dijo recientemente Raúl en la ONU:

Los sistemas electorales y los partidos tradicionales, que dependen del dinero y la publicidad, son cada vez más ajenos y distantes de las aspiraciones de sus pueblos.[2]

Garantizar el pluralismo político, el derecho de los ciudadanos a tener su propia opinión, sea esta cual sea, y a ser escuchado en libertad implica, en primer lugar, transparencia informativa en los marcos que establece la ley. Esta transparencia debe ser entendida no solo como la capacidad de dar espacio en los medios a esa diversidad de opiniones, sino también mantener debidamente informada a la ciudadanía acerca de las realidades del país.

La agenda pública debe pautar la agenda mediática, a la par que la agenda política en la sociedad socialista cubana debe identificarse con los intereses de la ciudadanía, propiciar su derecho y ejercer su influencia política en el terreno de la diversidad de opiniones consustanciales a la realidad del pluralismo político.

Ese diálogo es precisamente un elemento importante de la democracia, junto con la democracia del pan, del trabajo, de la vivienda de la educación, de la salud, de la protección de la niñez y de la tercera edad, de la seguridad social, de la independencia y la soberanía nacional.

El reconocimiento por el Estado de la diversidad de opiniones, del conflicto y de la multiplicidad de intereses y de su derecho a la visibilidad pública dentro del marco establecido por la ley es aún una asignatura pendiente en Cuba y asunto a resolver para alcanzar toda la democracia posible.

El poder popular

Si algo fue creativo, no exento de errores como suele ocurrir con cualquier obra y pensamiento humanos, fue el modo en el que se organizó en la década del 70 el poder popular en Cuba.

Es cierto que, al igual que en los países socialistas, particularmente en la URSS, cuyas experiencias fueron revisadas y no pocas copiadas en el terreno económico y organizativo, se incluyó en nuestra Constitución un artículo que establece la condición de fuerza dirigente superior de la sociedad cubana al Partido Comunista de Cuba.[3]

Pero el significado, la virtualidad y la práctica de esta premisa constitucional más allá de su origen, del momento en que se adoptó, tuvieron como todavía tienen en la sociedad cubana una significación propia que no dependió del hecho de haberse incluido en 1976 en la Constitución refrendada por el voto abrumadoramente mayoritario de la sociedad cubana, sino que fue consecuencia ante todo del prestigio ganado por el PCC, de sus dirigentes, cuadros y militantes.

El abrumadoramente mayoritario Sí a la Constitución de 1976 fue un voto de aceptación por las mayorías ciudadanas del papel dirigente del partido, pero también tiene una raíz histórica que nos viene del legado martiano, que si bien al fundar el Partido Revolucionario Cubano no postuló, ni mucho menos, que tenía que ser el único, si lo calificó así: “El partido existe, seguro de su razón, como el alma visible de Cuba”.[4]

Ese partido, creado para asegurar la cohesión de los cubanos alrededor del ideal independentista, patriótico e internacionalista, existía “seguro de su razón como el alma visible de Cuba” de la sociedad cubana, de los cubanos.

Su razón era la sociedad misma, el partido como “alma visible de Cuba”. Nada más alto política y éticamente en Cuba. En consecuencia, el alma de la nación, que no es la de nadie en particular, debe visibilizarse en el partido, y solo puede comprenderse y validarse, racional y legítimamente a través del consenso que nutre y constituye la política que traza el partido.

La cohesión de la sociedad es imprescindible, y el partido y la ideología revolucionaria que pauta su comportamiento deben estar en plena identificación con “el alma visible de Cuba” que solo puede identificarse en el consenso.

Eso implica también un diálogo fluido, permanente y abierto en el que, como expresara Fidel, el revolucionario debe no solo persuadir, sino dejarse persuadir por el pueblo.

Había entonces importantes condicionantes históricas y políticas para codificar como razón jurídica el papel del partido en la sociedad cubana, no como única fuerza dirigente, sino como la principal, la superior. Ese papel de fuerza dirigente con la responsabilidad de cohesionar y direccionar la actividad social en general, no le corresponde ni puede corresponderle a la Constitución cuyo papel es el de ser la ley de leyes, la ley primera de la república, arbitrar en la máxima instancia legal de la sociedad los comportamientos de individuos, grupos, instituciones, organizaciones, es decir, los de todos los actores sociales, incluyendo naturalmente al partido.

Prescindir de esa función jurídicamente respaldada de coordinar y direccionar los esfuerzos de toda la sociedad, sería letal en las condiciones actuales y futuras de Cuba, de su contexto regional y mundial. Sería caer en la ingenuidad de pensar que los intereses de la sociedad cubana en su conjunto no están amenazados por el hegemonismo del neoliberalismo y de los poderes nortecéntricos que lo respaldan.

La tendencia deber ser en lo adelante la de empoderar de modo creciente al pueblo, asegurar una mayor y más amplia participación en los procesos políticos. El empoderamiento de la sociedad en sus diferentes ámbitos y planos es una tarea política fundamental para un sólido anclaje del socialismo cubano.

No se necesitan en las condiciones de Cuba más partidos, sino más democracia participativa, para transferir cada vez mayor poder a la sociedad reduciendo gradual y convenientemente las funciones del Estado y consolidando la identificación del partido con la sociedad. Ese proceso no puede ser espontáneo y la entidad que puede embanderarlo en nuestra sociedad es el Partido.

El Partido Comunista de Cuba, que nació del proceso de unidad política de la nación cubana después del triunfo de la revolución, pero abonado desde la etapa de lucha revolucionaria y como consecuencia lógica e histórica de esta, recibió del pueblo que aprobó la Constitución de 1976 esa condición jurídica, lo que significa que se debe a esa Constitución, que su primer deber es garantizar su realización práctica. En modo alguno significa que el partido está por encima de la ley, sino que es el primer garante del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Leyes, lo cual incluye natural y elementalmente a sus militantes y cuadros, ciudadanos del país.

Las vías y modos de expresión de la libertad política[5], del pluralismo político y del pluralismo en general, en el marco que establece la ley y finalmente quede establecido en la reforma constitucional, deben estar pautados por una ley de comunicación o ley de prensa, o cualquier otra denominación propicia y su correspondiente reglamento de manera que se asegure en ese plano toda la democracia posible.

La reforma constitucional en ciernes no es homologable por sus características, magnitud y trascendencia a las anteriores reformas y requerirá de un amplio y exhaustivo proceso de debate social que debe hacerse sin pausa, pero sin prisa, ya que en ello se juega el destino del país y es obvio que no alcanzaría el grado necesario de legitimación si no se aprueba mediante referendo.

En consecuencia, cada una de las transformaciones que se propongan debe ser objeto de un profundo debate en el que sean ampliamente desmenuzados los porqué, los posibles efectos directos y secundarios, las principales contenidos de las reglamentaciones que sean eventualmente necesarias, diálogo en el que se ofrezca a la sociedad toda la información y valoraciones que permitan al ciudadano después ejercer con plena conciencia su voto en el referendo.

A los medios de comunicación social corresponderá la misión de servir de referencia social de los criterios que representen el espectro integral de los puntos de vista de la sociedad acerca de los cambios que se propongan. De una u otra manera, todos los espacios informativos y de análisis tendrán que jugar un importante papel en este proceso.

Es que se trata de atemperar la institucionalidad jurídica de la sociedad cubana a los importantes cambios que ya están teniendo lugar en el terreno socioeconómico, así como de pautar constitucionalmente sus alcances y límites, tanto en lo económico como en lo organizativo y lo político.

Y este proceso es más complejo, porque tendrá lugar en un momento en el que en la sociedad cubana hay numerosos criterios respecto del funcionamiento del Poder Popular y se ha registrado una menor participación en los procesos electorales, que si bien sigue siendo muy alta puede estar revelando desgano o apatía, al no sentir esa parte del electorado que no ejerce el voto o lo ejerce negligentemente mediante la boleta en blanco o la anulación, desinterés y desconexión con las estructuras estatales que se renuevan.

Los principios que fundamentan el Poder Popular en Cuba deben mantener su vigencia: la unidad de poderes del Estado, la postulación por el pueblo, la ausencia de privilegios y la no remuneración especial para delegados y diputados, la rendición de cuentas, la revocación, la prohibición de propaganda electoral, etc., pero es fundamental reconocer que el propio Poder Popular en su funcionamiento ha perdido también presencia política y fuerza representativa real entre la ciudadanía. No ha logrado actualizar aspectos esenciales de su funcionamiento en lo tocante a su capacidad movilizadora del electorado, los cambios y los experimentos no han penetrado la esencia de estos problemas, sino que se han dirigido más bien a elementos estructurales y procedimentales, que son válidos, pero no suficientes en lo tocante a la participación.

Los cambios en la construcción, renovación y funcionamiento del Poder Popular tendrán que ser el resultado de diálogos fluidos y amplios con la ciudadanía, pero cabe apuntar algunos temas que podrían ser eventualmente objeto de atención con la finalidad de elevar el papel y la representatividad de los órganos, organismos, delegados y diputados del Poder Popular y ampliar la participación democrática de la población.

Algunas propuestas para el debate

Una vía para ampliar la democracia participativa es la de organizar consultas populares para los diferentes temas que analiza el Poder Popular en los diferentes niveles, así como establecer la práctica del presupuesto participativo dentro de la línea maestra de descentralización del presupuesto. Tales prácticas serían pasos fundamentales para empoderar directamente a la ciudadanía, sin restar importancia a sus representantes elegidos, sino fortaleciéndola.

Emplear con racionalidad, pero cada vez que sea aconsejable, el referendo comunitario, zonal, municipal, provincial o nacional sobre los temas que atañen a los territorios y al país.

Otro modo de ampliar la democracia participativa puede serlo el de promover que desde diferentes sectores del país, centros de producción, de estudio, de investigación, hospitales, organizaciones profesionales, etc. se produzcan propuestas a presentar en las comisiones de candidatura para delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional.

También que las candidaturas resultantes para estas asambleas sometan a la votación del electorado a un número mayor de candidatos para elegir el cupo correspondiente.

Otra variante es la de ampliar los debates de los candidatos entre los electores de manera que se enriquezca la visión que ofrecen las breves biografías que se publican.

Las rendiciones de cuenta -un pilar fundamental de la democracia participativa- pueden ser menos frecuentes (por ejemplo una vez al año) y ser más eficientes, mejor organizadas y preparadas, con participación de los representantes de las entidades que han sido interpelados por los representantes del Poder Popular y que respondan directamente ante los electores, y deben servir no solo para tratar asuntos de interés estrictamente local, sino también territorial, nacional e incluso internacional, ya que los asuntos del país son todos de la incumbencia del Poder Popular y por tanto de sus bases ciudadanas.

Podrían también mejorarse las condiciones para la labor política del delegado, por ejemplo facilitándole que trabaje a medio tiempo o que dedique todo su tiempo a su tarea política si lo requiere para sus funciones. Ello le permitiría un mayor y mejor acercamiento a la cotidianidad del electorado que representa.

Desarrollar una mayor presencia mediática de las experiencias del Poder Popular, las positivas y las negativas, del papel de los electores y sus representantes en ellas, de modo que se enriquezcan los conocimientos de la ciudadanía y con ello su capacidad participativa.

Solo he apuntado algunos elementos que considero pueden ser discutidos y a manera de ejemplo acerca de aspectos que pueden ser mejorados.

El Partido y el Estado

La separación de funciones del Partido y del Estado en modo alguno puede verse como absoluta, simplemente porque los propósitos sociales de ambas instituciones en el socialismo cubano son y deben seguir siendo la justicia social y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Del mismo modo que el Estado no debe verse separado del pueblo y el Partido no debe verse separado del pueblo, el Partido y el Estado no deben verse separados entre sí, lo que no obsta para diferenciar funciones que son específicas de la esencia del papel social de cada expresión política de la república unitaria y democrática cubana.

Sí debe analizarse que su carácter de fuerza rectora superior de la sociedad cubana debe estar también reglamentado, como ocurre con cualquier otro postulado constitucional, una reglamentación que precise el modo en el que se ejerce esa condición en los diferentes ámbitos y niveles en el que se organiza el Partido. Eso falta.

No hay democracia perfecta ni paradigma alguno para construir la democracia socialista cubana

Un principio fundamental es que no se puede sacrificar la democracia verdadera en el altar del liberalismo. Eso ya lo hizo el capitalismo y vemos las consecuencias.

Del mismo modo que el pluripartidismo no es condición sine qua non de la democracia, el hecho de tener un solo partido no significa que esta se practique realmente.

Pero sean cuales fueren las decisiones que se adopten en materia de construcción democrática, lo primero es que sean auténticas en el sentido de constituir conclusiones a partir de nuestra propia realidad.

Ya hemos tenido en Cuba la experiencia de copiar mal lo bueno y bien lo malo, no será ahora que tomemos como modelo las experiencias de otros países donde determinadas medidas, métodos, caminos, han resultado viables (mucho menos las de países capitalistas desarrollados) como si fueran soluciones que necesariamente nos vendrán bien a nosotros.

Es importante -creo que decisivo para el futuro socialista- no adoptar ninguna medida en el orden jurídico y político que signifique un retroceso en relación con lo que ya hemos alcanzado en la experiencia cubana. Por más que experiencias como por ejemplo la vietnamita o la venezolana han resultado ser importantes y válidas en sus respectivas realidades y que sea oportuno y beneficioso conocerlas y estudiarlas, ello no debe ser adoptado como lo que hay que hacer en Cuba.

Un papel importante lo juegan también las tradiciones. La tradición de ejercicio democrático, más amplia, más participativa y más sostenida en el tiempo en nuestro país, la tiene hoy la historia del devenir socialista de la sociedad cubana.

El flaco y nada realmente participativo ejercicio democrático liberal en los 56 años entre 1902 y 1958, iniciado con la coyunda de la Enmienda Platt e interrumpido en dos ocasiones por las dictaduras de Machado y de Batista, no sembraron una tradición en la sociedad cubana medianamente comparable con la lograda por el ejercicio democrático de la revolución socialista.

Lo primero y factor determinante para una participación consciente de la ciudadanía es la instrucción, el conocimiento, la cultura que ha sido un decisivo factor multiplicador de las potencialidades políticas participativas del pueblo, de las grandes mayorías ciudadanas. La riqueza cultural generada por la revolución socialista supera con creces a la alcanzada durante el capitalismo dependiente en el país.

Las sistemáticas consultas a la ciudadanía, la práctica participativa de las organizaciones sociales y profesionales, el papel de los colectivos laborales, de las empresas estatales, de las cooperativas, de las comunidades, etc. han producido un práctica democrática, más allá de sus defectos e insuficiencias, muy superior a la que hubo en la etapa prerrevolucionaria, y ha tenido lugar también con determinadas formas tradicionales de ejercerse, entre ellas el reconocimiento de la necesidad de una organización política que vele por la cohesión de la sociedad y por la observancia de los principios democráticos del socialismo en Cuba refrendados constitucionalmente.

Entre los elementos de esa tradición revolucionaria están también los modos de reproducir los poderes del Estado, el sistema electoral participativo, el modo en que se elige en Cuba al Presidente del país, el papel del Partido como ente político garante de la cohesión de la sociedad alrededor de sus propósitos consensuados.

No será liquidando por decreto estas tradiciones que se alcanzarán los propósitos de conquistar toda la democracia posible, antes bien se debilitarían esos esfuerzos porque no abrirían nuevos espacios para la participación de todo el pueblo en pie de equidad, y en el caso del pluripartidismo se estimularía la formación de centros de gravedad política alrededor de intereses corporativos que terminarían debilitando la cohesión del país haciéndolo vulnerable a los intereses de las transnacionales y de los poderes nortecéntricos.

Va contra la nación, pero también contra el sentido común que exige el más elemental rigor en el pensamiento social, el dejar de tener en cuenta las prácticas que han resultado válidas en la sociedad cubana y suponer que cambiar unas u otras es de hecho la respuesta revolucionaria a la voluntad política de alcanzar como pidiera el Presidente Raúl Castro, “toda la democracia posible”. Tal es el caso, por ejemplo de quienes proponen que el Presidente de la República sea elegido por el voto directo del pueblo y no por la ANPP devenida colegio electoral, o quienes suponen que mejora la situación del país si en lugar de tener varios vicepresidentes haya uno solo.

Tales iniciativas se alejan de lo esencial en el propósito de lograr toda la democracia posible. Sobre las anteriores propuestas cabe preguntarse si la elección directa del Presidente de la República lejos de asegurar más democracia, no tendría el efecto contrario, al legitimar por el efecto de la mayoría de votos válidos en la elección, la concentración de poder en una sola persona, en lugar de la dependencia que tiene actualmente el Presidente de la República del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional que lo elige. O preguntarse, por qué un único vicepresidente de la República, en lugar de los actuales vicepresidentes del Consejo de Estado, uno de ellos primer vicepresidente, cuáles beneficios traería.

Si el Presidente y un único Vicepresidente fueran elegidos por la mayoría de los sufragantes del país (eventualmente no necesariamente por la mayoría de la población adulta) concentrarían un poder que lejos de profundizar la democracia mediante el diálogo con los integrantes del Consejo de Estado y con la ANPP tendería a favorecer sus decisiones individuales. Dudo que entonces eso sería “más democrático”.

Si lograr el funcionamiento real de la democracia dependiera de tales cambios, la vida fluiría como miel sobre hojuelas. Todo eso puede aprobarse y la democracia verdadera quedar en el mismo sitio o incluso retroceder por el debilitamiento o anulación de las tradiciones cubanas en el ejercicio de la política, en el modo de elegir y ser elegido, que son las tradiciones políticas más genuinas de la historia de nuestro país, mientras sigue siendo lo esencial la participación popular incluyendo la participación en los procesos electorales, las garantías del control social, la transparencia informativa, etc.

El Partido

Pero el mismo proceso de diferenciación que se produce en la sociedad cubana como resultado del desarrollo cultural, del intercambio de ideas, de los incrementados flujos de información, se produce también entre los que integran las filas del partido.

El desconocimiento de esa realidad como resultado de la inercia en el comportamiento, los hábitos de hacer la política y de presentar, proclamar y argumentar la ideología, solamente puede conducir al debilitamiento de su accionar aunque con ello parezca que no hay nada que haya cambiado.

De ahí que sea imprescindible propiciar el debate ideológico y político que conduzca al mutuo esclarecimiento en sus filas y generar métodos realmente participativos, en los que como resultado prime aquello que sea consensuado entre su militancia. Los análisis y los debates deben ser conducidos para que produzcan resultados, para que no se pierdan en la dispersión de puntos de vista sin una conclusión práctica para la acción, conducirlos para construir el consenso.

El método de elaborar documentos por grupos de personas, ponerlos a debate, recoger ideas y finalmente que ese mismo u otro grupo de personas decida cuáles aportes se incluyen y cuáles no, mientras no existe en el universo de la comunicación política de los medios y los espacios de reflexión una evidencia colectiva de los diferentes criterios en curso, lastra la participación, obstaculiza el enriquecimiento del debate y finalmente, tanto en el principio con en el fin de la discusión, no primarán los criterios colectivos, sino los de quienes elaboran la propuesta inicial y la final.

No se trata de desconocer la necesidad de la confianza en las instancias partidistas, sino de que esta confianza sea mutua y se exprese en la aceptación de los diferentes puntos de vista en calidad de igualmente válidos y que se propicie un clima en el que haya confianza para expresar cualquier idea sin considerarse ello una indisciplina por desconocer el papel de los organismos superiores.

El centralismo democrático -que justo es reconocerlo no llegó nunca  aplicarse creativamente para lograr todo lo que se esperaba con este principio de dirección política-[6] hoy debe dar paso a un profundo análisis acerca de sus virtudes y defectos, ventajas y desventajas, potencialidades y debilidades.

Lo cierto es que ha sido difícil, a veces imposible, sustraerse a los vicios del pasado del capitalismo dependiente en materia de dirección en la sociedad. El capitalismo ha realizado un doctorado en sacrificar la democracia verdadera en el altar de la democracia formal.

La imposición del capital sobre el trabajo genera una influencia transversal, presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida de la sociedad, se expresa en las relaciones económicas, comerciales, políticas, culturales, familiares…, y tiene como denominador común la imposición de la voluntad de quien tiene la propiedad, el dinero, el capital.

Pero sería superficial pensar que tal comportamiento secular, generador de una cultura de ordeno y mano desaparece si desaparecen los dueños y la propiedad privada, se destruye la maquinaria del estado capitalista y se borra de la legislación aquello que lo respaldaba jurídicamente.

La relación de subordinación, la cultura de ordeno y mando, el verticalismo, permanecen como costumbres, hábitos, elementos de la psicología social, esquemas de entendimiento, “modo natural” de adoptar las decisiones.

En la experiencia cubana la necesidad de defender la sociedad frente a un contexto muy adverso potenciado por el imperialismo norteamericano, creó un espacio para que perviviera y en ocasiones se desarrollara –ciertamente con loables finalidades sociales- el verticalismo en el funcionamiento de las diferentes instituciones de la sociedad.

El liderazgo histórico de la revolución socialista representado por el magisterio ideológico y político de Fidel Castro, su amplia aceptación social que hoy perdura, la confianza depositada en ese liderazgo, permitió la pervivencia de hábitos heredados de las viejas relaciones sociales, sin que sus consecuencias llegaran a ser funestas, aunque naturalmente no sin un costo social.

A la luz de la experiencia vivida, de las desviaciones burocráticas y de los vicios verticalistas y de autoritarismo que anidaron bajo el concepto de "centralismo democrático", su análisis crítico revela que hubo un desbalance de consecuencias muy negativas a favor del centralismo y en detrimento de la democracia, en especial porque se sustrajo al sujeto social su necesario protagonismo, los institutos de dirección sustituyeron a la ciudadanía produciéndose un alejamiento cada vez mayor entre ambos y perdiéndose una importante e insustituible fuente de formación ciudadana.[7]

El PCC nació de la revolución socialista cubana y sus méritos, alcanzados por la disciplina, sacrificio y entrega de la inmensa mayoría de sus miembros y dirigentes con el respaldo y reconocimiento del pueblo, ha acompañado desde su surgimiento al liderazgo histórico en todos los procesos económicos, sociales, políticos y culturales del país y hoy se encuentra ante el desafío que implica aquello que advirtió Raúl cuando expresó que en el pasado tuvimos a Martí, en el presente tenemos a Fidel y en el futuro tendremos al Partido.

Los cambios en el contexto en que tiene lugar el reto de garantizar la continuidad del proceso de la revolución socialista en la sociedad cubana, no incluyen la desaparición de la contradicción entre los intereses del imperialismo norteamericano y los de la nación cubana, por lo que implican un desafío ideopolítico y cultural, mucho más complejo y difícil, en el que esta contradicción se expresará con modos más sutiles y camuflados y en medio de una inevitable progresión geométrica de la información y la desinformación, que solo podrá enfrontarse con posibilidades de éxito para el país si no se descuida la formación ideológica política y si la democracia socialista se desarrolla al máximo en todos los terrenos de la sociedad, comenzando por el partido, y continuando con el empoderamiento ciudadano como modo de anclaje sólido del poder popular.

Ello impone el imperativo de un profundo análisis crítico del principio del centralismo democrático, una revisión exhaustiva de los métodos de trabajo del Partido y en general de las instituciones estatales, sociales y políticas creadas por la revolución socialista, análisis que cuente con amplia participación de la ciudadanía.

No es posible obviamente siquiera intentar esbozar las líneas a seguir para tal análisis[8], pero sí advertir que tiene que ser abierto, transparente, profundamente democrático, orientado, disciplinado y dentro de los principios de la ideología de la revolución cubana.

Veamos, por ejemplo, lo decidido hace 4 décadas en el I Congreso del Partido en 1975 en lo tocante a la generación de ideas acerca del desarrollo teórico del pensamiento socialista en Cuba. La “Tesis sobre los estudios del marxismo-leninismo en nuestro país” en su acápite IV. Necesidad del desarrollo del trabajo teórico y la investigación en este campo” postulaba que:

… es necesario garantizar la mayor libertad de acción en las actividades de investigación y de búsqueda teórica por parte de economistas, filósofos, historiadores, etc., de manera que no se sientan atados en su trabajo científico por los criterios sociales vigentes públicamente en un momento dado.

Debe existir el más absoluto control del Partido en relación con la exposición pública y la divulgación de criterios, conceptos e interpretaciones en aulas, estrados y prensa. No es posible admitir la publicidad de interpretaciones de la teoría marxista-leninista y de conclusiones teóricas que contradigan o extralimiten los lineamientos trazados al respecto por el Partido, y que este no autorice.

Estos trabajos de investigación y análisis teórico deberán realizarse siempre con el conocimiento y bajo la orientación y control de los organismos superiores del Partido, directamente o a través de las dependencias o instituciones del aparato partidista que dichos organismos determinen.

Asimismo, los resultados y conclusiones a que se arribe producto de esas actividades investigativas y teóricas deberán ser sometidos a la consideración de estos organismos, los que determinarán sobre su utilización y destino.[9]

No había en aquel momento una idea de las potencialidades que tendría el papel del pueblo en estos procesos. Era natural -y ciertamente muchos lo vimos así- considerar el desarrollo de las ideas un asunto de científicos sociales y direcciones políticas y, de últimas, como se aprecia en el anterior texto, un asunto de la dirección política, de los organismos superiores, independientemente de si quienes estaban en esos organismos tenían o no la razón. De hecho, las instituciones científicas en general aceptaban igualmente aquella disciplina.

Aquellos documentos fueron sometidos a consideración de la población, pero tanto la bien ganada confianza de las grandes mayorías ciudadanas en el partido y su dirección histórica, como la inercia signada por la falta de práctica en ejercer ese papel participativo limitaron la democracia que, sin embargo, era por otra serie de realidades, muy superior al pasado capitalista dependiente.

Los bruscos cambios ocurridos desde aquel entonces en el país, los largos períodos de resistencia frente al imperialismo y por la preservación de la principal conquista de la revolución socialista: el poder político del y para el pueblo trabajador, el esfuerzo sostenido en las más difíciles condiciones socioeconómicas por el desarrollo intelectual y cultural de la población que ha enriquecido las capacidades de análisis de la ciudadanía, junto con una gran diferenciación de puntos de vista acerca de los problemas de la sociedad cubana, han cambiado profundamente la mentalidad del pueblo, cuyas mayorías han mantenido una identificación consciente con el ideal socialista, y fidelidad a la dirección histórica de la revolución, pero es hoy portador de un abanico mucho más rico y diverso de ideas y sin dudas se ha ganado con su sacrificio el derecho a un merecido protagonismo.

Cabe entonces preguntarse cuánto de aquel modo de ver las cosas persiste hoy en cuadros y militantes, cuánto siguen viendo al pueblo como “masa”, frente la pregunta de cuánto ha cambiado la sociedad cubana desde aquel momento en que el país se institucionalizaba bajo el signo de una república socialista que luego pasó por la aplicación del sistema de dirección de la economía copiado de la experiencia del socialismo en la URSS, el proceso de rectificación que persiguió superar aquellos errores, el período especial, el largo proceso de emersión de la economía nacional, y hoy cuando los EEUU han admitido que tenían que reconocer la independencia y la soberanía nacional y el país está hoy probablemente más cerca que nunca del levantamiento del bloqueo y frente a la pregunta de cómo piensa la juventud de hoy que no solo es el futuro del país, sino también su presente.

Una lógica elemental indica la necesidad de un profundo análisis del centralismo democrático y del imperativo de desaprender conceptos y prácticas obsoletos, de dejarse de comportar como si todos los errores y deficiencias fueran de “la masa”, como si no fuera necesario un nuevo pensamiento político sobre la democracia socialista y su práctica, en primer lugar en el propio partido.

El reconocimiento de la necesidad de analizar críticamente la experiencia del centralismo democrático, en modo alguno puede significar la desvalorización del papel del partido en la sociedad cubana, de la dirección de los procesos sociales.

Hay quien piensa primero en la supuesta necesidad de cambiar el nombre del partido, por uno que refleje más la inclusión, por ejemplo, recuperar el que tenía anteriormente “Partido Unido de la Revolución Socialista”, como si el cambio de nombre fuera el cambio de métodos, estilo y políticas, mientras que de hecho se estaría eliminando un nombre tradicionalmente aceptado por la sociedad, una tradición que comenzó hace medio siglo, cuando el Comandante Fidel Castro lo anunció en 1965.

Sería además desconocer el ideal comunista, en un mundo tan necesitado de la solidaridad, el altruismo, el colectivismo, el humanismo que entraña ese ideal.

Los problemas a resolver son de contenido, mientras los símbolos generados por el proceso revolucionario socialista cubano deben ser celosamente preservados, en primer lugar para evitar la confusión.

Hay quien ha pensado peregrinamente que el partido mismo debería ser cómplice de la dejación del papel social que le ha conferido la sociedad cubana como mandato histórico, político y jurídico, pensando que es imposible encontrar fórmulas realmente participativas como no sean las del modo liberal de organizar la vida política del país.

Ello sería invitar al partido a que se debilitara como representante de lo mejor de la sociedad cubana hoy refrendado jurídicamente, codificado constitucionalmente como una conquista de la cohesión política de la sociedad cubana, frente a los enormes desafíos que tiene por delante.

No tendría el partido la función de proteger la constitución del país, sacaría al partido del mandato martiano de existir “seguro de su razón como el alma visible de Cuba”.

Sería invitar al partido a su liquidación, y con ello a la liquidación de la cohesión política que dejaría paso a los intereses corporativos generados por el mercado y la inevitable presencia del capital internacional.

Al contrario, el partido, hoy más que nunca debe mantener su política de construcción y organización territorial y ramal como formas de asegurarse el contacto con el pueblo, su influencia, su representatividad política, hoy más que nunca es necesario el papel del partido tal cual lo ha configurado la tradición política más importante de la historia contemporánea de Cuba.

A su vez, el partido está obligado a un análisis profundo y desprejuiciado de la experiencia del centralismo democrático, de sus métodos, examinar sus conceptos de la democracia, cambiar en función de las nuevas realidades, prescindir en los órganos y organismos de todo aquel que no esté en capacidad ya de desaprender el ordeno y mando, el verticalismo, el ejercicio desmedido de la autoridad y de quien no quiera aprender y practicar la democracia consciente y responsable. Para generar democracia lo primero es pensar y actuar democráticamente.


Notas


[1] Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005.

[2] Raúl Castro Ruz, Discurso ante la Asamblea General de la ONU, 28 de septiembre de 2015,

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/28/texto-integro-del-discurso-de-raul-castro-ante-la-asamblea-general-de-onu-3787.html

[3] Este artículo reza: “Art.4 El partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance de la sociedad comunista”. Ver. Constitución de la República de Cuba,

[4] Idem.

[5] El artículo 1 de la Constitución reza: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con tofos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.

[6] “La sociedad socialista se desarrolla bajo fuerzas de regulación integradas en distintas estructuras, indispensables por la necesidad de concertar intereses y objetivos y de canalizar los esfuerzos sociales. Como elemento esencial para asegurar la objetividad y cietificidad de la dirección de los procesos sociales aparece el principio del centralismo democrñatico. Este se ha enunciado a partir de la experiencia de otros países, pero ni en ellos ni aquí ha sido suficientemente analizado, comprendido, sometido a crítica, como tampoco su aplicación y perfeccionamiento. Puede afirmarse que es un campo virgen para la investigación científica.” (Ver Darío L. Machado Rodríguez, “Nuestro Propio Camino. Análisis del proceso de rectificación en Cuba, Editora Política, La Habana, 1993, pp. 149-150).

[7] Darío L. Machado Rodríguez, “La persona y el programa del socialismo en Cuba”, Vadell Hermanos Editores C.A., Caracas, 2010, p. 185.

[8] Un intento de aproximación puede leerse en “La persona y el programa del socialismo en Cuba”, op. Cit. pp. 174-198.

[9] “Tesis y Resoluciones. I Congreso el Partido Comunista de Cuba”, Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1976, pp. 282- 283.