
El mandatario electo justificó los cierres bajo el argumento de reducir gastos para destinar recursos al sector de la seguridad. Foto: EFE.
El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, adelantó que, una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto, ordenará el cierre de 15 consulados y 14 embajadas, así como la ruptura total de los vínculos diplomáticos con las repúblicas de Cuba y Nicaragua.
Las sedes diplomáticas que serían clausuradas están ubicadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica; además, se prevé unificar las representaciones en Francia e Italia con sus respectivas misiones ante la Unesco y la FAO.
El mandatario electo justificó esta reducción como una medida de austeridad para liberar recursos que serían destinados al sector seguridad, y también comunicó su intención de reabrir la legación diplomática en Jerusalén y congelar la apertura de la embajada en Palestina, iniciativa que había sido impulsada durante la administración saliente de Gustavo Petro.
De la Espriella también anunció cambios logísticos de calado, entre ellos el traslado permanente de la sede presidencial a Barranquilla, la conversión de la Casa de Nariño en un museo y su propuesta de tomar juramento en la ciudad de Cali, una medida que deberá ser sometida a votación en el Congreso.
Paralelamente, el actual presidente Gustavo Petro ordenó que ninguna instalación de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional sea cedida o acondicionada para la ceremonia de posesión del mandatario electo.
Durante un acto de entrega de la espada de Simón Bolívar al Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, el jefe de Estado fue contundente: “No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”. Fundamentó su postura en que los traspasos de mando deben realizarse frente a la ciudadanía, no bajo el resguardo de las armas de la República.
El mandatario también advirtió sobre los riesgos en materia de orden público que implicaría realizar la transmisión de mando en el departamento del Cauca, y denunció que sectores extremistas y grupos armados al mando de alias Iván Mordisco buscan provocar episodios de violencia que atenten contra las libertades democráticas.
A esta posición se sumaron las críticas de diversos sectores políticos en el Congreso, donde senadores señalaron los elevados costos presupuestarios y el extraordinario despliegue logístico que conllevaría trasladar a los poderes del Estado y al cuerpo diplomático a una zona de alta complejidad en términos de seguridad.
Consejo de Estado admite demanda para anular elección de De la Espriella

Abelardo De la Espriella. Foto: El Dipló.
El Consejo de Estado colombiano, a través de su Sección Quinta, admitió formalmente la demanda que pretende anular la elección del presidente electo Abelardo De la Espriella, con base en presuntas irregularidades ocurridas durante el preconteo de la segunda vuelta presidencial.
El recurso fue interpuesto por el exsuperintendente y exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien sostiene que el escrutinio del pasado 21 de junio presentó anomalías que comprometen la validez de los comicios.
La demanda fue asignada al magistrado Omar Joaquín Barreto, quien ya ha iniciado las diligencias preliminares para evaluar la viabilidad de las acusaciones. Ante estas afirmaciones, la organización electoral colombiana salió al paso con un rechazo rotundo.
La empresa Thomas Greg & Sons, encargada del soporte tecnológico del proceso, presentó una denuncia penal contra Pérez por presunta alteración del orden democrático, argumentando que carece de pruebas que respalden sus señalamientos.
El magistrado Barreto notificó en forma oficial al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para que se pronuncie sobre los hechos y las irregularidades descritas en la demanda.
El mandatario electo dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para presentar su respuesta ante la máxima instancia contencioso-administrativa del país.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron vinculados al proceso judicial, y el despacho del magistrado sustanciador solicitó al CNE la remisión completa de los actos administrativos que formalizaron el reconocimiento y declaración de la elección presidencial.
El trámite judicial se desarrolla en un ambiente político de alta tensión en Colombia, luego de que De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y abogado de orientación ultraderechista, obtuviera el 49,66 % de los sufragios frente al 48,70 % del senador de izquierda Iván Cepeda.
Este margen de victoria, inferior a un punto porcentual, constituye el más ajustado en la historia electoral del país.
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado abre así un proceso que podría modificar el escenario político de la nación suramericana, en medio de profundas divisiones electorales y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema de conteo de votos.
(Con información de TeleSur)
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