Dicta pautas inspección integral en Ciego de Ávila
Cuando el 21 de agosto pasado, Invasor afirmaba que “las violaciones detectadas dan la medida de la complejidad y desorden reinante en porciones significativas del entramado económico local”, sintetizaba el resultado parcial de la inspección integral a actores económicos estatales y no estatales en la provincia de Ciego de Ávila.
Como en todo el país, ese proceso transcurrió por espacio de un mes y terminó el 15 de septiembre con el predominio de una realidad preocupante: seis de cada decena de inspeccionados transgredían la legalidad de una u otra forma.
Los números que revela a este medio de comunicación Rafael de Jesús García Fernández, al frente de la Dirección de Inspección Provincial (DIP), indican que los equipos de trabajo visitaron a 2165 actores económicos, y en 1337 de ellos detectaron violaciones en la totalidad de los municipios del territorio.
Enumerar lo mal hecho abarcaría realidades ya conocidas: precios especulativos, la no implementación de las pasarelas de pago, la detección de alimentos en oferta cuya fecha de vencimiento indica que venderlos implica poner en riesgo la salud de los consumidores.
La desactualización de los registros diarios de ventas o la inexistencia de estos; precios no visibles y la detección de personas sin autorización legal para asumir la venta de productos, abarcaron el diapasón de incumplimientos.
Entre las medidas aplicadas se incluye una diversidad que abarca la imposición de 1141 multas por un monto total superior a los seis millones de pesos, 51 ventas forzosas, el cierre temporal de 70 establecimientos, un decomiso y seis retiros definitivos de proyectos, entre otras.
Pero el efecto real de estas acciones en la calidad de vida del pueblo pende de lo que, de modo consecuente, deben asumir en el día a día las respectivas estructuras gubernamentales en los municipios y la provincia.
Corresponde a los intendentes municipales y a los respectivos consejos de la administración, darle el seguimiento que corresponde a cada infractor. “Hay que hacerles reinspecciones para ver si ellos han erradicado todos estos problemas que se les han detectado”, precisa Rafael de Jesús García Fernández.
Queda claro que no se trata de actuar en el transcurso de 30 días, sino de estabilizar una labor que de modo permanente contribuya a la reducción de precios abusivos y especulativos, refuerce el control fiscal y respalde los procesos de bancarización, en particular, el uso de pasarelas para pagos en línea.
(Tomado de Radio Surco)