Entre las innumerables engañifas que han nutrido el arsenal que la diplomacia y los medios de prensa estadounidenses han acuñado y utilizado en sus campañas contra el gobierno de Cuba ha estado, en muchos momentos y diversas formas, la supuesta negativa cubana de aceptar visitas al país de observadores internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la reciente invitación formulada por Cuba al relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, para que visite la Isla y rinda un informe al Consejo del Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación alimentaria en la isla no ha sido acogida en Washington con el beneplácito de quien ha impuesto a otro sus razones. La noticia tampoco ha tenido en los medios corporativos tanta publicidad como la que dieron a los anteriores rechazos cubanos. Todo lo contrario. ¿Por qué?
Básicamente, porque esta visita más reciente no articula con los esquemas de Washington para denigrar a la nación rebelde.
La prolongada negativa del gobierno de Cuba a recibir la visita de inspección de la jurista francesa Christine Chanet como representante especial de la ONU para Cuba -mandato que cesó en junio de 2007- se debió a que se trataba de una imposición de Estados Unidos a la ya extinguida Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y de ahí la intransigencia cubana.
Además, Cuba conocía que los antecedentes y ostensibles nexos estrechos de Chanet con el gobierno estadounidense excluían toda posibilidad de una evaluación objetiva.
La designación de Christine Chanet fue promovida inicialmente por el representante de Washington en la Comisión de Derechos Humanos o, en ocasiones, por otro de algún país muñequeado por Washington para ello. La aprobación en el Consejo de sus mandatos contra Cuba fue siempre conseguida mediante los mecanismos de presión que la diplomacia norteamericana habitualmente utiliza para imponer sus resoluciones contra adversarios políticos en escenarios de concertación de las Naciones Unidas: acciones coercitivas de tipo económico, chantajes y presiones.
La propia acción de asignar a una misión de la Comisión de DDHH de la ONU el mandato de vigilar a Cuba sin que existieran cargos verosímiles contra la isla, contradecía el hecho de que no se hiciera al menos algo similar para conocer de los casos de torturas y otras violaciones de los derechos humanos que en ese momento se evidenciaban en centros secretos de detención conocidos como "ubicaciones clasificadas" diseminados por todo el planeta, o en las "detenciones proxy", donde por encargo de la superpotencia otros países asumen el control "legal" de sus prisioneros.
Desde reclusorios como el de Abu Graib, en Irak invadido; el centro de tortura de prisioneros en la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, y desde prisiones secretas y móviles creadas por Washington por todas partes para burlar la observación internacional, se filtraban noticias sobre los crueles procedimientos que Estados Unidos dispensa a sus detenidos, en contravención de lo dispuesto por el Convenio de Ginebra de 1949 sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, sin que la Comisión de Derechos Humanos reaccionara.
Cuba siempre se había mostrado dispuesta a colaborar con la comunidad internacional en asuntos de derechos humanos, pero jamás había aceptado hacerlo por presiones del gobierno de los Estados Unidos, ese es el hecho cierto.
En 1988, Cuba recibió a un relator de la Comisión de DDHH; en 1994 invitó al Alto Comisionado d Derechos Humanos; en 1995 acogió a una delegación integrada por representantes de las organizaciones France Liberte, Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos, Doctores del Mundo y Human Rights Watch. En 1999, dos grupos de relatores visitaron la isla: uno dedicado vigilar el uso de mercenarios y otro a observar la violencia contra la mujer.
No debe haber muchos gobiernos en el mundo con un expediente tan nutrido de pruebas presentadas de su respeto por los derechos humanos pero tampoco será fácil encontrar gobiernos que con tanta dignidad rechacen las exigencias y presiones de la administración de los Estados Unidos de América.
Un país que practica la tortura de prisioneros; que viola los derechos humanos de los inmigrantes, que ha aplicado la pena de muerte a 1,100 personas en los últimos 30 años; que politizó y desacreditó hasta darle sepultura a la Comisión de Derechos Humanos, carece de autoridad moral para exigir decencia a otros.
Un gobierno que en aras de sus ambiciones de dominio global ha desatado una "guerra contra el terror" que ya ha costado centenares de miles de víctimas civiles y, al mismo tiempo, ampara en su territorio a algunos de los delincuentes terroristas más notables del hemisferio, mientras castiga en sus prisiones, a partir de amañados juicios, a combatientes contra el terrorismo que han arriesgado sus vidas por defender a la humanidad de ese terrible azote, no puede dar lecciones de ética.
En Cuba, la justicia social es la razón de ser de la revolución y el objetivo del socialismo y, por tal motivo, el respeto a la integridad de las personas y los derechos individuales y colectivos son la máxima prioridad de su gobierno.
Desde sociedades regidas por la competencia en el mercado y la movilidad individual ascendente -siempre en lucha de fieras por la ganancia propia en perjuicio de los demás-, es difícil comprender la dimensión que puede llegar a alcanzar el verdadero respeto por los derechos humanos en una sociedad basada en la solidaridad y la movilidad social colectiva ascendente.
*Manuel E. Yepe Menéndez es periodista y se desempeña como Profesor adjunto en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.