El delito -conspiración para cometer asesinato en primer grado- nunca ocurrió. Durante los siete meses del juicio, la Fiscalía no presentó prueba alguna que implicara a Gerardo Hernández en el trágico suceso del 24 de febrero de 1996, ni tampoco podía demostrar, "más allá de una duda razonable", el lugar exacto del incidente - algo que los expertos de la OACI no habían podido determinar.