Foto: David J. Phillip/ AP.
Guyana, ubicada al norte de América del Sur y el Caribe, con una población que apenas supera los 800,000 habitantes, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para fungir como “tercer país” y de esa manera recibir a los inmigrantes deportados que la administración Trump decida enviarle.
El único país en Sudamérica donde el idioma oficial es el inglés se sumó a más de 30 naciones que han firmado acuerdos para permitir que Estados Unidos les envié extranjeros carentes de estatus legal, aunque no sean sus ciudadanos.
La cadena de televisión CBS News reveló que un funcionario del gobierno estadounidense dio a conocer, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, que Guayana ya recibió a un pequeño grupo de afganos y cubanos deportados de territorio estadounidense.
Al respecto, el gobierno guyanés indicó que los inmigrantes recibidos fueron reubicados bajo el denominado “Programa de Retorno Voluntario Asistido”, esto en espera de una resolución sobre sus casos.
Durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP), Robert Persaud, secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, externó que luego de meses de negociar con Estados Unidos se llegó a un acuerdo de un año de duración para recibir a grupos deportados, el cual no constituye un reasentamiento permanente.
Otros países que recientemente han recibido pequeños grupos de personas deportadas por la administración Trump son San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía.
Desde su retorno a la presidencia estadounidense, el republicano de 80 años se comprometió a llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal de toda la historia.
Bajo dicho planteamiento le ordenó a Marco Rubio, secretario de Estado, firmar acuerdos con países de distintas partes del mundo para enviarles personas de nacionalidades distintas a las suyas, esto para sentar un precedente que sirva de ejemplo para disuadir la inmigración ilegal.
A partir de ello, se están presentando casos de inmigrantes de Centro y Sudamérica que terminan siendo enviados hasta África a naciones donde ni siquiera dominan el idioma local, situación denunciada por algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos como inhumana e ilegal, esto de acuerdo con el derecho internacional.
(Tomado de La Opinión)