En su alocución principal, De la Espriella fue tajante al declarar que “la opción del diálogo está completamente agotada”. Foto: Xinhua.
Con un discurso que combinó referencias castrenses, invocaciones religiosas y un explícito guiño a la administración Trump, Abelardo de la Espriella asumió el viernes la presidencia de Colombia en una jornada que marca un quiebre institucional y un retroceso en los mecanismos de paz construidos durante la última década.
El acto, desarrollado en el Cantón Militar Pichincha, tuvo como eje central la proclamación del fin de toda negociación con grupos armados y el inicio de una fase de confrontación abierta, respaldada por una alianza inédita de mandatarios de la derecha regional.
La ceremonia, celebrada en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, rompió con el protocolo laico al incluir la participación del rabino David Michaan, quien entonó salmos del Antiguo Testamento y culminó su intervención con una arenga que vinculó los destinos de Colombia e Israel, en un gesto que anticipa un realineamiento geopolítico del país suramericano. Las pantallas del recinto proyectaron el lema “Bienvenidos a la Patria Milagro”, eslogan que el nuevo mandatario ha utilizado para sintetizar su promesa de refundación nacional.
La toma de posesión reunió a un bloque de ocho presidentes de gobiernos conservadores del continente, entre los que destacaron Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), además de los mandatarios de Paraguay, Panamá, Costa Rica, Honduras y República Dominicana. La delegación estadounidense, encabezada por el fiscal adjunto Todd Blanche —exabogado personal de Donald Trump—, confirmó el alineamiento pleno de la nueva administración colombiana con las tesis de seguridad hemisférica impulsadas desde Washington.
El adiós a la mesa de negociación
En su alocución principal, De la Espriella fue tajante al declarar que “la opción del diálogo está completamente agotada”, sentencia que sepulta cualquier intento de reactivar los acercamientos con las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras armadas.
El presidente anunció que su gobierno implementará una política de “derrota sin tregua al narcoterrorismo”, que incluye la reactivación inmediata de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos y la elaboración de un listado oficial de “grupos narcoterroristas” que serán objeto de persecución militar prioritaria.
“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó el mandatario ante un auditorio militar que respondió con saludos castrenses y muestras de respaldo. De la Espriella se comprometió a ejercer su rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas como “defensor a todas las horas” de los uniformados, blindándolos jurídicamente para que “no sean perseguidos por el cumplimiento de su deber”, frase que en el pasado reciente ha sido utilizada para justificar operaciones cuestionadas en materia de derechos humanos.
Megacárceles y reforma a la justicia transicional
Entre las medidas estrellas de su plan de seguridad, el nuevo presidente reiteró su promesa de construir megacárceles para aislar a quienes, según su definición, “amenazan la seguridad del pueblo”.
Esta iniciativa, que ha generado alertas entre organismos defensores de derechos humanos, se complementa con un anuncio que podría desmantelar uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016: la revisión de “la naturaleza y los efectos” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De la Espriella calificó a la JEP como “un directorio político disfrazado de tribunal” y la acusó de ser “un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre”. Sus declaraciones abren la puerta a una reforma legislativa que limite o suprima las competencias de este tribunal, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, lo que podría dejar en la impunidad miles de casos documentados de violaciones a los derechos humanos.
El fantasma de los falsos positivos
El nuevo jefe de Estado no ocultó su admiración por la política de seguridad implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2000-2008), período marcado por el escándalo de los “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate— que dejaron más de 6 000 víctimas según organismos internacionales.
El elogio al uribismo generó reacciones inmediatas en el espectro político colombiano. El expresidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en redes sociales, criticó duramente el ambiente de la ceremonia y el otorgamiento paralelo de un doctorado honoris causa al presidente argentino Javier Milei por parte de la Universidad Santiago de Cali.
“La universidad Santiago de Cali le dio un doctorado a quien toda esta gente ve como ignorante fascista. ¡Que muera la inteligencia! Gritaron en Salamanca en medio de un millón de muertos en España. Doctorado al fascismo”, escribió Petro, en alusión a los bombardeos de la guerra civil española.
Ajuste fiscal y fin del impuesto al patrimonio
En el terreno económico, De la Espriella anunció un paquete de medidas que incluye una reducción drástica del gasto público y la eliminación del impuesto al patrimonio, en sintonía con las políticas de austeridad y desregulación que han implementado sus aliados de la derecha regional, especialmente Milei en Argentina.
Los analistas prevén que estas decisiones, sumadas al incremento del gasto militar producto de la nueva estrategia de seguridad, generarán tensiones fiscales y presiones inflacionarias en una economía que ya arrastra índices de desempleo superiores al 12%.
El mensaje final de De la Espriella fue una invocación a las fuerzas vivas del país para respaldar lo que denominó “la transformación más profunda de nuestro destino”. Sin embargo, las primeras señales de su gobierno —militarización, ruptura del diálogo, retroceso en justicia transicional y alineamiento con la ultraderecha internacional— dibujan un escenario de confrontación que amenaza con exacerbar el conflicto interno y profundizar las heridas de una nación que aún no termina de cicatrizar las décadas de violencia.
(Con información de agencias)