El zumbido que sintió el juez uruguayo Gustavo Mirabal no era el de una avispa. Mientras disfrutaba de un paseo dominical el último fin de semana por el barrio Buceo, de Montevideo, el magistrado estuvo a punto de morir víctima de una bala que pasó a escaso metro y medio de su cabeza.
Fuentes policiales locales han mantenido el asunto bajo un perfil discreto. No han identificado al ejecutor del atentado ni dicho a las claras las motivaciones para el intento de homicidio.
Mas no hace falta una extraordinaria intuición detectivesca para enrutar la sospecha. Mirabal tuvo a su cargo la extradición solicitada desde el 2004 por Chile de tres antiguos militares uruguayos implicados en el asesinato de Eugenio Berrios.
Todo huele a castigo y venganza. Todo apunta a la resaca de la Operación Cóndor, uno de los más siniestros montajes del terrorismo de Estado en el hemisferio occidental que tuvo la anuencia y la complicidad de las autoridades norteamericanas.
Los tres individuos sobre los que dictaminó el magistrado Mirabal -Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli-, habían sido requeridos por la justicia chilena al estar implicados, junto a una decena de exoficiales y civiles chilenos, por el secuestro y asesinato de Berríos.
El cadáver de este fue encontrado en 1995 en el balneario de Canelones, próximo a Montevideo, atado a un cable y con dos orificios de bala en el cráneo. El dictamen forense determinó que la muerte databa de tres años atrás.
Existen contundentes evidencias de que Radaelli, Casella y Sarli colaboraron con jefes y oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno en la retención ilegal de Berrios en Uruguay, país al que había sido trasladado para evitar que declarara en las audiencias relacionadas con el brutal atentado contra Orlando Letelier.
Es ampliamente conocido que Berrios trabajaba como químico en la antigua Dirección de Investigaciones (DINA) del régimen fascista de Augusto Pinochet, donde había desarrollado nada menos que la fórmula del temible gas sarín.
Al químico, que actuaba bajo el alias de Hermes, se le procuraba como colaborador del connotado terrorista y agente de la DINA y la CIA, Michael Townley en sus planes criminales. La exsecretaria de este último, Alejandra Damiani Serra, había declarado en ese mismo 1992 que Townley contaba con el letal producto fabricado por Berrios como alternativa para eliminar a Letelier y que era muy probable que el sarín haya dado al traste con la vida del diplomático español Carmelo Soria.
Berrios nunca compareció ante el proceso. Fue secuestrado y puesto bajo la custodia de militares uruguayos. Estos y los chilenos, temerosos de que el testimonio de Berrios destapara la caja de Pandora de los crímenes pinochetistas, optaron por callarlo con un par de balas en la cabeza, como trataron ahora de hacer con el magistrado que aprobó la extradición de los implicados uruguayos.
La coordinación intermilitar chileno-uruguaya en el caso de Berrios delató la insólita prolongación en el tiempo de la nefasta Operación Cóndor.
Lo verdaderamente increíble está en que ciertas estructuras de Cóndor sigan intactas en pleno siglo XXI. No es paranoia ni un esforzado intento por revivir historias.
En 1999, cuando un equipo periodístico filmaba en el balneario Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo, la casa donde el químico chileno estuvo secuestrado, "uno de los habitantes de esa residencia, hermano de un capitán del Ejército, tomó su auto e intentó atropellar a los periodistas, luego bajó del auto y agredió al camarógrafo", según testimonio del colega uruguayo Raúl Lacretta.
Tras prolongados trámites y venciendo fuertes presiones, el actual gobierno uruguayo, encabezado por Tabaré Vázquez, decidió hacer efectiva la extradición y el último martes 18 de abril remitió a los implicados a Chile.
'Esta decisión es muy importante para todo el Cono Sur, pues es una señal y además un precedente de que en relación a las graves violaciones a los derechos humanos deben los países, dentro de la cooperación establecida entre ellos en materia judicial, extraditar a los involucrados", declaró el abogado chileno y defensor de los derechos humanos Juan Bustos, quien añadió: "El caso Berrios, en el fondo es, de alguna manera, el encubrimiento de operaciones Cóndor".