El marco legal prohíba por ley los desalojos de familias vulnerables. Foto: Archivo.
La movilización popular en España logró la firma de un acuerdo que le permitirá a Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años y con movilidad reducida, regresar a su casa del barrio madrileño de Retiro, donde vivió durante siete décadas.
La mujer, quien actualmente está hospitalizada en un centro de salud, deberá ratificar el pacto logrado por su representación legal, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la empresa propietaria del inmueble y el ayuntamiento madrileño.
Sobre el caso se conoció que la octogenaria mujer ocupará el espacio mediante un contrato de arrendamiento ajustado al programa municipal, cuyo monto no superará el 30 por ciento de sus ingresos netos.
Maricarmen, que pagaba unos 500 euros mensuales por un antiguo contrato de alquiler, se convirtió en el rostro de las dificultades de acceso a la vivienda en España. Tras la adquisición del inmueble por Urbagestión en 2018, la propiedad reclamó el fin del contrato y planteó un alquiler muy superior a la pensión de la señora.
La resolución del caso ocurre en medio del incremento de la presión social ejercida desde la acampada en la Puerta del Sol de la capital española, donde más de 300 tiendas de campaña permanecen instaladas para exigir reformas estructurales al Gobierno de coalición.
Las organizaciones de inquilinos y movimientos juveniles movilizados ratificaron sus exigencias para que el marco legal prohíba por ley los desalojos de familias vulnerables, restablezca los contratos de arrendamiento de duración indefinida y concrete la expropiación de inmuebles en poder de fondos de inversión, advirtiendo con la convocatoria a una huelga general de no incluirse estas garantías en los próximos decretos gubernamentales.
El consenso contempla un contrato amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos por un período de ocho años, contando con el respaldo de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo para brindar asesoría jurídica y seguros de impago a la parte propietaria.
Este logro impulsa la determinación de los colectivos por el derecho a la vivienda en todo el territorio español, que aguardan la aprobación de las medidas urgentes del Consejo de Ministros.
Por su parte, la ciudadanía movilizada mantiene la vigilancia ante las decisiones del Ejecutivo y afirman que la restitución del hogar de Maricarmen debe constituir el punto de partida para erradicar definitivamente las expulsiones forzadas y frenar los abusos de las empresas arrendadoras en el país.
Paralelamente, el Gobierno de coalición español, conformado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la alianza de izquierda Sumar, concretó un acuerdo decisivo para impulsar dos decretos ley dirigidos a atender la emergencia habitacional que afecta a España.
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(Tomado de Telesur)