El hermanísismo del Presidente
SEGUN un nuevo estudio realizado por especialistas de las Universidades de Minnesota y Northwestern, la exclusión de más de 1,4 millones de ex reclusos negros del proceso electoral en los Estados Unidos es deliberadamente racista y procede directamente de leyes segregacionistas establecidas en el siglo XIX. Y la Florida ocupa el primer rango entre los estados de la Unión que aplican con más crueldad tales procedimientos discriminatorios.
En el país que tanto se autoproclama modelo de democracia, más de 1,7 millones de ciudadanos no tienen derecho a votar por tener antecedentes judiciales. De este número, una fuerte mayoría está conformada por personas de raza negra, un grupo social cuyos votos van generalmente en un muy alto porcentaje al Partido Demócrata.
El estado de la Florida, estratégico para la reelección del presidente republicano, George W. Bush, y gobernado por su hermano, se "distingue" con unos 600 000 ciudadanos privados del derecho a votar, un record a escala de la nación.
El propio gobernador, Jeb Bush, es quien rige el sistema electoral a través de su secretaria de Estado, Glenda Hood amiga personal del cubanoamericano Mel Martínez, ex secretario federal de Vivienda y connotado cómplice de la mafia cubanoamericana de Miami.
Según el informe realizado por un grupo de estudiosos del sistema electoral estadounidense, la Florida, Georgia, Texas, Virginia y Kentucky están entre los estados donde las últimas elecciones del Senado resultaron más reñidas (como las elecciones presidenciales del 2000) y fueron ganadas por los republicanos, en gran parte gracias a las restricciones aplicadas al voto de los ex reclusos.
El documento, titulado Felony Voting Rights and the Disenfranchisement of African Americans (El voto de los ex reclusos y la exclusión de los afroamericanos) completa un estudio anterior, Ballot Manipulation and the Menace of Negro Domination, (Manipulación del voto y la "menaza de dominación negra"), un trabajo conjunto de las Universidades de Minnesota y Northwestern.
"Los afroamericanos están, de manera significativa, en la población excluida", comentó Christopher Uggen, sociólogo de la Universidad de Minnesota, y coautor del informe, en una entrevista con el sitio web Bet.com.
En la segunda mitad del siglo XIX, explicó, muchos estados de la Unión se negaron a someterse a la Quinta Enmienda, que garantiza a los negros el derecho de votar, y aplicaron una variedad de reglamentos y leyes con el objetivo de minimizar su voto bajo pretexto de una pretendida "amenaza de la dominación negra".
El espíritu de esta denegación a otorgar a los descendientes de esclavos sus derechos elementales está presente en cada reglamento que obstaculiza el acceso de esa importante minoría a una democracia elemental. Poco ha cambiado en esa materia, en muchas partes del Sur esclavista y en otras regiones del país que invade a los demás para enseñar su concepto de la democracia.
El 13% de todos los hombres negros de los Estados Unidos están privados del derecho a votar. Más de 245 000 mujeres se encuentran en esta misma situación.
En seis de los estados que deniegan así un derecho tan fundamental a través de reglamentos racistas (Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Virginia, Iowa), una de cada cuatro personas de origen africano está privada de su derecho a votar.
Solo los estados de Maine y Vermont, en el Noroeste, permiten a los detenidos participar en los comicios.
En el mundo, la norma es que las personas detenidas recuperan automáticamente sus derechos cívicos, en su totalidad, al terminar el cumplimiento de su sentencia de encarcelación.
SUPLICAR AL GOBERNADOR
En la Florida, los ex reclusos deseosos de recuperar sus derechos, deben solicitar este "privilegio" a través de un largo proceso burocrático. En los casos de crímenes más graves, deben lograr ser convocados y presentarse en persona en una audiencia especial presidida por el gobernador Jeb Bush, un proceso medieval sumamente humillante en el cual deben suplicar al Mandatario que les devuelva sus facultades.
En el año 2003, 21 000 ex reclusos recuperaron sus derechos, después que organizaciones de defensa de los derechos cívicos intervinieran, al demostrar que un número enorme de personas no pudieron participar en las elecciones del 2000 por haber sido excluidas equivocadamente.
A cuatro meses de la elección presidencial en noviembre, 8 000 solicitantes no han sido atendidos, según los propios servicios de Bush.
La elección del próximo Presidente de los Estados Unidos pudiera decidirse en la Florida y por un margen muy estrecho de votos, según todos los observadores.
El mes pasado, los funcionarios de Bush anunciaron que habían encontrado 47 000 personas registradas como votantes que "pudieran ser" ex reclusos y el Gobernador ordenó su exclusión, un proceso tan absurdo y arbitrario que el máximo dirigente del Departamento de Elecciones del Estado, Ed Kast, entregó su renuncia.
Por ser secreta en virtud de una ley de la Florida votada por los republicanos, poco después de la "elección" robada por George W. Bush, la lista de estos 47 000 "excluibles" no puede ser consultada por la población como cualquier lista de votantes, un caso sin duda, único en el mundo. El Estado ha consentido recientemente en entregar una copia de la lista a la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo de defensa de los derechos cívicos más importante, después que se hizo reconocer como asesor jurídico del Green Party.
Además de esta escandalosa situación, la Florida sigue sin un sistema de votación confiable. Todo indica que los próximos comicios darán lugar a situaciones tan absurdas como las observadas en el 2000 en los condados de Miami-Dade y Broward.
En medio de la crisis, se encuentra la informatización del voto. Un informe de un funcionario del condado de Miami-Dade acaba de revelar que las máquinas de votar de marca iVotronic, usadas en los condados Miami-Dade y Broward, presentan un "serio defecto". Según el experto, esos aparatos provocan la pérdida de votos y hasta la desaparición de máquinas en la auditoría final de los resultados.
La propia ACLU realizó un estudio en 31 oficinas de voto de Miami-Dade, analizando los resultados de uno ocurrido en septiembre del 2002, y descubrió que 18 752 electores firmaron el registro al presentarse para votar cuando sólo 17 208 fueron contados.
Por carecer de un mecanismo de impresión sobre papel, los aparatos iVotronic, cuyo uso acaba de ser prohibido en California, no permiten averiguar detalladamente los resultados del voto. La secretaria de estado, Glenda Hood se ha negado repetidamente a autorizar la compra del accesorio de impresión que pudiera permitir tal proceso.
LOS ANTECEDENTES DEL GOBERNADOR
LA exclusión racista del voto a individuos con antecedentes criminales, la manipulación de listas secretas y la probable conclusión, según varios observadores, de los próximos comicios en otra situación confusa propicia al fraude, conviene a un Partido Republicano abiertamente aliado a la mafia cubanoamericana.
El dudoso pasado de Jeb Bush, quien fue socio de connotadas crápulas en varias de sus aventuras financieras, le permite orientarse con facilidad en esa gigantesca operación de engaño.
A su llegada, desde Texas, a la Florida, fue contratado por Armando Codina, un empresario entonces miembro del Consejo de Dirección de la terrorista Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA). Por medio de un amigo millonario complaciente, obtienen préstamos de 4,56 millones de dólares de la Broward Federal Savings & Loan Association, de Sunrise, en Florida, para la compra de un edificio en Miami. Incapaces de reembolsar el préstamo, obtuvieron de los responsables federales que redujeran a 505 000 dólares la valoración del inmueble para lmás adelante pagar esa suma, conservar la propiedad del edificio y demandar contra los ex administradores de la Broward Federal Savings & Loan Association, en quiebra en ese entonces.
Jeb también estuvo vinculado a Leonel Martínez, un conocido narcotraficante quien introdujo más de 1 500 kilos de cocaína en Miami entre 1985 y 1986. Cuando fue arrestado en 1989 y condenado, los fiscales federales tuvieron en su poder una elocuente fotografía de Jeb estrechando la mano de Martínez, pero se negaron a entregarla a la prensa. Entretanto, Martínez había contribuido, con varios cheques, a un Fondo para el Futuro de América, protagonizado por el vicepresidente George Bush (padre) y, posteriormente, a su campaña residencial.
Otra dudosa relación de negocio de Jeb Bush, que no le valdrá la exclusión de las listas electorales, se desarrolló con el guatemalteco de extrema derecha, Mario Castejón que presentó a un líder de la contra nicaragüense para que pudiera proveer de "servicios médicos" a los mercenarios a través de la red ilegal manejada por Oliver North, Donald Gregg y el narcoterrorista Félix Rodríguez.
Jeb también se asoció a "Manny" Díaz, cuyas relaciones de negocios comprendían a Charles Keating Jr, condenado por haber estafado a decenas de inversionistas de la Lincoln Savings por una cantidad récord de 6 mil millones de dólares.
Queda mencionar sus amplias relaciones con Miguel Recarey, otro cubanoamericano "de éxito", quien desvió una gran parte de un subsidio federal destinado a servicios públicos de salud de Miami. Asimismo organizó, a través de su firma, la International Medical Centers (IMC), servicios hospitalarios para los mercenarios de la Contra nicaragüense, una especialidad del hijo del entonces vicepresidente George Bush.
Simultáneamente, Jeb recibía 75 000 dólares de la IMC para, a título de agente inmobiliario, encontrar una nueva sede a la firma de Recarey... lo que nunca hizo.
Recarey aparece hoy en la lista de individuos más buscados por el FBI.
Y Bush, quien se olvidó de este pasado, determina quién puede votar o no en el Estado donde, en el 2000, se violó de la manera más espectacular jamás vista el sueño democrático norteamericano.