Un estudio conducido por AlterNet encontró vínculos financieros entre la Administración Obama y la industria de vigilancia, mientras la Asamblea General de Naciones aprobó -con el voto de los 193 estados miembros- una resolución que rechaza la vigilancia global de EEUU.
Contrariamente a su creencia inicial, a partir de datos crudos proporcionados por la Comisión Federal Electoral y el Servicio de Rentas Internas, los investigadores de AlterNet encontraron que industrias esenciales de la vigilancia fueron firmes partidarias de Barack Obama en la campaña electoral 2012. Estas empresas contribuyeron con Obama en porcentajes iguales o superiores a los de su competidor republicano Mitt Romney.
El estudio, difundido en octubre 2013, evaluó las contribuciones de las empresas y sus ejecutivos mediante la integración de sus aportes como gastos “independientes” y Súper PACs (Political Action Committee, modalidad impositiva que registra donaciones superiores a 1.000 dólares). En la muestra más grande, llamada “de negocio total”, que cubre firmas de todos los tamaños, Romney recibió apoyo del 41 % y Obama aceptó aportes del 24 %.
En la muestra concentrada de grandes empresas –aquellas 350 clasificadas en la lista de la revista Fortune, así como las que figuran entre los 400 Estadounidenses Más Ricos de la revista Forbes- donaron 76% a Romney y 56% a Obama. Estas cifras resultan alarmantes al mostrar que las grandes empresas suelen estar vinculada con el Partido Republicano, sin embargo Obama recibió una cantidad sustancial de ayuda de corporaciones que lo encuentran “sospechoso”.
Según la naturaleza de sus donantes, Obama estuvo por encima de sus niveles medios de apoyo financiero en seis sectores: telecomunicaciones, software, manufacturas web, electrónica, informática y defensa, industrias esenciales para la transformación de la seguridad nacional del Estado y su actual política de vigilancia extensiva.
El fuerte apoyo a Obama proveniente de esas industrias implica que tiene toda la intención de mantener o ampliar las medidas de seguridad nacional y, posiblemente, las de vigilancia. Su administración también tiene un historial de malos tratos de los denunciantes, como el caso de Chelsea Elizabeth Manning (hasta agosto de 2013 Bradley Edward Manning, quien sufrió un trato de prisión ignominioso y fue condenado a 35 años por filtrar a WikiLeaks miles de documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán —los Diarios de la Guerra de Afganistán— y de Irak, numerosos cables diplomáticos de diversas embajadas de EEUU y el video del ejército conocido como Collateral Murder [Asesinato Colateral]).
Esta progresión de la seguridad nacional se asocia a menudo con el Partido Republicano y la administración de George W. Bush con la creación de la Ley Patriotica, que extendió las herramientas disponibles para hacer cumplir la ley en los esfuerzos por frustrar terroristas y sus planes, y la doctrina del “ejecutivo unitario” de Dick Cheney, que pone al Presidente en el control de todo el poder ejecutivo. Sin embargo, las contribuciones de las industrias particulares a la campaña de Obama sugieren que la vigilancia es uno de los pocos esfuerzos bipartidistas.
NACIONES UNIDAS DESAFIÓ A LA NSA Y A EE.UU.
Triunfó en Naciones Unidas el primer esfuerzo colectivo internacional por restringir los programas de vigilancia de EEUU y sus agencias de espionaje contra otras naciones. Las actividades de espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) condujeron a 21 países -liderados por Brasil y Alemania- a impulsar una resolución que condena esta práctica global de Estados Unidos, finalmente aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre 2013.
Después de varios meses de “tira y afloja” y negociaciones con el propio Estados Unidos –apoyado por el Reino Unido- la resolución contra el espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad en la era digital recibió el voto unánime de los 193 estados que integran la Asamblea General. En otras palabras, en una nueva muestra de la hipocresía del gobierno de Obama en política exterior, la resolución también fue aprobada por Estados Unidos, el causante de todo el revuelo mundial destapado por Edward Snowden.
Brasil y Alemania presentaron el proyecto de esta resolución después que Snowden revelara que los teléfonos celulares de los jefes (as) de Estado de 35 países fueron espiados por la NSA, entre ellos los móviles de algunos aliados incondicionales como Angela Merkel, de Alemania, y otros más distantes, como Dilma Rousseff, de Brasil.
La resolución contra el espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad en la era digital invocó el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recogen el derecho de los ciudadanos a protegerse de esas prácticas.
Los países miembros de la ONU estuvieron profundamente preocupados por las violaciones de los derechos humanos y los abusos que podrían resultar de la conducta de vigilancia o interceptación de las comunicaciones en jurisdicciones extranjeras. La vigilancia ilegal de conversaciones privadas viola también los derechos a la libertad de expresión y la privacidad.
“Reafirmamos el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”, dijo la resolución aprobada por unanimidad en el pleno de la Asamblea General.
El texto definitivo de la resolución se estuvo negociando varios meses para obtener la aprobación del propio Estados Unidos. La resolución exhorta a los países a respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales, tras recordar que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, incluida la privacidad.
También instó a los Estados a adoptar medidas para acabar con esas violaciones y a crear las condiciones necesarias para impedirlas, cerciorándose de que la legislación nacional se ajusta a sus obligaciones contraídas con el derecho internacional.
La resolución pide a los países examinar sus procedimientos, prácticas y legislación sobre vigilancia e interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala.
El texto expresa “profunda preocupación” por los efectos negativos que pueden tener para el ejercicio y goce de los derechos humanos la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones, incluidas la vigilancia y la interceptación extraterritoriales.
Durante las prolongadas negociaciones se hicieron “algunas concesiones” para acomodar las “preocupaciones” expresadas por varios países, entre otros Estados Unidos y Reino Unido, según dijeron fuentes diplomáticas a la prensa internacional.
El gobierno de EEUU se vio forzado a dar su voto de aprobación para guardar las apariencias, mientras Obama prometía de mala gana algunas reformas a las prácticas de la NSA, criticadas inmediatamente como lesivas para la “seguridad nacional” en la tribuna de los grandes medios informativos que tienen a su disposición los empresarios de la próspera industria de la vigilancia, casi todos ex jefes de la NSA, la CIA, la Dirección Nacional de Inteligencia y otros miembros de la “comunidad de inteligencia”.
La resolución aprobada tiene una gran importancia política mundial, excepto para EEUU. Muestra fisuras en el bloque de los países más ricos del mundo, pero lamentablemente las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sólo tienen un valor declarativo, en este caso bastante aportillado por el sabotaje de los grandes medios que ocultaron la noticia. Las resoluciones no tienen fuerza jurídica vinculante, sólo fuerza ética y política, aunque tampoco puedan ser vetadas por ningún país y representan el sentir mayoritario –en este caso unánime- de la comunidad internacional.
El gobierno de Brasil manifestó al día siguiente su “gran satisfacción” por la aprobación de esta resolución contra el espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad adoptada por la Asamblea General de la ONU.
Un comunicado difundido por la cancillería brasileña aseguró que el consenso de los 193 Estados miembros de la ONU “demuestra el reconocimiento de la comunidad internacional de los principios universales defendidos por Brasil”.
(Tomado de Contrainjerencia)