LAS legislaciones norteamericanas dictan a la Casa Blanca y a cualquiera de sus representantes a través de su inmenso aparato político judicial la obligación de prevenir y perseguir el terrorismo en su territorio.
Lo afirma una jurista norteamericana consultada -quien pidió el anonimato- al precisar que las actividades terroristas son proscritas por varios artículos del código judicial federal, específicamente por 18 U.S.C. § 2332b (2000) - acts of terrorism transcending national borders- 18 U.S.C. § 2339A (2000) - providing material support to terrorists; la Ley Logan t, 18 U.S.C. § 953 (2000) -criminalizing conduct by unauthorized U.S. citizens designed to influence foreign governments or officials- y la Ley de Neutralidad, 18 U.S.C. § 960 (2000), en este último caso ilustrada con la jurisprudencia de Estados Unidos v. León, 441 F.2d 175 (5to Circuito 1971) - Neutrality Act violated by attempt to overthrow foreign nation.
Por otro lado "los Estados Unidos tienen la obligación bajo la ley internacional de prevenir y perseguir acciones terroristas contra otras naciones realizadas desde el territorio norteamericano", subraya la jurista.
"Esa obligación se encuentra reflejada en una docena de convenios anti-terroristas que los Estados Unidos han ratificado. De la misma manera, una larga lista de resoluciones del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos han condenado actos terroristas, solicitado a los estados miembros de cooperar en la lucha contra el terrorismo y exigido pasos afirmativos de parte de cada país para prevenir y proseguir a los terroristas en su jurisdicción".
- ¿En el estricto sentido de las leyes estadounidenses Bush, Noriega y otros funcionarios del Gobierno norteamericano vinculados a cabecillas cubanoamericanos han conspirado para delinquir' al permitir actividades terroristas o al omitir de tomar medidas contra tales actividades?
A esa pregunta sobre la responsabilidad de Bush y de cualquier autoridad responsable de la aplicación de las leyes, incluso el FBI, la abogada señala el uso del cargo de conspiración para delinquir que se hizo en contra de los cinco cubanos perseguidos por el FBI cuando infiltraban a grupos terroristas miamenses.
Una conspiración, según la ley norteamericana, es un acuerdo entre unas personas para cometer un crimen. Al usar el cargo de conspiración, la fiscalía ni tiene que demostrar la comisión de un crimen. Solo debe probar a un jurado que hubo un acuerdo entre esas personas para cometer el delito.
Recuerda que los numerosos vínculos entre los Bush, padre e hijo, Noriega y varios personajes de la Administración norteamericana así como de parte del FBI y de las autoridades judiciales de la Florida del Sur han sido demostrados y denunciados en múltiples oportunidades.
La solicitud de asilo presentada a las autoridades de inmigración norteamericanasa por Luis Posada Carriles y la total inertia de las autoridades judiciales para capturar el terrorista internacional entrado ilegalmente en su territorio, constituyen otras pruebas màs de tal conspiración.
Hay que recordar cómo a dos de los cinco cubanos enjuiciados por el FBI, la jueza Lenard a solicitud del Gobierno, les añadió a su condena, en vista de una eventual liberación, la sospechosa interdicción de visitar lugares "que se sepan que están o que sean frecuentados por individuos o grupos tales como terroristas".