El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Sean Gallup/ Gettyimages.ru
El gobierno de Turquía formalizó este viernes una solicitud de alerta roja ante Interpol contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ciudadano hebreo Afek Moskovitch, en un movimiento sin precedentes que coloca a altos funcionarios israelíes en la mira de la justicia penal transnacional. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
La petición, cursada al Ministerio del Interior turco para su tramitación ante el organismo policial global, se deriva de las órdenes de detención dictadas el 14 de julio pasado por un tribunal de Ankara. Estas resoluciones judiciales responsabilizan a Netanyahu y Moskovitch por el violento abordaje de una flotilla humanitaria en mayo de 2026, ocurrido en zonas no sometidas a jurisdicción nacional, según los fundamentos del expediente.
El Ministerio de Justicia turco detalló que el proceso judicial acumula acusaciones que incluyen, entre otras figuras delictivas, la comisión de actos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, privación ilegítima de libertad, tormentos físicos y psicológicos, destrucción de propiedades, expoliación y desposesión de medios de transporte. Los cargos se sustentan en testimonios y evidencias recopiladas entre los sobrevivientes del operativo militar israelí.
El incidente que origina la pesquisa ocurrió cuando efectivos de la Armada israelí interceptaron en alta mar una caravana naval compuesta por medio centenar de embarcaciones, en las que viajaban 430 activistas de distintas nacionalidades agrupados en la Global Sumud Flotilla. La misión, que partió desde puertos turcos, perseguía dos objetivos: visibilizar la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza —territorio que acumula 26 meses de hostilidades ininterrumpidas— y desafiar el cerco marítimo que Israel mantiene sobre la costa palestina.
El desenlace del abordaje, calificado por fuentes jurídicas turcas como desproporcionado y violatorio del derecho marítimo internacional, culminó con el traslado forzoso de todos los tripulantes a instalaciones militares en Israel. Posteriormente, los detenidos fueron recluidos en el complejo penitenciario de Ktziot, en el desierto del Néguev, antes de ser deportados sin que se les permitiera cumplir su cometido solidario. Las condiciones de reclusión y los métodos empleados durante la captura forman parte central de la imputación.
La decisión de Ankara añade una nueva capa de complejidad al ya deteriorado panorama diplomático en Oriente Medio. Mientras Turquía insiste en la necesidad de rendir cuentas por las acciones cometidas contra civiles en aguas internacionales, el gobierno israelí mantiene silencio oficial sobre el curso de esta investigación, aunque fuentes extraoficiales sugieren que Tel Aviv considera la medida como un gesto de hostilidad política más que un procedimiento judicial autónomo.
Analistas en derecho internacional consultados coinciden en que, de prosperar la solicitud turca ante los canales de Interpol, Netanyahu y Moskovitch quedarían expuestos a una posible detención en cualquiera de los estados miembros que suscriben el convenio de cooperación policial. No obstante, advierten que la implementación práctica de la orden enfrentaría filtros políticos en países aliados de Israel, lo que podría limitar su alcance efectivo.
Este nuevo embate legal contra la cúpula israelí se inscribe en un contexto de creciente activismo judicial internacional que busca llevar ante tribunales a responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el conflicto gazatí. La flotilla Sumud, cuyo nombre en árabe significa “resistencia” o “firmeza”, se ha convertido en símbolo de la sociedad civil organizada que intenta romper el asedio sobre los dos millones de palestinos atrapados en la franja costera.
El expediente turco, que ya suma centenares de folios, incorpora pericias forenses, grabaciones audiovisuales y declaraciones juradas de los activistas que lograron retornar a sus países de origen. La fiscalía encargada del caso ha señalado que el proceso continuará su curso independientemente de la respuesta de Interpol, y no descarta ampliar las imputaciones a otros oficiales israelíes que participaron en la planificación y ejecución del operativo naval.
(Con información de agencias)