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También el Presidente debe rendir cuentas

Especial para Cubadebate

Poco antes del mediodía del 20 de enero de 2005, ante el frío invernal de Washington, con 100 000 de sus más fieles seguidores observándolo personalmente en el Capitolio y millones más siguiendo los eventos por la televisión, el Presidente George W. Bush asumió la presidencia de los EE.UU. por segunda vez.  Un solemne Bush prometió públicamente hacer cumplir las leyes del país durante su mandato en la Casa Blanca.  Con la mano izquierda sobre la Biblia, la derecha alzada y la palma abierta tomó el juramento presidencial de acuerdo con el Artículo 2 de la Constitución.  Dijo: "preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos de América". Hizo una pausa y añadió: "con la ayuda de Dios".

No ha pasado demasiado tiempo entre el momento en que fueron pronunciadas esas palabras y los hechos que ahora van siendo noticia. Hace varias semanas entró a EE UU un conocido y tenebroso terrorista llamado Luis Posada Carriles, que no es hijo de la propaganda de Cuba, sino de la CIA, según documentos desclasificados esta semana por el Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington. 

Según los documentos de la Agencia de Inteligencia y del FBI, Posada Carriles es el responsable de la voladura de un avión civil cubano donde murieron 73 pasajeros en octubre de 1976.  Dos semanas antes de este atentado, Posada estuvo involucrado en otro hecho de bombas en las propias calles de Washington, D.C. En Sheridan Circle, el 21 de septiembre de 1976, asesinó con sus compinches a un diplomático chileno, Orlando Letelier, y a su secretaria norteamericana Ronni Karpen Moffit.  De acuerdo con el testimonio de Carter Cornick, el especialista del Buró Federal de Investigaciones encargado de los casos, Posada Carriles planeó la voladura del carro de Letelier y del vuelo de Cubana Aviación en dos reuniones que sostuvo en Santo Domingo, unas semanas antes, en junio de 1976.

El propio abogado de Posada, sus amigos y un funcionario anónimo del Departamento de Seguridad Nacional citado por la agencia AP, aseguran que Posada Carriles está en EE UU y ha pedido asilo.  Dicen los que han conversado con él recientemente, que el terrorista se entretiene pintando y leyendo noticias.  Cualquiera que conozca un poco cómo funciona el sistema norteamericano, sabe que por muchísimo menos que eso el gobierno detiene y procesa al fugitivo. Sin embargo, no solo no lo ha detenido, sino que sus funcionarios desmienten saber su paradero a pesar de que la solicitud de asilo del terrorista tiene la dirección donde vive.  Es decir, el Presidente Bush se ha hecho el de la vista gorda ante el asunto y permite que Posada Carriles continúe dibujando y monitoreando las noticias del día. 

Por supuesto, semejante actitud lleva a obvias especulaciones. ¿Será que al Presidente le preocupa lo que Posada Carriles pueda contar sobre su relación con la CIA y que por eso prefiere mantener al terrorista guardado? ¿Cuántos trapos sucios del escándalo Iran-Contra podría ventilar el terrorista, en su condición de asalariado de la CIA en Centroamérica cuando Bush padre era el vice-presidente?  ¿Qué secretos guarda sobre el financiamiento de los grupos cubanoamericanos de Miami?  ¿Qué costo tendría que el pueblo norteamericano se entere de que el autor intelectual del terrorismo de Posada es su propio gobierno, que lo empleó por tantísimo años?

Mientras las preguntas van encontrando sus respuestas, habría que recordarle al mandatario norteamericano algo mucho más urgente: un presidente tiene la obligación jurídica de obedecer, tanto como hacer cumplir, las leyes del país.  Nadie está por encima de la ley.  Según la legislación norteamericana, el que ayuda a un terrorista a permanecer clandestinamente en EE.UU. comete serias felonías y puede ser sancionado con 35 años de prisión, además de perder por razones obvias el derecho de ostentar cualquier cargo público. 

Después del 11 de Septiembre, el Congreso incrementó las posibles sanciones contra las personas que amparan a los terroristas.  La Sección 1327 del Título 8 del Código Federal amplía las sanciones hacia los que ayudan a los terroristas a permanecer escondidos en los EE.UU.  El hecho de que el criminal sea Presidente no mitiga el delito. Al contrario.  De acuerdo con la Constitución de EE.UU., cometer ese tipo de crimen implica  la desautorización para dirigir al país. El Artículo 2 de la Carta Magna sobre la cual el Presidente Bush pronunció las palabras de su juramento como jefe de gobierno, lo dice explícitamente: el Presidente puede ser destituido y procesado por haber cometido traición a la patria, soborno, serios crímenes o incluso delitos más leves. 

Se sabe que por mucho menos que lo registrado en la Constitución, el presidente Clinton fue procesado por el Senado. Había mentido ante un tribunal civil sobre una relación íntima con la becaria Monica Lewinsky, y aún cuando logró evitar el desafuero o "impeachment", a duras penas pudo terminar el mandato presidencial y el fantasma del proceso todavía gravita sobre el Partido Demócrata.  Habría que preguntarle también al Presidente Bush si cree que es más serio mentirle a un tribunal sobre haber tenido sexo oral con una mujer, que amparar y proteger a un terrorista que ha asesinado a decenas de personas, incluyendo a una ciudadana norteamericana. 

Con la posibilidad del "impeachment" gravitando sobre la cabeza del Presidente, con la creciente y cada vez más documentada denuncia pública de la presencia de Posada en territorio norteamericano, suenan extrañas las propias palabras del Señor Bush el 21 de julio de 2003 en Crawford, Texas: "los que apoyan al terrorismo, escondiendo y amparando a los terroristas, tendrán que rendir cuentas ante Estados Unidos".  ¿Tendrá el Presidente que rendir cuentas ante su país por amparar y esconder a Luis Posada Carriles?  Si se respeta estrictamente el mandato de la ley, la respuesta no permite ninguna duda.

El día en que tomó el juramento presidencial, George W. Bush pactó un compromiso legal ante el pueblo norteamericano.  Es hora de que sus asesores legales tomen cartas en el asunto y le adviertan al jefe de la Casa Blanca que se está burlado de un serio y comprometedor compromiso. Y eso, señor Presidente, es muy grave.

*José Pertierra es abogado cubano.