El escándalo de las fotos de torturas ha tratado de reducirse mediante la orientación informativa de darle carácter excepcional, producto de la acción de un grupo de soldados en la prisión de Abu Ghraib. De esa forma la gran prensa dominante norteamericana ha demostrado complicidad con las autoridades de Estados Unidos, sin la menor inquietud por la búsqueda de los antecedentes que confirman la aplicación de la tortura como todo un sistema. Esa campaña propagandística, el montaje por la CIA del degollamiento de Nicholas Berg y el uso de palabras más suaves para calificar a la tortura, han sido las líneas principales de la desinformación durante las últimas semanas.
Desde el sábado pasado el escándalo entra en una fase más ajustada a la realidad con la diferencia de que ahora se admite el uso sistemático de lo que los convenios internacionales establecen como tortura, con la variante de que los abogados del Pentágono y el Departamento de Justicia han hecho un ajuste que limita su reconocimiento solo en los casos de la aplicación con el resultado "de una lesión física seria, como la falta de un órgano, el deterioro de una función del cuerpo o aun la muerte". Todo lo demás no es tortura y es legal. Es decir, prácticamente salvo la muerte o la invalidez, todo tiene aprobación legal y así esta establecido para los militares estadounidenses.
Los documentos secretos obtenidos por los corresponsales del diario La Jornada en Estados Unidos, Jim Cason y David Brooks, publicados el sábado pasado, revelan esas atrocidades legales, acordes con las imágenes de las fotografías y videos. Según el Washington Post la Cruz Roja comprobó que los informes médicos de sus facultativos eran aprovechados para facilitar los interrogatorios en Guantánamo, lo que determinó detener el envío de los médicos a ese campo de concentración durante seis meses el año pasado.
Otros documentos revelan en esencia la misma idea: Estados Unidos se arroga el derecho de determinar como variante de tortura únicamente lo que decide en la medida de sus intereses, sin el menor respeto por lo que está reconocido internacionalmente. ¿Hay acaso alguna diferencia en este asunto tan grave con relación a todo lo demás, incluido el de hacer guerras sin el menor respeto por las leyes internacionales? Guerras, crímenes de guerra, narcotráfico, consumo de drogas, derechos humanos, son cuestiones a calificar fuera de las fronteras norteamericanas. Dentro de ellas o bajo su control hay un régimen especial que le permite al señor W. Bush responder, como lo hizo después de la reunión del grupo de los ocho, cuando le preguntaron si la tortura era justificada en tiempos de guerra, al reiterar que "la autorización que yo di fue que cualquier cosa que hiciéramos se ajustara a las leyes de Estados Unidos". Todo parece indicar que esta vez no mintió. Así podría contestar a cualquier pregunta.
Hace diez años, cuando Estados Unidos ratificó la convención internacional contra la tortura, el presidente Clinton aclaró que lo hacía con una condición: "Para constituir tortura, un acto tiene que tener la intención específica de infligir dolor o sufrimiento físico o mental severo". Es decir, de no haber intención ni siquiera el sufrimiento severo puede calificarse de tortura. Por supuesto, el problema queda reducido a lo que se puede probar, las torturas, con relación a lo que no es probable, la intención. Ahora se comprende mejor la risotada de los militares estadounidenses junto a los prisioneros en plena acción criminal contra la integridad física y mental, la dignidad de las víctimas. Algunos, hasta confesaron que era como un juego, que les divertía.
Si el cinismo que hay detrás de esas acciones crueles, bestiales, se pretende elevar a la condición de ley, la doble consecuencia resulta evidente. La más palpable es el sufrimiento severo o la muerte de las víctimas. Mas el otro, la deformación de seres humanos capaces de ser criminales legales, alegres, felices de exhibirse junto a sus víctimas, es tan grave o más para la sociedad norteamericana.
Gary Jennings, un escritor norteamericano, le atribuye a Marco Polo haber conocido la llamada "tortura china" en sus viajes en el siglo XIII y la describe como que el cuerpo humano era dividido en 332 partes que podían ser torturadas hasta tres veces cada una, sin producir la muerte, mientras sólo 4 tenían carácter mortal. Según cuenta, los verdugos de los condenados a muerte mediante tortura, eran sobornados para que mataran rápidamente al reo y no lo hicieran con lentitud. Se trataba de 996 actos de tortura sin que la muerte apareciera, realizado por un verdugo que actuaba legalmente y que, posiblemente, no tuviera la intención de causar dolor severo. ¿Los gobernantes norteamericanos habrán leído y se habrán inspirado en la narración del novelista compatriota? Lo cierto es que el equivalente de los hechos y sus consecuencias, o sea el terror, tiene un denominador común a pesar de los siglos transcurridos.
De ser así, de ser ese el propósito, debieran renunciar por terroristas, además del director de la CIA, todo el gobierno norteamericano, empezando por W. Bush. Y si no se tortura con la intención de causar terror, solo para causar dolor severo sin intención de causarlo ¿no sería también motivo de renuncia? Si a la maldad se le acompaña la crueldad estúpida, no hay nada que hacer en la vida y mucho menos en el gobierno.