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Aclarando verdades omitidas en El Paso

Con su acostumbrada desfachatez y capacidad para ofender a la verdad, Posada Carriles declaró en el tribunal de Inmigración de El Paso, Texas, ante un juez comprometido más con la deportación de inmigrantes ilegales latinoamericanos que con la batalla contra el terrorismo, que no tuvo la menor participación en las explosiones de bombas en instalaciones turísticas de Cuba en 1997; a la par que acusó tácitamente a Ann Louise  Bardach y a Larry Rother, periodistas del New York Times, de haber malinterpretado sus declaraciones ante ellos en sendas entrevistas realizadas en  julio de 1998.

Arrinconado, dispuesto a recurrir a la mentira con tal de zafarse de las culpas pasadas, Posada declaró ante el juez Abott que la entrevista de los periodistas "se hizo en inglés, que es un idioma que no conozco bien y se hicieron grabaciones ilegales''. Para puntualizar tal afirmación, sentenció falazmente:"El New York Times tuvo que retractarse".

Bardach, que asistió a la audiencia como periodista, señaló que la publicación nunca se retractó. Para ella fue clara la vinculación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en el financiamiento de los atentados, según lo declaró Posada, y que el mismo  "nunca expresó dificultad alguna para entenderla''. Al respecto, recordó la periodista: "El me dijo que no tenía problemas con el inglés y hablamos en espanglish, con una buena parte en español''. Con respecto a la ilegalidad de las grabaciones, Ann Louise recordó que, durante la entrevista, "la grabadora estaba encendida y visible sobre una mesa''.

Por si fueran insuficientes los desmentidos de Bardach, ignorados por el tribunal junto a las propias declaraciones del terrorista, realizadas a ésta en 1998, baste recordar que ni el juez Abott, ni las autoridades norteamericanas, tuvieron en cuenta las contundentes pruebas aportadas por Cuba y que vinculan directamente a Posada Carriles con los atentados terroristas contra hoteles en Cuba durante la pasada década. Dentro de estas pruebas, se encuentran mis declaraciones que comprometen a este terrorista, así como a Gaspar Jiménez Escobedo, en el intento de voladura del cabaret habanero "Tropicana" y de otra instalación turística en noviembre de 1994.

Mis vínculos con Posada Carriles, que consistieron en el entrenamiento que recibí por parte suya para la manipulación de explosivos y la recepción de 900 gramos de explosivo plástico conocido como C-4, que él mismo me entregó en una habitación del hotel guatemalteco "Camino Real", el 24 de noviembre de 1994, fueron organizados y financiados por altos dirigentes de la FNCA, entre los que se destacaron Pepe Hernández y Arnaldo Monzón Plasencia, con el visto bueno de Jorge Mas Canosa.

La madeja de infamias elaboradas por los abogados de Posada Carriles, financiados por la mafia terrorista de Miami, ha llegado al colmo de solicitar la ciudadanía norteamericana para el criminal, a tenor con en la Sección 329 de la Ley de Inmigración, la cual permite naturalizarse a aquellas personas con un servicio honorable en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todo parece indicar que Eduardo Soto, abogado del terrorista, pretende hacer valer todos los oscuros servicios realizados por Posada para el US Army, la CIA, el FBI y otras agencias norteamericanas.

La pálida actuación de los fiscales, comprometidos hasta el cuello con los temores de darle la espalda a quien mucho sabe de los sucios asuntos de las últimas administraciones norteamericanas y el temor a destapar esta nueva Caja de Pandora, llevó a Russ Knoke, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a declarar: "Tenemos serias y consistentes preocupaciones acerca de la alternativa de deportación a Venezuela''. Estas declaraciones sellan, sin lugar a dudas, una sucia maniobra fraguada tras bambalinas, mediante la cual se protege a Posada de una deportación a Venezuela, amparado en falsos argumentos contra Venezuela, y se abren las puertas para su permanencia definitiva en Estados Unidos, tal como se hizo ya una vez con Orlando Bosch.

Cuando este oscuro capítulo parece cerrarse, denigrando aún más a la ya cuestionada justicia norteamericana,  las víctimas de este redomado criminal aún reclaman justicia. A 29 años de la voladura en pleno vuelo de un  avión comercial de Cubana de Aviación, ocurrida el 6 de octubre de 1976, en Barbados, bajo la autoría intelectual de Luis Posada Carriles, la razón y la justicia siguen siendo ofendidas por quienes se autoproclaman defensores de la verdad y la justicia mientras crean, usan y protegen a los promotores del terrorismo.

Las víctimas, alguna vez, serán reivindicadas y sus infames asesinos enfrentaran su culpa ante la historia.