Por: Roberto Montoya, El Mundo
¿Está convencido Barack Obama de querer abrir la caja de los truenos sobre el uso de la tortura bajo la Administración Bush? ¿Hasta qué punto está dispuesto a tirar del lado ascendente de la cuerda? Esa cuerda es en realidad muy corta y conduce directamente a quienes diseñaron y ordenaron llevar a cabo la 'guerra contra el terror' entre septiembre de 2001 e inicios de 2009.
Entre esos personajes están nada menos que Donald Rumsfeld, entonces jefe máximo del Pentágono; John Ashcroft, fiscal general del Estado; Alberto Gonzales, primero en su carácter de consejero clave del Departamento de Justicia y después como sucesor de Ashcroft; los jefes de la CIA, primero George Tenet y luego Michael Hayden; Condoleezza Rice, primero consejera de Seguridad Nacional y posteriormente secretaria de Estado, y el influyente vicepresidente Dick Cheney.
Esa lista no estaría completa, indudablemente, si no figurara en ella su gran estrella, el 43º inquilino de la Casa Blanca, el mismísimo George W. Bush.
¿Se refería por casualidad a ellos Obama cuando, forzado por la izquierda demócrata y organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los derechos humanos, dijo días atrás de que no se descartaba la persecución de los responsables de haber legitimado la tortura?
No pareciera querer llegar tan lejos: nunca un presidente estadounidense ha hecho algo semejante con su predecesor. Sus asesores, presionados a su vez por el ala derecha demócrata, por la mayoría del Partido Republicano, por el Pentágono y por las poderosas agencias de Inteligencia, le están advirtiendo de las incontrolables consecuencias que una acción de ese tipo podría suponer para su flamante Presidencia.
A pesar de eso, en el entorno más cercano de Obama hay quienes creen que éste lograría consolidar su imagen de presidente de nuevo tipo y ganar más autoridad ante el mundo entero, y especialmente ante los países musulmanes, si demostrara con hechos concretos que los aberrantes crímenes cometidos bajo el paraguas de la 'guerra contra el terror' durante ocho años no quedan impunes.
Para ello se pretendería buscar unos chivos expiatorios, limitando la acción judicial contra un número muy limitado de funcionarios, contra aquellos cuyas firmas aparecen al pie de los principales memorandos secretos elaborados entre 2002 y 2005, en los que proporcionaron el andamiaje legal y las argumentaciones para justificar lo que nunca tendría que haberse justificado: el uso de la tortura sistemática con los prisioneros (bajo el eufemismo de "interrogatorios coercitivos" o "métodos extremos").
Ese mismo equipo de abogados del Departamento de Justicia, del Pentágono y de los servicios de Inteligencia, es el que, desde poco después del 11-S, propuso también rocambolescos mecanismos legales para poder 'blindar' ante los tribunales federales y cortes internacionales, tanto al torturador 'de base' de la CIA o de la Inteligencia militar, como hasta al propio comandante en jefe de las fuerzas armadas, a George W.Bush, oficializando la total impunidad de sus delitos.
Ese equipo, que se autodenominaba "Comité de Guerra", estaba compuesto fundamentalmente por David Addington, ex consejero de Dick Cheney; el subsecretario de Defensa, Douglas Feith; Jay S. Bybee y John Yoo, asistentes del fiscal del Estado; Steven G. Bradbury, jefe de la Asesoría Legal del Departamento de Justicia, y William J. Haynes II, consejero general del Departamento de Defensa.
Varios de estos asesores aparecen también en la lista de aquellos a quienes el juez Baltasar Garzón pretende perseguir por su responsabilidad en ese campo de concentración del siglo XXI que ha sido Guantánamo desde enero de 2002, acción con la que desacuerda la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la posibilidad de limitar la acción judicial a ese "Comité de Guerra" sería muy difícil, en la medida que el propio informe de más de 200 páginas que dio a conocer el miércoles una comisión del Senado, así como las investigaciones internas que realizó el Ejército a causa del escándalo de Abu Ghraib de 2004, no dejan dudas de que los responsables últimos eran quienes dirigían la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Justicia y la CIA.
Queda por ver cómo se las arregla ahora Obama para salir de esas aguas pantanosas en las que se ha metido, sin que quede demasiado en evidencia de que recula y deja todo como está, con la impunidad asegurada.