Cubadebate

Estados Unidos se apresta a sancionar con una multa récord al banco francés más importante por sus relaciones comerciales con Cuba y otros países bajo embargo. Ello, en flagrante violación del Derecho Internacional y de la soberanía de Francia.

Tras sancionar al banco Crédit Suisse con una multa de 2,6 millones de dólares en mayo de 2014, Estados Unidos prevé sancionar al banco francés BNP Paribas con una multa de 10.000 millones de dólares y una supresión temporal de su licencia bancaria en su territorio. Washington reprocha a la entidad financiera realizar transacciones en dólares – moneda usada en los intercambios internacionales – con países bajo embargo, particularmente Cuba, entre 2002 y 2009.

En efecto, Cuba es víctima de un estado de sitio económico desde hace más de medio siglo, el cual afecta todos los sectores de la sociedad y a las categorías más vulnerables de la población, a saber, los niños, las mujeres y los ancianos. Además de prohibir todo comercio bilateral con escasas excepciones entre la isla del Caribe y Estados Unidos, las sanciones económicas impuestas en 1960 disponen de un carácter extraterritorial y constituyen un obstáculo al desarrollo de las relaciones comerciales y financieras de Cuba con el resto del mundo.

No obstante, según el Derecho Internacional, está terminantemente prohibido aplicar de modo extraterritorial una legislación nacional. La ley francesa no puede aplicarse en Alemania y la ley brasileña no puede aplicarse en Argentina. Ahora bien, la legislación estadounidense sobre las sanciones económicas contra Cuba (y otros países bajo embargo) se aplica en todo el mundo y afecta a BNP Paribas.

Según la legislación francesa y el Derecho Internacional, BNP Paribas no ha cometido ninguna irregularidad. El establecimiento financiero siendo un banco francés, no tiene que someterse de ningún modo a la ley estadounidense, en nombre de un principio fundamental del derecho internacional que es la no extraterritorialidad de las leyes. La legislación estadounidense sólo puede aplicarse en el territorio nacional y no puede cruzar las fronteras. Por otra parte, las transacciones citadas por Washington se realizaron a partir de subsidiarias de la BPN Paribas de Europa y no de Estados Unidos.

Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia, fue claro al respecto: “Hemos verificado que todas las transacciones incriminadas estaban conformes a las reglas, leyes, reglamentaciones, a niveles europeo y francés”. No hay “ninguna contravención de esas reglas, ni de las reglas de las Naciones Unidas” por parte de BNP Paribas.[1]

BNP Paribas ya fue obligada a despedir a los responsables implicados en esos intercambios litigiosos para las autoridades estadounidenses y prevé negociar una sanción menos severa usando el proceso del reconocimiento de culpabilidad, aunque no se ha cometido ninguna falta.[2]

En cambio, la posición oficial de Francia es sumamente preocupante. En efecto, en vez de defender los intereses de una gran empresa que no cometió ningún delito según la legislación nacional y el derecho internacional, el gobierno del Presidente François Hollande aceptó el punto de vista estadounidense reconociendo la “infracción cometida” y sólo se contenta con denunciar el “carácter desproporcionado de las sanciones previstas”. En vez de defender la soberanía nacional y condenar la aplicación extraterritorial e ilegal de la ley estadounidense contra los intereses fundamentales de la nación, París se limita a implorar un castigo menos severo. Al plegarse tan dócilmente a las órdenes de Washington, Francia renuncia a su independencia y empaña durablemente su imagen en la escena internacional.[3]

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