Por Alejandro Mejías
Por estos días se lee en la prensa privada venezolana numerosas acusaciones al ejecutivo nacional que dirige Nicolás Maduro por la especie de fraude que la oposición considera constituye el cálculo del presupuesto nacional.
Sucede que según ha trascendido, la prefactura anual de la nación bolivariana se está calculando con los precios del barril de petróleo a 60 dólares, y parece un descubrimiento cuando decenas de especialistas, economistas, politólogos, ex altos funcionarios de la cuarta república, prominentes empresarios privados y dirigentes de oposición comparecen ante los medios de derecha para insistir que el precio de los hidrocarburos venezolanos en el mercado internacional se mantiene por encima de los 100 dólares, calificando como trampa fiscal la proyección financiera del gobierno para el 2014.
De esta manera, intentan trasladar el mensaje de lo mal que se manejan los recursos de los venezolanos y promueven las más diversas elucubraciones, que van desde la existencia de partidas secretas para “regalar” y sostener regímenes foráneos, su empleo hacia lo interno para financiar las campañas de los candidatos del PSUV en las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre, hasta la apropiación de estos dineros para la fortuna personal de algún dirigente chavista.
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, informó en el contexto de la presentación del anteproyecto de Ley de Presupuesto para 2014, que se ubica en 550 632 millones de bolívares (39,4% más en términos nominales con respecto al 2013), que efectivamente el presupuesto se calculó en un promedio de 60 dólares por barril, lo cual se consideró para “mantener una expectativa conservadora sobre la evolución de los precios internacionales del crudo”, algo que los opositores venezolanos deberían entender perfectamente pues está expresado en los más exactos términos del mercado.
El alto funcionario agregó que el cálculo se realizó bajo un criterio de “prudencia”, lo cual es perfectamente comprensible para un gobierno responsable que tiene en cuenta la montaña rusa que significa hoy las finanzas internacionales para los países del tercer mundo.
Pero además, lo que Merentes no dijo y podría haber manifestado para complementar los argumentos del actuar prudente del Ejecutivo, es que el Estado venezolano, quizás como ninguno otro en el mundo, necesita de una reserva importante de divisas para mantener los niveles de consumo del pueblo ante la guerra económica a la que es sometido desde EE.UU. con la complicidad de la oligarquía interna. No existe fórmula para calcular el presupuesto de un país que cubra acciones organizadas de acaparamiento de mercancías básicas; operaciones inflacionarias para elevar exponencialmente el precio de los alimentos; estrategias especulativas para desregular hasta lo absurdo un mercado paralelo de divisas que estafadores representantes de la oposición contribuyeron a crear y sostener; tácticas de desabastecimiento y desestabilización a partir del empleo del consumo como variable para presionar a la población y generar crisis y explosiones sociales.
Además de ello, el presupuesto nacional de Venezuela tiene que cubrir la mejora de indicadores sociales, como recientemente reconoció el Instituto Nacional de Estadísticas que la pobreza estructural había disminuido a 6,9%, apreciándose una tendencia sostenida a la mejoría de este indicador desde 2011, lo cual responde a un aumento de casi el doble de los montos de inversión social, que para el 2014 tiene su reflejo en una previsión del incremento del gasto en 111% para las misiones sociales.