Por Jorge Gómez Barata
El recurso presentado por la administración del presidente Barack Obama contra el estado de Arizona por inconstitucionalidad de la ley SB 1070 ya tiene nombre y apellidos. La jueza de distrito a cargo es Susan Bolton que el pasado día 15 escuchó los primeros alegatos en torno a las demandas presentadas contra la ley, entre las cuales figura la del gobierno. Naturalmente la magistrada oirá los descargos de las otras partes, entre ellos la de la gobernadora Jan Brewer.
La reputada magistrada Susan Bolton, nominada jueza federal por el presidente Bill Clinton es calificada como: "Dura, imparcial y justa" y apreciada por la barra de abogados norteamericana por la forma discreta en que se mantiene distante de los litigios que enfrentan a Demócratas y Republicanos, así como de la influencia de los círculos de poder locales y federales. En pleitos de esta naturaleza se le considera más bien "impredecible".
La dificultad que para el gobierno federal significa que la Constitución no diga una sola palabra sobre la emigración y que ante la actitud tildada de omisa e ineficaz del gobierno federal, aconsejó a la legislatura de Arizona a "tomar la justicias por su mano", coloca la jueza ante una situación en la cual sus pronunciamientos y su sentencia, crearán doctrina y sentar precedentes.
De hecho la magistrada deberá encarar el caso en el mismo sentido en que lo hace la demanda presentada por la administración, la cual no alude la sustancia de la Ley SB 1070, no cuestiona su pertinencia ni la considera buena o mala, sino que pide definir: De quién es la facultad de administrar el tema migratorio.
En su demanda el gobierno federal no alude a la problemática concreta de los emigrantes sino al hecho de que la legislación de Arizona interviene en un asunto que por su alcance nacional y por involucrar a ciudadanos y gobiernos de otros países, es competencia del gobierno federal y no atribución de ningún estado. El argumento de que el país no puede tener tantas políticas migratorias como estados puede inclinar la balanza a favor de la impugnación.
La inconstitucionalidad de la ley SB 1070 radica por tanto en que viola la precedencia de las leyes federales sobre las estaduales, legisla sobre material que concierne al Congreso Federal y obstaculiza la actividad de varios departamentos federales, especialmente: la Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna. Por otra parte, ni el estado de Arizona, ni ningún otro tiene las potestades necesarias para regular la actividad del Servicio de Guardacostas y el Departamento de Emigración de los Estados Unidos a cargo de tales asuntos.
La posición comedida del Fiscal General Erick Holder, que no favorece la confrontación con la legislatura y el gobierno del Estado de Arizona, debe contribuir a que el trabajo de la jueza Bolton se realice de un modo más sereno. Holder dijo comprender la frustración de los ciudadanos y las autoridades del estado con la inmigración ilegal: "cosa que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de abordar en forma integral". Tratar de resolver la cuestión por medio de un mezcla de leyes estatales creará más problemas de los que resolvería".
Lo que puede ocurrir es que en una decisión salomónica, la jueza parta la al medio la criatura, aplace la entrada en vigor de la ley, a la vez que, dando la razón a la gobernadora Jan Brewer, reclame al gobierno federal una regularización de los asuntos migratorios a escala nacional, incluso no sería extraño que fijara un plazo perentorio.
Una decisión así sería música para los oídos del presidente, que sumaria una poderosa razón y un mandato judicial a los argumentos que favorecen una reforma migratoria integral. De ese modo a los círculos racistas y antiinmigrantes de todos los Estados Unidos les habría salido el tiro por la culata.
En este caso pudiera ocurrir que la gobernadora se diera por satisfecha o apelara la decisión judicial, lo que colocaría la demanda en manos del Tribunal Supremo, cuya sentencia sería definitiva.
Existen razones para creer que el sistema judicial norteamericano, personificado en primera instancia por la jueza Susan Bolton y presuntamente por el Tribunal Supremos de los Estados Unidos, no caerán en la trampa de convertir en doctrina una legislación local extremista y trataran de hacer historia ellos mismos.
No quiero pasar por alto ciertos precedentes como es el hecho de que la única mención de la Constitución a la emigración figura en la Sección Nueve y no se refiere a emigrantes sino a esclavos: "El Congreso -señala la referida alusión- no podrá antes del año 1808 prohibir la inmigración o importación de aquellas personas cuya admisión considere conveniente cualquiera de los estados ahora existentes..."
La salvedad incluida en el texto constitucional fue un compromiso entre e norte y el sur, encaminado a preservar por otros veinte años los intereses de los dueños y traficantes de esclavos.
El primer litigio al respecto a los emigrantes se presentó cuando en épocas del segundo presidente norteamericano John Adams, tuvo lugar un debate en el cual, desafortunadamente, sin motivos ni razones, la propuesta de una ley de extranjería se mezcló con leyes de sedición.
Otro capítulo se refiere a la prohibición del ingreso de asiáticos y al internamiento de las personas de origen japonés, incluyendo ciudadanos nacidos en Estados Unidos en campos de concentración durante la II Guerra Mundial.
Le ley de Arizona no será la primera en ser derrotada.