El clan Bush nuevamente al poder. Las agresiones continúan. 2001-2008 (VI)

Por Pedro Etcheverry Vázquez y José Luis Méndez Méndez

El 20 de enero de 2001, después de ocho años de administración demócrata, los republicanos una vez más se hacen del poder en Estados Unidos. George W. Bush sucedió al demócrata William Clinton, en cuyo mandato los terroristas anticubanos habían actuado con total impunidad en sus agresiones contra Cuba.

Durante el mandato de Bush los actos y amenazas de terror, se combinaron con una política oficial agresiva hacia la Revolución cubana, lo que fomentó la subversión interna en la Isla, financió a grupos contrarrevolucionarios y generó campañas difamatorias sobre la realidad del país.

La guerra económica establecida desde el 17 de marzo de 1960 en el Programa de Acción Encubierta aprobado entonces por la administración de turno, mantuvo, consolidó y generalizó al bloqueo contra Cuba.

Esta virulencia del miembro del Clan Bush en la Casa Blanca tuvo asideros en el proceso de la campaña presidencial de 2000, cuando este vence al candidato demócrata Albert Gore con una diferencia mínima de votos. El republicano ganó en el entonces determinante Estado de la Florida con un 65% y en el condado Miami Dade con un 73%, donde el voto de los norteamericanos de origen cubano tiene alta presencia. Los resultados electorales en Florida fueron decisivos para alcanzar la presidencia norteamericana ese año.

Organizaciones y grupos en la Florida de emigrados cubanos intentaron capitalizar a su favor la victoria republicana. Esta posición estuvo orientada a crear una “deuda política” de Bush hacia el mencionado sector, que se saldara por medio de una política más agresiva dirigida a derrocar a la Revolución cubana. Al asumir la presidencia Bush, comenzó para Cuba uno de los períodos más tensos y complicados de las relaciones con los Estados Unidos.

El 26 de abril la tolerada organización terrorista Comandos F 4 radicada en Miami, Florida, envió a uno de sus comandos, que desembarcó en Cuba. Los tres terroristas que formaban la expedición fueron apresados, declararon que sus misiones eran realizar actos de terror contra instalaciones turísticas y crear las condiciones para promover alzamientos en las montañas cubanas.

El 20 de mayo de 2002, la administración Bush lanzó la llamada “Iniciativa para una Nueva Cuba”, que confirmó lo expresado por el Secretario de Estado, Collin Powell: “promover y apoyar una transición pacífica hacia la democracia en Cuba...”[1].

En este engendro agresivo titulado “Iniciativa para una Nueva Cuba”, fueron reforzados tres componentes desestabilizadores de vieja data: el bloqueo; el del apoyo a la subversión interna y el aislamiento internacional mediante campañas de propaganda difamatorias, para afectar el orden económico, político y social en Cuba.

Siguiendo esta misma línea injerencista, en octubre de 2003 la administración estadounidense estableció la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, con el objetivo de acelerar y planificar la supuesta transición democrática en la Isla.

Como nuevo acto hostil en esta escalada, el 6 de mayo de 2004 Colin Powell, como Presidente de la mencionada Comisión, presentó al ejecutivo estadounidense su primer informe. El mismo estaba encaminado a satisfacer las aspiraciones de la llamada ultraderecha cubano-americana, y de congresistas de origen cubano, que habían ejercido influencia para obtener esos resultados, así como reforzar la creencia de que las acciones programadas estaban orientadas a llevar la “democracia” a Cuba, por supuesto se habla de la versión de Estados Unidos.

La Comisión, durante este período, realizó varias recomendaciones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargadas de aplicar las decisiones gubernamentales contra Cuba, que fueron incorporadas en las regulaciones para el control de activos cubanos. Esta entidad tiene como misión garantizar que no haya ninguna fisura en la aplicación del bloqueo, perseguir a quienes intenten evitarlo y estar al acecho de cualquier iniciativa en su contra.

En concordancia con este plan agresivo, la administración norteamericana sumó nuevas medidas con el objetivo general de destruir a la Revolución cubana. Lo cual fue denunciado por Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba al expresar: “Para alcanzar su meta, el Gobierno norteamericano intensificaría sus acciones para poner fin a la Revolución Cubana siguiendo tres líneas fundamentales: un bloqueo económico cada vez más riguroso, el aumento del financiamiento y el apoyo material a los grupúsculos mercenarios internos y una siempre creciente campaña de propaganda y desinformación”.[2]

Además, Cuba es considerada un “Estado villano”, y para sustentar esa condición se encontraba en listas infames, construidas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos, de las cuales se excluye a sí mismo, para la justificación del aumento de la hostilidad y agresión imperial.

El 14 de mayo de 2002, los enemigos de la Revolución en Miami llegaron al absurdo de efectuar varios disparos contra un local donde se exhibían cuadros alegóricos a la supuesta realidad cubana, muchos de ellos con claros mensajes contrarrevolucionarios.

El 3 de junio, inmersos en pugnas internas, terroristas en Miami atacaron la sede de Alpha 66, pocas horas después de manera sospechosa las oficinas de la Fundación Nacional Cubano Americana recibió varios impactos de balas, atribuidas al escindido grupo de esa organización, que creó el llamado Comité para la Libertad de Cuba, CLC, con sus miembros más extremistas. Una semana después el día 11 fue ultimado el terrorista Jorge Villaverde Lamadrid, quien había pertenecido a la CIA y realizado numerosos actos de terror junto a sus hermanos Rafael y Raúl, también operativos de esa Agencia en sus acciones contra Cuba.

El domingo 31 de octubre de 2004, en un acto colmado de contrarrevolucionarios cubanos, el presidente Bush, con una retórica dirigida a captar el apoyo de estos en sus propósitos de resultar reelecto en las elecciones presidenciales de ese año, declaró: “Los próximos cuatro años mantendremos la presión para que el regalo de la libertad finalmente llegue a los hombres y mujeres de Cuba. No descansaremos, mantendremos la presión hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades que reciben aquí en Estados Unidos”[3].

Esta vez el republicano resultó reelecto sin el impacto directo, ni la incidencia del voto de los norteamericanos de origen cubano, que disminuyó a su favor, lo cual desmitificó el aparente poder decisorio que se han atribuido estos. Próximo a la reelección de Bush, se produjeron dos hechos que demostraron la continuidad de la agresividad del gobierno estadounidense contra la Isla y la prioridad dada para socavar a la Revolución cubana.

El primero de ellos tuvo lugar cuando el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, el 4 de noviembre de 2004, acusó a Cuba de violar los Derechos Humanos. En este sentido planteó: “Estados Unidos condena el abuso perpetrado por el régimen cubano contra los partidarios del cambio pacífico y la reforma. Pedimos a ese régimen que cese su represión y libere a todos los prisioneros políticos. Sólo una Cuba en la que las libertades fundamentales son respetadas y donde florece la sociedad civil independiente estará en condiciones de hacer una transición pacífica a la democracia”[4].

El segundo hecho fue la carta enviada por Bush a los organizadores de un seminario anticubano, auspiciado por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-americanos de la Universidad de Miami y por la Embajada de la República Checa en los Estados Unidos, en la cual planteó: “No hay dudas de que los once millones de cubanos que viven bajo una brutal dictadura, desean vivir en libertad, como un día comenzaron a hacerlo los ex países comunistas de Europa Oriental al final del siglo pasado”[5].

Sobre la hostilidad oficial de esta administración el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el 2 de diciembre de 2006, expresó: “...el gobierno norteamericano, con el oportunismo que lo caracteriza, iniciaba en los últimos años una escalada sin precedentes de hostilidad y agresividad contra Cuba en la esperanza de asfixiar económicamente al país y derrocar a la Revolución mediante la intensificación de la labor subversiva”[6].

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2006 se consideró que América Latina y el Caribe no eran prioridades para los Estados Unidos. Sin embargo, en la sección dedicada a desafíos y conflictos regionales, se valoró a Cuba de la siguiente manera: “[…] un dictador anti-estadounidense continúa oprimiendo a su pueblo y busca subvertir la libertad en la región…”[7]. […] “...si los vecinos más cercanos de Estados Unidos no son seguros y estables, entonces los estadounidenses serán menos seguros...”[8]

Además, en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, la Estrategia Militar Nacional de 2004 y la Estrategia Nacional de Defensa de 2005, no se mencionó explícitamente a Cuba; aunque la misma sí continuó en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pretexto para presentar a la Isla como una amenaza para seguridad nacional de Estados Unidos y en consecuencia impedir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

El 5 de julio de 2006 fue presentado al Presidente Bush, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Segundo Informe de la llamada Asistencia para una Cuba Libre, que fue difundido días después de manera oficial con la presencia de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez y el Coordinador para Cuba del Departamento de Estado, Caleb McCarry.

Este informe tiene dos partes esenciales: la que concibe el derrocamiento del Gobierno Revolucionario y la segunda con el diseño de intervención que contenía las acciones que el gobierno estadounidense estaría dispuesto a realizar en una Cuba con un “gobierno en tránsito a la democracia”, y en correspondencia con las estipulaciones reflejadas en el Capítulo II de la Ley Helms-Burton[9].

Este nuevo engendro fue una ratificación del Plan presentado en el año 2004, aunque se le adicionaron nuevas medidas y recomendaciones para lograr el derrocamiento de la Revolución y recrudecer aún más la política injerencista hacia Cuba. Según trascendidos, lo presentado fue resultado del trabajo de más de “100 funcionarios de 17 departamentos y agencias del gobierno, co-presidida por la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez”[10]. Todo este esfuerzo fue malogrado por el tesón, sacrificio y convicción de vencer del pueblo cubano.

Paralelamente, se creó un Comité de Coordinación Política para la Transición en Cuba, como parte de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, con el objetivo de reportar a la Comisión sobre la evolución de los planes de transición, incluyendo las coordinaciones entre agencias con funcionarios estatales y locales. Es decir, entre los planes tenía que existir la oficina que controlaría las acciones encaminadas a la llamada “transición”.

Resulta lógico que, para llevar a cabo todo lo anterior, se necesitaba de un presupuesto de 8 millones dólares para el desarrollo de las operaciones de la Oficina para la Transición en Cuba. El gobierno estadounidense siguió una estrategia política que se resume en las siguientes palabras de Caleb McCarry: “...con el compromiso y el apoyo más amplio de Estados Unidos a la oposición cubana, se espera aprovechar el ímpetu hacia el cambio democrático que el movimiento de oposición ya está creando en Cuba...[11]”.

Por otra parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), jugó un papel importante en el segundo período de la Administración Bush, y en este sentido apoyó y financió a los grupos contrarrevolucionarios en Cuba para promover la subversión interna.

Reforzaron las estructuras ya existentes dedicadas al control de la aplicación de las medidas del bloqueo; entre ellas, la mencionada Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual desempeñó un papel importante, ya que fue la encargada de la administración de los 29 programas de sanciones del gobierno estadounidense basados en fines de política exterior y seguridad nacional contra aquellos países extranjeros, terroristas, traficantes internacionales de estupefacientes y otros, que tengan relación con la proliferación de armas de destrucción masiva, entre ellos Cuba.[12]

En este sentido, la OFAC recibió recomendaciones en el área del bloqueo por el Segundo Informe de Asistencia para una Cuba Libre, entre ellas se encuentran: Establecer una Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley para lograr una implementación más efectiva de las sanciones económicas contra Cuba y emitir una directiva a las agencias gubernamentales de cumplimiento de la ley, para dar seguimiento a investigaciones criminales, incluyendo procesamientos cuando sea posible y apropiado sobre violaciones de las regulaciones de OFAC, fundamentalmente sobre aquellos fondos utilizados en transacciones sobre viajes sin licencias a Cuba. [13]

La Oficina del Coordinador de Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado, constituyó otro elemento de la política estadounidense para lograr la llamada transición. De esta manera, dicha oficina respondió a prioridades de la Administración Bush, en específico hacia Cuba. Lo que se puede apreciar en el Segundo Informe de la Comisión para la Asistencia para una Cuba Libre, donde se le orienta prepararse y mantener una lista de los empleados del gobierno estadounidense con experiencia relevante sobre Cuba o en materia de reconstrucción, a fin de que presten su asistencia a un gobierno de transición.

Lo anterior quedó demostrado con las palabras pronunciadas el 16 de Junio del 2005, por el entonces coordinador de esta oficina, Carlos Pascual: “...es clave avizorar los pasos necesarios luego de la muerte de Fidel para fortalecer y apoyar la transición a la democracia, de forma tal que no sea una sucesión...”[14]

El pueblo cubano, dirigido por sus líderes, debió enfrentar miles de actos agresivos con una elevada cuota de sacrificio y esfuerzo para demostrar su capacidad de resistir y vencer las adversidades naturales y la agresividad de esta administración.

El proceso electoral estadounidense en el 2008 abrió una expectativa de cambio hacia una administración demócrata, que presumía la posibilidad de sensatez en la política de la Casa Blanca hacia Cuba. Sin embargo la historia demostró que la realidad superó a las ilusiones de alternativas, como se aprecian en el desarrollo de la política contra Cuba estos tres primeros años de la administración de Barack Obama.

18 de abril de 2011